EL GOBIERNO PROVINCIAL ESTUDIA UNA NUEVA LEY DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

El Gobierno provincial avanza en el análisis de una nueva ley de promoción industrial para Santa Fe, que sustituya a la actual normativa y se asemeje sustancialmente a los beneficios fiscales que hoy brinda Córdoba para la radicación de nuevas inversiones.

Así lo adelantó un alto funcionario del Poder Ejecutivo, quien explicó que entre los cambios que incluiría la futura ley está el otorgamiento de un subsidio de entre $50 y 150 mensuales por cada nuevo puesto de trabajo que generen las empresas que decidan instalarse o amplíen su inversión dentro de la bota santafesina.

Un incentivo que Córdoba otorga desde hace algún tiempo a las industrias que deciden radicarse en la provincia mediterránea, que junto con la cesión y construcción de predios a cargo del Gobierno, terminaron por decantar algunas inversiones del sector informático: como fue Motorola dos años atrás y recientemente Intel.

“Este tipo de incentivos representará un salto cualitativo en Santa Fe para poder competir con Córdoba en materia de beneficios para seducir a potenciales inversiones”, admiten entusiasmados desde el Ejecutivo provincial.

Otro de los puntos que barajan en el Gobierno provincial es profundizar los actuales beneficios que tienen las empresas en materia de energía, hoy concentrado básicamente para las firmas que se establecen en los parques industriales.

Pero más allá de los reveses sufridos al intentar conquistar a gigantes informáticos, la decisión del gobierno provincial de redefinir la ley de promoción industrial se conoce días después de que las autoridades de General Motors señalaran que habría que “hacer evolucionar” la normativa para permitir “atraer más proveedores a Santa Fe”.

Los directivos de General Motors habían remarcado -tras asegurar que planta de Alvear volvía a estar en carrera para el desarrollo de una plataforma de clase mundial- que con el actual esquema de beneficios fiscales se estarían quedando afuera del régimen a varios potenciales proveedores con los que mantienen negociaciones.

La ley de promoción industrial (Nº 8478) data del 31 de agosto de 1979, cuando el gobierno provincial de facto estaba a cargo del vicealmirante (R), Jorge Desimoni; y Rolando Fazio como ministro de Hacienda. Y entra en vigencia después de que el dos veces ministro de Hacienda de Carlos Reutemann y hoy senador provincial, Juan Carlos Mercier, y Roberto Casis, pusieran su rúbrica al decreto reglamentario 3856/79 que le dio vida al régimen.

Allí se establecieron los beneficios impositivos a las nuevas radicaciones industriales y empresas existentes que amplíen su capacidad de producción (más del 10%) o aumenten el número de empleados en forma significativa (más del 20% de la mano de obra ocupada).

Entre los beneficios se incluyeron:

-La exención, reducción o diferimiento por tiempos determinados el tres por mil de ingresos brutos.

-Venta, locación o donación, a precio de fomento o sin cargo de bienes del dominio público.

-Expropiación de inmuebles para facilitar la instalación y/o ampliación de parques o áreas industriales o polos industriales.

-Construcción de infraestructura básicas para acondicionamiento de áreas y/o parques industriales para la radicación de fábricas.

-Concesión de créditos a mediano y largo plazo, con tasas de interés en condiciones preferenciales.

-La bonificación hasta de un 20% en las tarifas de energía eléctrica para las empresas que se localicen en parques industriales.

-También la exención de los impuestos inmobiliario, de sellos y tasas retributivas de servicios.

Sin embargo, desde 1982 casi anualmente la ley fue siendo retocada por sucesivos decretos, que en la práctica significaron ampliaciones y mayores facilidades para acceder a la ley de promoción industrial.

Es más, algunos de los beneficios fiscales incluso ya fueron excluidos por ley de forma definitiva para toda la industria, como es el caso de ingresos brutos, que de forma gradual terminó siendo eliminado, y en un año más terminará de suceder lo mismo con los aportes sociales (ley 5.110).

REDOBLAR LA APUESTA

Por eso, el reconocimiento de que la provincia analiza incrementar los beneficios fiscales todavía más para atraer inversiones, significa redoblar la apuesta para que finalmente el desembolso de la plataforma de General Motors se decante por Rosario.

Desde el Ejecutivo provincial rechazan que la decisión sea un traje a medida para la empresa. En este sentido, explican que la nueva ley de promoción industrial difícilmente pueda ser aprobada por la Legislatura antes de fin de año, ya que reconocen que la agenda está marcada exclusivamente hasta el 23 de octubre por las elecciones y después por el recambio en las Cámaras.

De todas formas, la novedad se conoce justamente pocos días antes de la reunión que sostendrán funcionarios provinciales y directivos de la compañía estadounidense para continuar puliendo detalles sobre la potencial inversión, donde el tema de los potenciales proveedores que dicen pretender desembarcar en Santa Fe estará sobre la mesa.

Inversiones que el gobierno provincial no quiere perder bajo ningún concepto, ya que representaría, además del desembolso de fondos, una importante apertura de nuevos puestos de trabajo en el sur santafesino.