EL GOBIERNO PROVINCIAL RETACEA LA INFORMACIÓN QUE PIDEN LOS DIPUTADOS

Entre principios del año pasado y noviembre de este año, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó 579 pedidos de informes, requerimientos sobre distintos aspectos de la gestión del gobierno que permiten a los legisladores ejercer su función de control. Sin embargo, la mitad de los proyectos no fueron contestados a pesar de haberse presentado hace más de 30 días hábiles, plazo legal que los funcionarios disponen para evacuar las consultas. Pero hay más: existen iniciativas que ya cumplieron once años sin encontrar respuesta.

Los números surgen de un informe realizado por la diputada radical Mónica Tomei que alerta sobre la existencia de “una total falta de voluntad política para transparentar la gestión” del gobierno provincial.

“Nos encontramos permanentemente con la negativa a brindar información, lo cual dificulta nuestra actividad legislativa ya que de esta forma se hace imposible controlar la gestión del gobierno”, se quejó Tomei.

Pero la diputada radical no fue la única en advertir sobre las dificultades que encuentra la oposición para desarrollar su tarea en la Legislatura.

Desde el Partido Socialista, Raúl Lamberto advirtió que “rara vez llegan a discutirse en la cámara proyectos de ley que no sean elaborados por el Partido Justicialista. Y si tienen tratamiento, excepcionalmente consigan aprobación”.

La crítica es similar a la lanzada desde el ARI por la diputada Alicia Gutiérrez y apunta a una cuestión de fondo: la forma en que se reparten las bancas en la Legislatura provincial, por la cual el partido más votado obtiene mayoría en las cámaras.

Lo cierto es que de los 768 pedidos de informes presentados desde el 10 de diciembre de 2003 hasta el 2 de noviembre de este año, sólo 579 recibieron el okey de los diputados provinciales. Y 255 obtuvieron respuesta a pesar de haberse cumplido ya los 30 días hábiles que fija la ley 11.312 como plazo máximo para que los funcionarios del Ejecutivo o del Poder Judicial contesten los requerimientos de los legisladores.

De más está decirlo, la mayoría de estos requerimientos provienen desde los bloques opositores. La lista la encabeza la Unión Cívica Radical con 231 proyectos, seguida del ARI con 227 iniciativas y el socialismo con 110. En total, estos tres bloques sumaron el 73 por ciento de los pedidos de informes presentados.

GOBIERNO, EL MINISTERIO MÁS RETICENTE

Sumando las inquietudes que tienen que ver con la inundación de Santa Fe, los informes sobre justicia y derechos humanos y cuestiones de seguridad, el Ministerio de Gobierno aparece como el área que más pedidos de informes tiene sin contestar. Detrás se encolumnan los que tienen que ver con obras públicas y energía, salud y educación.

Tanto Tomei como Gutiérrez coincidieron en señalar a los funcionarios de Gobierno como los “más reticentes” a la hora de contestar los requerimientos de los diputados. Lo mismo sucede, según la legisladora del ARI, con el Ministerio de Economía o la Secretaría de Medio Ambiente.

“Pero, en general -a excepción del Ministerio de la Producción o la Subsecretaría de Transporte- la mayoría de las áreas del gobierno son esquivas para dar información, porque lo que falta es la voluntad política para que esto suceda”, opinó Tomei.

Así, corren igual suerte pedidos de informes sobre las problemáticas más diversas. Requerimientos sobre los lugares que existen en la provincia para contener a los menores que duermen en la calle, las empresas habilitadas para realizar el control de medidores de la Empresa Provincial de la Energía o si un curso de auxiliar de farmacia tiene reconocimiento oficial, fueron aprobados por la cámara de diputados, llegaron al escritorio de algún funcionario de distintos ministerios y allí siguen descansando sin encontrar respuesta.

La historia no termina allí. Además de ser poco frecuentes, muchas veces, cuando llegan las respuestas, tampoco conforman a los legisladores. “Son incompletas, eluden siempre algunas cuestiones y contestan mal o en forma muy parcial”, aseguró Tomei.

La diputada recordó la suerte que tuvo el pedido de informes sobre cómo se calcula el precio de los peajes en las rutas provinciales. Después de corroborar que no existía lógica entre lo que cobraban las distintas concesionarias, el bloque de la Unión Cívica Radical solicitó que se explicara la fórmula que se usaba para calcular los peajes.

Y la respuesta dejó a varios con la boca abierta. “Nos dijeron que era muy dificultoso desarrollar o explicar esta fórmula, por lo tanto, no la empleaban. Entonces no nos quedó más que pensar que los costos los calculaban a ojo”, recordó la diputada radical.

Aunque el malestar entre los legisladores de la oposición es grande, todos coinciden en que “el desinterés” por brindar información en torno a la gestión no es exclusiva del gobierno que encabeza Jorge Obeid. Es más, hay requerimientos que fueron aprobados en el 94 y todavía esperan que un funcionario afine el lápiz para contestarlos, aunque ya haya pasado más de una década.

Entre estos figura una iniciativa del socialista Juan Carlos Zabalza ingresada en febrero del 94 solicitando informes sobre aspectos de la implementación de los fondos de asistencia para el trasplante de órganos, otro del diputado Carlos Caballero Martín (PDP) sobre la cantidad de subsidios otorgados a municipios y comunas aprobado en mayo del mismo año, uno de Ricardo Giacosa (UCR) sobre los contratos de obra suscriptos por la Empresa Provincial de la Energía. Y sigue la lista.

“PADECEMOS EL AUTORITARISMO DE LAS MAYORÍAS AUTOMÁTICAS”

La diputada radical Mónica Tomei tiene una frase para ilustrar el malestar que reina entre los legisladores de la oposición. “Padecemos el autoritarismo de las mayorías automáticas”, asegura. Su par del ARI, Alicia Gutiérrez no es menos ácida. “En contadas ocasiones se pueden discutir los proyectos de ley que presenta la oposición, en cambio, los mensajes del Ejecutivo salen como por un tubo”, sostiene a la par que indica que “esto habla a las claras de la necesidad de una reforma constitucional que incluya los mecanismos de elección de los diputados provinciales para terminar con el problema de la mayoría automática”.

Para el diputado del socialismo Raúl Lamberto, las consecuencias son “graves porque producen que las grandes decisiones en materia política y económica de la provincia sean tomadas por un solo partido. Y en la práctica, llevan a que sólo el Partido Justicialista gobierne”.

Desde su ingreso a la Cámara de Diputados, el legislador presentó unos 50 proyectos, de los cuales “sólo dos o tres fueron aprobados, pero ni siquiera se debatieron en el Senado”.

Uno de éstos pretende reformar sólo un artículo de la ley orgánica de municipalidades que indica que los municipios deben prestar especial atención a los festejos del 25 de Mayo y el 9 de Julio. A estas dos fechas patrias, Lamberto propuso sumar el 20 de Junio, Día de la Bandera. “Pero hasta esa iniciativa no logró convertirse en ley”, se quejó el socialista y rápidamente pronosticó el futuro que, a su entender, tendría el proyecto: “Seguramente descansará en el Senado hasta que pierda estado parlamentario”.