EL GOBIERNO RECHAZÓ EL RECLAMO DEL FMI POR MÁS AJUSTE FISCAL

Las primeras filtraciones sobre las exigencias de un mayor ajuste fiscal que plantearía el FMI para firmar un acuerdo con la Argentina ya empezaron a generar reacciones en contra por parte de los funcionarios del Gobierno nacional.

El primero que salió a plantear la posición oficial fue el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien ayer, en declaraciones radiales, rechazó de plano la posibilidad de elevar el ahorro fiscal al nivel del 4,5% del PBI, como lo estaría pidiendo el FMI.

Esta fue la primera reacción oficial ante la información que publicó ayer Clarín en exclusiva, y que daba cuenta de un documento que elaboró el FMI para evaluar la economía argentina.

“No parece razonable” elevar la meta de superávit fiscal para pagar más deuda, dijo Fernández. “La Argentina necesita tener con los organismos de crédito y con el FMI en particular, una relación madura que nos permita llevar adelante un plan de desarrollo de la Argentina, sin postergar las múltiples necesidades que tiene para desarrollarse”, sostuvo.

Ese trabajo plantea no solo exigirle al país más ahorro fiscal, sino también una política monetaria que permita una apreciación del peso frente al dólar. En otras palabras, les parece equivocada la idea del Gobierno de intervenir fuertemente en el mercado cambiario para sostener el precio del dólar cerca de los tres pesos. También reclama nuevos acuerdos contractuales (y subas tarifarias) con las empresas privatizadas.

En lo que se refiere al mayor superávit, el argumento del FMI es sencillo: creen que el país tiene asumidos compromisos muy fuertes —aún después de concretada la reestructuración de la deuda— que le van a exigir un esfuerzo muy grande y se corre el riesgo de depender, demasiado, de lo que puedan aportar los mercados financieros.

Fernández insistió en mantener un compromiso del 3% y subrayó que no se puede firmar un acuerdo que “suponga un condicionamiento al Gobierno para continuar con sus políticas activas y atender las necesidades sociales que existen”.

Luego agregó: “Si todo el superávit que tenemos, en un país con un 40% de pobres, lo destinamos al pago de compromisos externos, lo que vamos a hacer es demorar las obras de infraestructura para poder seguir creciendo y las necesidades de la gente que están en una situación difícil”.

Si bien, como explicó el funcionario, la meta fiscal es un ahorro del 3%, se estima que, a la luz de la recaudación que se logró hasta ahora, el superávit del gobierno central (sin computar las provincias) superará esa meta. Sin ir más lejos, la consultora Ecolatina (creada por Lavagna) apuesta al 3,6%, aunque otros especialistas se animan a predecir un 3,8%.

El “tire y afloje” ya es un clásico de este Gobierno, que sin embargo no solo no piensa en dejar de pagarle al FMI. Se especula en que si no se alcanza un acuerdo satisfactorio para la Argentina, se podrían acelerar los pagos para lograr sacarse de encima los controles de ese organismo.

Días atrás, Lavagna planteó que el inicio de las conversaciones “depende de ellos” (por el FMI), pero por las dudas ya se está armando una misión de funcionarios que desembarcarían en Washington en una semana para iniciar un diálogo formal en vistas al tan discutido acuerdo.

La dilatación de los escarceos motivó un comentario del candidato a senador Ricardo López Murphy, quien lamentó que sea “inevitable” que las negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo queden postergadas para después de las elecciones de octubre por decisión del Gobierno.

En sentido contrario, el economista Eduardo Curia (que abiertamente apoya la actual política económica) consideró ayer que sería un error dejar que el peso se aprecie frente al dólar. “El peso debe devaluarse aún más para consolidar el modelo”.