EL GOBIERNO RECLAMA DURAS PENAS CONTRA TRES EX JEFES DE LA DICTADURA
El presidente Néstor Kirchner firmó ayer el decreto 790 mediante el cual eleva al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el sumario instruido contra los generales retirados Ramón Genaro Díaz Bessone, Reynaldo Bignone y Albano Eduardo Harguindeguy. Se los acusa de “presunta comisión del delito previsto en el artículo 758 del Código de Justicia Militar”. Ese artículo juzga los delitos contra el honor y si el Consejo Supremo considera culpables a los militares implicados, puede caberles reclusión o prisión de 5 años, más accesorios de degradación o destitución.
La instrucción que llevó adelante el director de Informática del Ejército general Luis Pozzi fue ordenada por Kirchner, debido a que estos generales retirados justificaron el terrorismo de Estado practicado durante la última dictadura militar.
En un documental emitido por la televisión francesa, Díaz Bessone, Bignone y Harguindeguy hicieron declaraciones (conseguidas por una cámara oculta) que justificaban la tortura y la desaparición de personas, como un método inevitable para combatir a la guerrilla.
Los militares argentinos explicaron además que recibieron una suerte de instrucción acerca de la metodología a aplicar por parte de ex oficiales franceses que habían participado de la guerra de Argelia.
Estas manifestaciones de Bignone, Díaz Bessone y Harguindeguy irritaron al Gobierno y levantaron una oleada de críticas de parte de los organismos de derechos humanos.
Kirchner, enojado por las manifestaciones de los generales retirados, instruyó al ministro de Defensa José Pampuro para que se llevaran adelante todas las acciones que hicieran falta.
El general Pozzi realizó el sumario con rapidez y según trascendió en el mismo se recomiendan sanciones. En este sentido fuentes de la Casa Rosada suponen que a Díaz Bessone y a Bignone podrían corresponderle la baja o la destitución y a Harguindeguy una sanción menor.
La idea central de la acusación contra estos generales retirados estaría dirigida a comprobar que han “ofendido el honor de las Fuerzas Armadas”. Para el instructor resulta inconcebible que pueda interpretarse como doctrina del Ejército, torturar y hacer desaparecer personas.
Tanto la baja, como la destitución implican la pérdida del grado militar y del derecho a percibir el haber jubilatorio. Son consideradas una de las sanciones más graves que contempla el código de Justicia Militar.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que está integrado por nueve oficiales superiores (tres por cada una de las fuerzas) es el organismo a quien le corresponde juzgar a los oficiales superiores de las instituciones militares. Pero no tiene plazo para expedirse. Igual, nadie espera una demora injustificada.
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