EL GOBIERNO PRESIONA PARA QUE SUEZ NO DEJE EL SERVICIO

El Gobierno redobló ayer la presión sobre la empresa francesa Suez para evitar que abandone de inmediato la concesión de Aguas Argentinas, lo que obligaría al Estado a hacerse cargo del servicio hasta encontrar un nuevo operador privado.

Tres ministros del presidente Néstor Kirchner advirtieron en público a la compañía: dijeron que si se retira del país sin cumplir un año más el papel de gerenciador lo considerará una rescisión unilateral, lo que podría dar lugar a una demanda judicial.

“Tomar decisiones unilaterales le traería a la empresa dolores de cabeza desde el punto de vista jurídico por incumplimientos del contrato en términos de inversión”, dijo por la mañana el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

Poco después, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que el Gobierno está en condiciones de garantizar el servicio, pero insistió en que Suez debe mantener la gestión de Aguas Argentinas aunque decida concluir su participación en la empresa privatizada. De esa forma, relativizó la idea instalada el día anterior sobre una presunta decisión del Presidente de asumir el manejo de la concesión hasta una futura reprivatización, como ocurre en el caso del Correo Argentino.

Tras el fracaso de la renegociación del contrato, el Presidente ansía una transición ordenada. Hoy seguirá con especial interés la reunión de accionistas de Aguas Argentinas, en la que Suez anunciará que se retira del negocio. Entonces se conocerá si continúa como operador durante un año o si anticipa su salida.

“Lo único que podemos hacer es garantizar el servicio a la gente”, dijo el jefe de Gabinete. “Pero hay que ser prudentes porque aún el Gobierno no ha sido notificado de la decisión de la empresa” (de lo que se informa por separado).

En su estrategia de presión, la Casa Rosada amenaza no sólo con demandar a Suez por la rescisión del contrato. También dice que reflotará un crítico informe del organismo de control en el que se destacan graves incumplimientos en el servicio y en las inversiones (de lo que se informa en la Pág. 2).

Un ministro de máxima confianza del Presidente indicó a LA NACION que el Gobierno peleará judicialmente para que la empresa se haga cargo de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del que todavía quedan casi 80 millones de dólares por pagar.

Justamente la diferencia sobre cómo saldar esa deuda (junto con el discutido aumento de tarifas) fue uno de los puntos que llevaron a la ruptura de las negociaciones. La compañía pretendía que el Estado se hiciera cargo del crédito para así invertir en mejoras en el servicio. Kirchner rechazó de plano asumir esa obligación.

LA SALIDA ESPAÑOLA

Mientras se define la pelea por la suerte del servicio de agua potable y cloacas en el área metropolitana, el Presidente analiza en la intimidad del Gabinete cómo encauzar la concesión hacia el futuro.

La única línea de negociación en marcha es la que abrió el propio Kirchner la semana pasada en Nueva York durante su reunión con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Según los funcionarios argentinos que estuvieron presentes en la audiencia, se habló allí sobre la posibilidad de que la catalana Aguas de Barcelona (Agbar) -que es dueña de un cuarto del paquete accionario de Aguas Argentinas- u otra firma española se haga cargo de la operación en Buenos Aires luego de que Suez concrete su retiro.

El mayor inconveniente para esa opción es que la compañía francesa es accionista de Agbar en partes iguales con la entidad financiera catalana La Caixa. “El tema ha quedado pendiente, pero acabará bien”, había dicho Rodríguez Zapatero tras la charla con Kirchner. Los dos presidentes volverán a verse el mes próximo en la ciudad castellana de Salamanca, con un panorama más claro de las urgencias del conflicto.

El tiempo es el factor clave. Si Suez continúa con la operación por un año más, se abre un camino más relajado para la reprivatización. El Gobierno ha señalado que podría asumir en la futura compañía una mínima participación accionaria (del 1 o 2 por ciento), pero en ningún caso prevé quedar como controlante. Y considera que el negocio podría ser rentable al quitarle al eventual inversor mayoritario el peso de la deuda con el BID.

Por eso, el Gobierno presiona. “No es lo mismo tomar el Correo que hacerse cargo de un día para el otro de la provisión de agua potable para 6 millones de personas”, admitió en reserva un funcionario de confianza de Kirchner.