EL GOBIERNO QUIERE QUE SEA OBLIGATORIO EL ANÁLISIS DE ADN

¿Es justo que a una persona, aún contra su voluntad, se le ordene realizarse estudios de ADN para que, en pos del derecho colectivo a conocer la verdad, la Justicia pueda revelar si es hijo de un desaparecido?

Para el Gobierno, sí es justo. Por ello promociona a viva voz un proyecto de ley en ese sentido, y que el oficialismo ya incorporó en el temario para las próximas sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue elaborada por la diputada Stella Maris Córdoba (PJ-Tucumán) y contó con la activa colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde.

En breves líneas, el proyecto en cuestión autoriza a la Justicia a disponer la realización compulsiva de aquellos estudios que permitan la identificación fehaciente de una persona, siempre que se trate de un caso en el que se investigue si es hijo de un desaparecido. Además, la obligatoriedad regiría cuando esa persona se haya negado sistemáticamente a practicarse esos análisis, pese a las diligencias disuasivas.

Este proyecto de ley se enmarca en el compromiso que asumió el presidente Néstor Kirchner con los organismos de derechos humanos en su lucha por conocer el destino de miles de desaparecidos que arrojó el último gobierno militar. Pero no fue hasta que la Corte Suprema falló sobre el controvertido caso de Evelyn Vázquez, hija de una pareja de desaparecidos nacida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -que fue apropiada por un marino- que el Gobierno decidió impulsar la iniciativa en el Congreso.

En efecto, en octubre último el máximo tribunal reconoció el derecho de Evelyn a no someterse contra su voluntad a un examen de sangre para proteger su derecho a la intimidad y evitar mayores perjuicios penales a la familia que la crió, con la cual ella guarda un fuerte lazo filial.

Conocida la resolución de la Corte, el Gobierno, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos, se decidió a actuar. A mediados de diciembre último, la diputada Córdoba presentó el proyecto de ley que avanza en sentido contrario al fallo del alto tribunal.

Como todo proyecto, el primer paso será su debate en comisión antes de llegar al recinto. La comisión cabecera es la de Derechos Humanos, que presidirá Hugo Perié (PJ-Corrientes); casualmente, Perié es uno de los cofirmantes de la iniciativa, junto a Osvaldo Nemirosvci (PJ-Río Negro) y Patricia Walsh (Izquierda Unida-Capital).

Principales puntos

La iniciativa es más bien escueta; consta de sólo cuatro artículos. Estos son los párrafos más importantes:

Estudios compulsivos: en los casos en los que se investigue la identidad de una persona respecto de la cual existan suficientes elementos de convicción que permitan sospechar que es hijo de una persona desaparecida, “la autoridad competente deberá ordenar todas las medidas conducentes a establecerla”. “A tal efecto, para la realización de los estudios pertinentes de filiación e identidad por análisis de ADN se podrán utilizar muestras de sangre, bulbo piloso o semen, o cualquier otra que posibilite el resultado buscado”. “Sólo en el caso de resultar infructuosas las diligencias practicadas para la obtención no compulsiva de elementos que contengan la información genética necesaria para la realización de los estudios pertinentes podrá ordenarse la extracción compulsiva de los mismos”.

Disuasión: previamente, la autoridad “deberá instrumentar las instancias de mediación para facilitar la realización voluntaria de la diligencia”. En todo el proceso, “el Estado deberá prestar asistencia y contención psicológica a las personas involucradas en ella”.

Reserva: “En todos los casos, mientras dure el proceso, las actuaciones deberán ser de carácter reservado y sólo podrán participar quienes revistan el carácter de parte en el proceso. Se deberá guardar estricta reserva del nombre y apellido actuales, imagen y demás circunstancias identificatorias de la persona cuya filiación se procure establecer”.

Polémica en ciernes

El proyecto promete desatar una apasionada discusión en el Congreso, no sólo en cuanto a la valoración ética del asunto, de por sí controvertida, sino también en cuanto a si es pertinente avanzar en una legislación sobre un tema sobre el cual la Corte Suprema ya sentó un precedente.

“El proyecto que presenté sólo adecua la legislación interna para que el Estado cumpla con su obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos y asegurar la reparación a las víctimas de los capítulos más dolorosos de nuestra historia, cual es el de la práctica de desaparición forzada de niños en el último gobierno militar”, enfatizó Córdoba en su proyecto.

El secretario de Derechos Humanos también fue enfático en la defensa de la iniciativa.

“Hay un vacío legal sobre este asunto que es necesario subsanar. Con la diputada Córdoba, con quien hemos trabajado en conjunto, acordamos que entre el interés privado de preservar su derecho a la intimidad y el interés público de conocer la identidad de las personas que pudieran ser hijos de desaparecidos, debería prevalecer este último criterio”, enfatizó Duhalde a LA NACION.

Desde La UCR, la diputada Margarita Stolbizer (Buenos Aires) respaldó la iniciativa, sobre todo en lo que respecta a la tarea de disuasión y de contención que debería ejercer el Estado antes de ordenar un estudio compulsivo.

Como era de esperarse, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo apoyó la propuesta, pero aclaró que, de ser aprobada, esta herramienta que autoriza los exámenes compulsivos debería ser utilizada como último recurso.

“Nosotras preferimos evitar la presión sobre los chicos que tienen dudas y que, al principio, se muestran reacios a hacerse los análisis. En esos casos, les damos todo el tiempo que necesitan para que reflexionen -señaló a LA NACION Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas-. Pero, desde ya, que se apruebe un proyecto de ley de esta naturaleza sería muy beneficioso para nosotras.”

Una vía “repugnante”

Claro que no todos simpatizan con el proyecto. El diputado Jorge Reinaldo Vanossi (Compromiso para el Cambio-Capital) reinvindicó el derecho a la privacidad por el derecho colectivo a la verdad.

“El derecho a la privacidad y a la intimidad se encuentra entre los derechos personalísimos que asisten a todo ser humano. No puede sucumbir ante un difuso derecho colectivo a la verdad, por más respetable que sea la aspiración al esclarecimiento de hechos penosos -enfatizó el legislador-. La conciencia individual es la única que puede decidir la aceptación de una probanza cuya obtención por vías forzosas o compulsivas resultaría repugnante.”

Por otra parte, Vanossi destacó que si bien el proyecto en cuestión invoca varias convenciones internacionales con jerarquía superior a las leyes, “nunca tienen jerarquía superior a la Constitución nacional, que protege el derecho de privacidad e intimidad”.

En la misma línea se expresó el senador Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador-Salta), que en su momento defendió el fallo de la Corte.

“La Constitución garantiza el derecho a la intimidad y a la integridad personal. No hay manera de obligar a alguien a ejecutar algo en contra de su decisión”, afirmó.

Como se observará, el tema genera tal polémica que, de seguro, desatará un debate parlamentario que excederá toda bandería política. Pero aquí no finaliza la discusión. Los legisladores deben dirimir si, tras un fallo de la Corte Suprema, es conveniente avanzar con una ley.

“La resolución de la Corte Suprema se refiere exclusivamente al caso Evelyn Vázquez y no es transmisible a otros casos”, resumió el diputado Juan Urtubey (PJ-Salta), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En similares términos coincidió, también, su par José María Díaz Bancalari (Buenos Aires), jefe del bloque oficialista, que ya comenzó a estudiar los antecedentes del caso.

Duhalde tampoco vislumbra escollos para que el Congreso avance con una ley. “La Corte emitió un fallo porque existe un vacío legal. Si los legisladores aprueban una norma que respeta la Constitución, no tendría por qué objetarla”, finalizó.

Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION

El debate apenas comienza

Eduardo Luis Duhalde

“Hay un vacío legal sobre este asunto que es necesario subsanar. Con la diputada Córdoba, con quien hemos trabajado, acordamos que entre el interés privado de preservar el derecho a la intimidad y el interés público de conocer la identidad de las personas que pudieran ser hijos de desaparecidos, debería prevalecer este último criterio.”

Stella Córdoba

La diputada justicialista es la autora del proyecto de ley que fue incluido en el temario de la Cámara de Diputados. “Adecua la legislación interna para que el Estado cumpla con su obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar”, afirmó.

Jorge Vanossi

El diputado de Compromiso para el Cambio rechazó la iniciativa del Gobierno. “El derecho a la privacidad y a la intimidad se encuentra entre los derechos personalísimos que asisten a todo ser humano. No puede sucumbir ante un difuso derecho colectivo a la verdad, por más respetable que sea la aspiración al esclarecimiento de hechos penosos”, aseveró.