EL GOBIERNO RECUPERÓ LA CORDURA Y NO HABRÁ CÁRCEL EN OLIVEROS

El gobierno de Carlos Reutemann mandó al freezer el proyecto para convertir en cárcel a un sector de la colonia psiquiátrica de Oliveros. “La decisión está parada, en términos de analizar nuevamente la conveniencia de utilizar ese predio”, anunció el ministro de Gobierno, Carlos Carranza. El viraje político significa otro revés para el director del Servicio Penitenciario de la provincia, Armando De Martín, a quien en los corrillos de la Casa Gris se le atribuye el intento de reactivar una iniciativa que ya fracasó a principios de los 90. Aunque esta vez la resistencia en la sociedad civil y en la comunidad científica fue muy superior a la de aquellos tiempos.

“Estamos analizando nuevamente la conveniencia de utilizar el predio de la colonia de Oliveros”, dijo Carranza. “Nos hemos comunicado con el ministro” de Salud, Fernando Bondesío, con quien firmó un convenio para estudiar el asunto. “La semana próxima se van a realizar las primeras reuniones entre la Subsecretaría de Justicia y las áreas de Salud Mental. Pero hoy por hoy la idea está stand by. Hemos hablado incluso con algunos legisladores que nos hicieron ver la conveniencia de estudiar a fondo el tema antes lanzar alguna decisión sobre la operatividad”, explicó.

“Sin embargo, es importante seguir analizando la problemática del menor adicto y en conflicto por el encierro por lo que esto significa para él. Creemos que desde el punto de vista de la salud, son pacientes y hay que tratarlos como tal. La adicción en las cárceles y entre los menores que están encerrados genera picos de agresividad y conflictividad. Eso es lo que nos comprometimos a solucionar porque ya no es un problema del Ministerio de Gobierno, del Servicio Penitenciario o de seguridad, sino que hemos pedido colaboración a los expertos y a los especialistas en salud que seguramente nos dirán cuáles son las alternativas o terapias a seguir en estos casos”, agregó.

‑¿Esto quiere decir que mandó el proyecto al freezer? -preguntó una cronista de Radio Dos.

‑Sí. Hoy por hoy está stand by -insistió Carranza. “Pero sin perjuicio de eso seguimos con la idea de mejorar los niveles de alojamiento, tratamiento y rehabilitación de los menores que tienen profundas adicciones. Hoy las cárceles están cada día más pobladas por menores y especial menores violentos y adictos. Entonces, si hace diez o veinte años atrás teníamos en la cárcel de Coronda un promedio de edad de 36 años y hoy estamos en 26 años y bajando, esto quiere decir que la problemática del encierro es grave para aquellos que no pueden soportar las 24 horas del día en una celda. Este es el objetivo que estamos persiguiendo”.

El proyecto oficial ya tuvo resonancia en la Legislatura, donde el presidente del bloque de diputados socialistas, Eduardo Di Pollina, presentó una minuta para que el gobierno suspenda el traslado de detenidos a Oliveros y logró preferencia para que se trate el jueves próximo.

Di Pollina ya se entrevistó con el director de la colonia siquiátrica, Gustavo Castaño, quien le planteó su “total oposición” a la iniciativa que ahora revisa el ministro Carranza. “Nos oponemos al retroceso que significa insertar la cárcel en un área del hospital, por la incidencia que tendrá indefectiblemente en los pacientes afectados por trastornos mentales. Como alternativa superadora, proponemos que se abra una instancia de consultas entre todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, porque la problemática planteada es muy compleja”, agregó el legislador.

“Coincidimos con algunos especialistas que han planteado la necesidad de un proyecto alternativo, intermedio y distinto al de la cárcel y del hospital, con determinadas condiciones de seguridad, menores niveles de encierro y profundización de lo terapéutico por sobre lo represivo, para la atención de quienes sufren las adicciones, enfermedades mentales y están privados de su libertad por cuestiones penales”, apuntó.