El Gobierno redobló la presión sobre jueces

El gobierno de Cristina Kirchner dobló ayer la apuesta en su guerra contra el Poder Judicial. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, insistió en que los jueces y fiscales son “desestabilizadores” por el avance de las últimas horas en causas contra funcionarios oficiales y los amenazó en forma velada con que si “empujan al Gobierno” con procesamientos y condenas “ni lo sueñen, no saben dónde se meterían”.

 

El tono de Fernández fue inusualmente agresivo en su habitual rueda de prensa matutina fuera de la Casa Rosada. “Que no se les ocurra hacer ningún gesto que pretenda desestabilizar al Gobierno porque las situaciones van a ser muy malas”, dijo Fernández.

Consultados por LA NACION los voceros de Fernández sobre el significado de las frases “dónde se meterían” y “situaciones muy malas”, no hubo respuestas.

Pero en medio del contexto de la sospechosa muerte del fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, hace un mes, el día anterior a brindar pruebas en el Congreso sobre una denuncia contra la Presidenta y varios funcionarios por encubrimiento a Irán en el atentado contra la AMIA, las advertencias de Aníbal Fernández a los jueces que avanzan en causas contra funcionarios tuvieron un tono polémico.

Según fuentes de la Casa Rosada, esa línea dura en lo discursivo fue ordenada por la presidenta Cristina Kirchner, que ayer permaneció en la residencia oficial de Chapadmalal y sólo reaparecerá el lunes próximo con un acto en Berazategui.

El clima de nerviosismo se podía palpar ayer en la Casa Rosada luego de que la Cámara Federal ratificó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone y denegó la recusación al juez federal Claudio Bonadio en la causa Hotesur. Esa investigación roza a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner. Pero ayer la situación se agravó: Interpol emitió un pedido de captura para Alejandro Vandenbroele, procesado como Boudou en el caso Ciccone, y luego fue detenido por pedido de un juez uruguayo. Eso se sumó a que un juez de Nevada aceptó difundir la ruta del dinero presuntamente del kirchnerismo, de lo que se informa por separado.

En el Gobierno están convencidos de que luego de la masiva marcha del miércoles último, el 18-F, en homenaje a Nisman, los jueces y fiscales se sienten con respaldo para avanzar en causas contra funcionarios kirchneristas. Para el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el procesamiento de Boudou es “una arremetida mediática judicial” y de una “manipulación sistemática y evidente”.

“No hay ninguna duda de que en la República Argentina la Justicia no es independiente de las corporaciones”, insistió el funcionario. Y sostuvo que “las causas de los grupos mediáticos concentrados no avanzan por el pacto de impunidad”.

Fernández, que había dicho días atrás que le hubiera gustado ir al 18-F si fuera menos conocido, ayer radicalizó su postura contra los jueces y fiscales. “El objetivo es desestabilizador. Ni lo sueñen, no saben dónde se meterían. No vayan a cometer el error de confundir y pensar que van a empujar el Gobierno. Sería un error terrible para el país”, dijo.

Subrayó que era “llamativa” la “celeridad” de las medidas judiciales el día posterior al 18-F. Y los acusó de que “quieren jugar a la política, pretendiendo asumir posiciones que no les corresponden”. Y advirtió que “no lo vamos a permitir”.

Por su parte, el ministro del Interior y precandidato presidencial del kirchnerismo, Florencio Randazzo, opinó que a la Marcha del Silencio “fueron muchos argentinos con buenas intenciones”, pero advirtió que candidatos presidenciales opositores “acompañados por multimedios monopólicos, fiscales y jueces han terminado usándolos”.

 

 

 

 

Fuente: La Nación