EL GOBIERNO RATIFICA QUE NO REPRIMIRÁ

El Gobierno dijo ayer que la política oficial de contención de la protesta social no será modificada como consecuencia de las agresiones que un grupo de piqueteros propinó anteayer a una familia que transitaba por las inmediaciones del Obelisco, y ratificó que se continuará con los métodos de dispersión y control sin represión que se emplean desde el comienzo de la gestión del presidente Néstor Kirchner.

Esa postura fue manifestada incluso aunque los graves episodios provocaron una enérgica advertencia por parte de las víctimas de la agresión piquetera, que dijeron que demandarán al Estado por la falta de presencia policial y la escasa cooperación de las fuerzas de seguridad en el momento en que fueron atacados.

“La política del Gobierno es no criminalizar la protesta social. Cuando hay hechos delictivos, los investiga la Justicia, y así sucederá en este caso”, se limitó a decir ayer el secretario de Seguridad Interior, Alberto Iribarne, ante la consulta de LA NACION.

De todos modos, en la repartición que conduce reconocieron que anteayer el operativo de control no fue el habitual y que hubo menos presencia de efectivos, tal como lo denunció la esposa del hombre que fue brutalmente agredido por los piqueteros.

La explicación oficial ante esta situación es que quien organizó la marcha, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD), vinculada a la organización Quebracho, actuó de manera sorpresiva.

“La marcha no estaba anunciada. Se constituyó de golpe, cuando salieron los manifestantes del subte. Por eso no estuvo el operativo habitual de seguimiento”, reconoció un alto funcionario abocado al manejo de la relación con el movimiento piquetero.

No obstante, otras fuentes gubernamentales admitieron que Quebracho es “imposible de controlar”, aunque creen que no resulta peligrosa.

La propia Policía Federal había asegurado anteayer que no se cubrió la movilización con un gran despliegue de uniformados, pues la convocatoria los tomó por sorpresa. “No habíamos sido notificados de la marcha; los encontramos de sorpresa y por eso sólo dos motos pudieron acompañar la protesta. Cuando se desató la pelea, pedimos refuerzos”, había dicho entonces el comisario Hugo Lompizano.

Ayer, una importante fuente de la Policía Federal dijo a LA NACION que esa fuerza “no tiene ninguna orden de no reprimir”. “Esta señora [por la mujer agredida] cuenta su verdad. Pero la Policía no puede actuar antes de que los hechos delitos ocurran. Cuando se produjo la agresión, los policías que estaban cerca intervinieron, se produjeron forcejeos y todo terminó con un sospechoso detenido”, explicó el jefe policial.

“Los cortes de calles constituyen delito, pero, en ese sentido, tenemos las manos atadas. Dependemos de lo que ordene el poder político y la Justicia. Ellos deben dar la orden de desalojar. La Policía no puede hacer nada al respecto”, expresó el oficial, con varios años en la fuerza.

Tema judicial

El Gobierno se limitó ayer a afirmar que ahora todo quedará en manos de la Justicia. “Lo de ayer fue un incidente puntual. La Justicia deberá ahora pronunciarse sobre lo sucedido”, explicaron en la Secretaría de Seguridad Interior.

“Lamentamos estos gravísimos actos, pero la política de control de la protesta social no va a cambiar: no vamos a criminalizar la protesta social por lo que pasó”, aseveró un hombre cercano al secretario del área.

Aunque suele centralizar el seguimiento de este tipo de manifestaciones, anteayer esa repartición tenía a cargo todas las decisiones políticas, pues el ministro del Interior, Aníbal Fernández, se encontraba en el exterior.

“Lo normal no es que sucedan estas cosas. Fue un episodio puntual, producto de las circunstancias. Desde que asumió, el Gobierno fue adoptando medidas concretas para reducir las protestas y limitar los márgenes de violencia”, justificaron en el Gobierno.

La explicación oficial es que desde los episodios de violencia en la Legislatura porteña se dio forma a un sistema de contención de la protesta social que se basó en:

El despliegue de vallados preventivos en los alrededores de los edificios donde se asienta la manifestación.

Saturación de presencia policial en la zona de la protesta y seguimiento de los desplazamientos.

Diálogo constante con los sectores para reducir las probabilidades de que se produjeran incidentes.

Claramente, en la manifestación de anteayer no funcionaron todas las partes del plan oficial.