EL GOBIERNO SE REÚNE CON DIRECTIVOS DE AGUAS PROVINCIALES

El Ministro de Obras Públicas de la provincia, Alberto Hammerly, recibe desde las 18, a tres representantes de la empresa Aguas Provinciales, en un nuevo comienzo de las negociaciones para redefinir el contrato entre las partes.

Hace dos días, Hammerlu dijo sobre si es factible un aumento de tarifas a corto plazo, el funcionario contestó: “Todas las posibilidades están sobre la mesa. La provincia quiere un análisis integral de la concesión. Les propusimos armar un fondo fiduciario para resolver el tema de las obras de expansión, pero no me lo contestaron de manera formal, aunque le dijeron al gobernador, a través de una nota, que no les interesa una renegociación parcial del contrato, sino integral”.

“Les pedimos que designen tres personas, querían que el gobierno reconociera la ruptura de la ecuación económica y le volví a contestar que lo discutíamos con los tres representantes que deben designar. Vamos a analizar como empezamos a transitar este camino de recomposición para que puedan cumplir en lo que prometieron”.

PIDEN LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

El grupo de vecinales, entidades y el Centro Comercial de Santa Fe -que conforman la Multisectorial- solicitaron al Gobierno que rescinda el contrato con la empresa Aguas Provinciales, debido a los reiterados incumplimientos. Además, quieren que se investigue por qué no se invirtió lo que se había prometido en los distintos contratos.

Miguel Crespi, Presidente de la Vecinal Siete Jefes, catalogó de “muy grave” la situación y dijo que “la ciudadanía santafesina no ha tomado dimensión de esto”.

“Tenemos una concesión que lleva 9 años, de los cuales el 80 por ciento estuvo en período de renegociación de contrato. Es decir, 7 años de incumplimiento de los objetivos planteados en la concesión”, admitió Crespi.

Agregó que “hay un discurso que escuchamos del ministro Alberto Hammerly y el Gobernador Jorge Obeid, donde nada se dice de lo que va a pasar, de los que pasó y cuál va a ser el futuro real”.

Admitió que “los usuario vamos a terminar pagando lo que la empresa no ha cumplido. Hay causales para la rescisión del contrato, porque (la empresa) no cumplió con lo prometido en el contrato (…) la firma no invirtió nada y expresó en los últimos días que no tiene dinero para volver a invertir”.

En el mismo sentido opinó Carlos Pavé, de la Federación Tierra y Vivienda (FTV Línea Verde), quien dijo que “se tiene que dar por terminado el contrato, que el Estado se haga cargo del servicio, y que el ciudadano sea partícipe primario”.

Pavé también solicitó que “se investigue qué fue lo que sucedió en todo este tiempo que estuvo concesionado el servicio, y no se invirtió lo que había prometido”. En tanto, Crespi dijo que “la provincia está capacitada para asumir el servicio, con el control de los ciudadanos. Y que se investigue lo ocurrido hasta la fecha, que es bastante oscuro”.