EL GOBIERNO, PREOCUPADO POR LOS ATAQUES PIQUETEROS A EMPRESAS

La decisión de los grupos piqueteros más duros de apuntar sus reclamos en forma directa contra algunas empresas privadas generó en el Gobierno una preocupación que no habían provocado hasta ahora otras actividades de las organizaciones de desocupados.

La toma de locales de McDonald’s, el piquete en el Hotel Sheraton y el reclamo frente al supermercado Carrefour de Moreno marcaron esta semana la profundización de la ofensiva piquetera e inquietaron más que nunca al oficialismo.

Los funcionarios consultados por Clarín reconocieron que temen que esta nueva modalidad de protesta vaya en aumento y pueda terminar con hechos de violencia más graves de los ocurridos hasta ahora. A la vez, admitieron que esperan una fuerte reacción empresaria para tratar de frenar la embestida piquetera.

Algunos creen que la violencia es lo que buscan precisamente algunos líderes piqueteros. Sin vueltas, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó que el Gobierno no reprimirá a los grupos que “buscan victimizarse”.

Las palabras del jefe de Gabinete tienen un sentido especial ya que se producen antes de una nueva semana que estará signada por la protesta y que culminará el próximo sábado con los actos por el segundo aniversario de los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en la estación Avellaneda.

La embestida piquetera contra empresas privadas no es nueva, pero se intensificó en la última semana. Ya hubo manifestaciones contra las concesionarias de trenes y autopistas, reclamos a laboratorios y a otros supermercados. El hecho más violento se produjo el 12 de mayo contra la sede de la empresa Repsol-YPF, cuando los manifestantes rom pieron vidrios y arrojaron bombas de alquitrán.

El ataque a la empresa petrolera generó una fuerte reacción de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que difundió un comunicado con el título “No debemos consentir la violencia”. Allí reclamó que “las autoridades competentes deben aplicar la ley contra aquellos que violan las más elementales normas de convivencia social, amenazando las vidas de personas inocentes”.

Si bien los hechos de la última semana no tuvieron hasta el momento una reacción empresaria similar, voceros de algunas firmas tomadas como blanco por los piqueteros dejaron trascender su preocupación porque, según entienden, no cuentan con el suficiente respaldo del Estado. Voceros de Carrefour se lo habrían hecho saber en forma directa a miembros del Gabinete.

El oficialismo, en boca del ministro de Interior, Aníbal Fernández, opinó que la toma de edificios “no es el camino correcto” para llevar adelante la protesta. Fernández invitó a las empresas a avanzar con las denuncias ya que el Gobierno no se opone a que la Justicia “sancione a los que cometan ese tipo de delitos”.

“Nosotros hacemos las denuncias, pero las respuestas las tiene que dar el Estado. Las empresas no tienen más remedio que convivir con las situaciones que se le presentan”, le dijo a este diario un directivo de una privatizada.

Para reforzar la idea de que el Gobierno prefiere evitar la confrontación con los piqueteros para no pagar el costo político, la misma fuente recordó que el mismo ministro de Trabajo, Carlos Tomada, denunció a los piqueteros que lo habían mantenido encerrado en el Ministerio y poco más tarde prefirió relativizar la acusación.

El miércoles pasado, una manifestación encabezada por Raúl Castells terminó con incidentes entre los piqueteros y la Policía en la puerta del Ministerio. Los piqueteros más duros volverán a Trabajo este martes para reunirse con Tomada para discutir sobre el aumento de los montos de los planes sociales.

Más allá de la preocupación, desde el Gobierno insisten en que no modificarán su estrategia frente a los piqueteros y que resistirán las presiones de algunos sectores para “criminalizar” y “judicializar” la protesta.

Así como las movilizaciones y los cortes de ruta ya habían generado contradicciones en el Gobierno entre privilegiar el derecho a protestar y el de circular, la ocupación a empresas plantea un nuevo dilema. En este caso, la elección entre los reclamos de los desocupados y los derechos de las empresas parece un desafío aún mayor para el Gobierno.