EL GOBIERNO PRESIONA A AGUAS PARA QUE CUMPLA CON EL CONTRATO DEL ’99

La puja entre la provincia y la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe se tensa cada vez más. Es que la firma presentó hace tres días un cronograma de obras que fue calificado como “poco serio y sin contenido”, por el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Alberto Hammerly. Para que no queden dudas, el secretario de Servicios Públicos, Pedro Giardino, agregó que “se llegó a un desgaste en la relación con Aguas que no da para más”. Por eso, ahora el gobierno piensa en firmar un decreto que le exiga a la concesionaria cumplir con el contrato que se había pautado en el ’99, y que estipula un plan de inversión mucho más ambicioso que el que podía llegar a presentarse ahora.

La última reunión entre el gobierno provincial y la empresa que explota el servicio de agua potable y cloacas en 15 localidades santafesinas fue el martes pasado. En ese encuentro la firma le presentó al ministro de Obras Públicas un cronograma de obras adeudadas, a ejecutar en lo que resta de este año y el 2005.

Pero el plan no conformó ni a Hammerly ni a Giardino. “Pensé que era una propuesta seria pero no es consistente. Tratamos de ser condescendientes para poder seguir conversando, pero el cronograma no es serio para evaluarlo y menos para considerarlo”, sostuvo el ministro de Obras Públicas, quien luego añadió: “Lo quieren seguir pedaleando, y los tiempos se agotaron”.

Para Giardino, quien se llevó de la última reunión con Aguas una “impresión desoladora”, hubo un “retroceso en el tratamiento de la renegociación”. El secretario de Servicios Públicos aseguró que “no podemos seguir en este estado de inacción, la empresa dice que las intenciones son seguir con el contrato y mantener el vínculo con el gobierno, pero en la práctica no se transmite”.

El titular de la cartera de Obras Públicas anunció que elevará la semana que viene al gobernador Jorge Obeid un decreto que obliga a la concesionaria a cumplir con la renegociación acordada en el 99. Más precisamente, con el segundo año posrenegociación, que corresponde al período comprendido entre mayo de 2000 y abril de 2001.

Los tres compromisos no cumplidos por Aguas -según había detallado a este diario el director municipal de Hidráulica, Alberto Daniele- son el saneamiento pluvial del radio antiguo de la ciudad, la extensión del servicio de agua y completar la red cloacal.

Según el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), la inversión estimada en obras para el año 2 posrenegociación es de más de 15 millones de pesos. Se ejecutaron más de 4 millones, por lo que restan algo más de 11 millones.

“Una vez que el gobernador firme el decreto se pone el contrato original en vigencia para ambas partes y hay que cumplirlo sí o sí”, aclaró Hammerly. Con respecto a qué pasará con las resoluciones o “actas transitorias” firmadas luego de la renegociación del 99, el funcionario dijo que “la única aprobada en la Legislatura provincial fue la acordada en el 99. Del resto, ninguna fue convalidada”.

El decreto a firmarse no sólo obligaría a cumplir con el contrato original, sino que despejará el terreno legal para poder rescindir el acuerdo en caso de que la empresa incurra en futuros incumplimientos.

El tire y afloje entre el gobierno provincial y la empresa que explota desde 1995 el servicio de agua potable y cloacas es de larga data. Dos años después de la concesión, el Enress advirtió -mediante la resolución 142/97- que se estaban produciendo atrasos en el nivel de inversiones.

Aguas Provinciales no paga un canon por la concesión, sino que tiene un contrato de metas y objetivos que el concesionario se obligaba a alcanzar.

En el 99, un decreto provincial dispuso la apertura de una instancia renegociadora, que se extendió hasta el 28 de abril de ese año, cuando por ley 11.665 se renegoció nuevamente todo el contrato y se acordó un aumento tarifario del 13,5 por ciento. Ese aumento estaba previsto para costear el gasto de las obras de cloacas en la ciudad, entre otros objetivos.

Nueva ofensiva
Este año, el gobierno provincial volvió a lanzar una ofensiva contra la concesionaria del servicio de aguas. Primero Obeid amenazó con la rescisión del contrato y después advirtió que podría llamar a un plebiscito, en el medio de duras declaraciones contra la empresa de capitales franceses.

En agosto, el gobierno intimó a la empresa -mediante la resolución 174- a que presente “los planes y propuestas de ajustes para cumplir con el cronograma de obras previsto en las normas aplicables para el bienio 2004-2005”.

La presentación de este plan de obras dio lugar a las primeras reuniones de negociación durante este año, en las que el tono contemporizador de esos encuentros contrastó con las críticas que posteriormente los funcionarios provinciales realizaban públicamente. Ayer, Hammerly repitió ese discurso dual al afirmar primero que se venía el decreto y después condicionarlo a que no hubiera acuerdo por el futuro plan de obras.