EL GOBIERNO TOMA DISTANCIA DE D’ELÍA

El Gobierno trabaja en estas horas a todo vapor para enfriar el nivel de conflictividad interna desatado tras el asesinato del dirigente barrial Martín Cisneros y para evitar que el asunto domine la agenda de la gira oficial por China.

Con esas dos metas, los principales funcionarios de la administración nacional tomaron distancia ayer de las acusaciones del líder de los piqueteros oficialistas, Luis D´Elía, que volvió a vincular al duhaldismo con el crimen de Cisneros y que dijo que el hecho se inscribe en la supuesta “campaña de desestabilización” contra el Presidente, que había sido denunciada un mes atrás por la misma Casa Rosada.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo ayer a LA NACION que no comparte las apreciaciones de D´Elía, y, con ahínco, procuró desvincular al Gobierno del dirigente.

Además, dijo que las expresiones de éste corren por su cuenta. “No comparto lo que dijo D´Elía. No comparto sus acusaciones a Duhalde ni por casualidad. Duhalde es un hombre de bien. Por otra parte, y esto es importante, el Gobierno no utiliza a D´Elía como canal de sus expresiones. Habla en su nombre, pura y exclusivamente”, afirmó Fernández.

“Lo mismo entiendo sobre lo que dijo de maniobras desestabilizadoras… Yo no pierdo el tiempo en escucharlo. Lo que el Gobierno tenía que decir de ese tema ya lo dijo”, agregó.

En China, el presidente Kirchner dio la pauta de que el Gobierno prefiere bajar los decibeles sobre el tema. “Yo estoy trabajando acá y ya fui lo suficientemente claro al respecto”, dijo en tono seco, segundos antes de dar por terminada una rueda de prensa.

Más allá de los dichos del ministro del Interior, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, se reunió ayer al mediodía con D´Elía y le pidió que se concretara el relevo del titular de la comisaría 24a, Cayetano Greco, que aún no dejó su puesto.

Tras los episodios de violencia, la estrategia oficial está centrada en relativizar el claro respaldo brindado a D´Elía durante el congreso piquetero realizado en Parque Norte.

El Gobierno quiere desterrar la asociación con las imágenes de la destrucción de la comisaría de La Boca en manos de los grupos piqueteros oficiales como consecuencia de haber brindado aquel explícito apoyo.

Justamente, el ministro del Interior dijo, en ese sentido, que, a su criterio, “los actos de vandalismo son inadmisibles y deben ser juzgados por la Justicia”, en referencia a lo sucedido en la madrugada del último sábado.

Discrepancia

Fernández también discrepó con las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que justificó la destrucción de la comisaría de La Boca y que llamó a “romper las comisarías donde reina el horror” (sobre lo que se informa por separado). “No lo comparto en absoluto. Ya de por sí creo que es inadmisible que se tome una comisaría. Ella, igual, puede dar sus opiniones como cualquier otra persona”, dijo.

“¿No se está instando a la comisión de un delito?”, preguntó LA NACION. “Si algún fiscal entiende que es así deberá actuar en consecuencia. No me corresponde a mí hacerlo”, respondió.

Entre los disensos que marcó entre la Casa Rosada y D´Elía, Fernández sostuvo que por ahora no es posible hablar de una connotación política en el crimen de Cisneros.

“Yo no lo puedo saber. No hay que descartar nada, pero si es algo político o si se trató de un ajuste de cuentas va a surgir de lo que investigue la Justicia, que ya está trabajando para esclarecer los hechos”, afirmó.

Más allá de que las consideraciones sobre estos temas parecen haber dado un vuelco, el Gobierno reiteró, de todos modos, que no modificará su política de no reprimir la protesta social.

“No se va a cambiar nada. Nuestra política es y seguirá siendo ésta: no reprimir. Ante los excesos, es la Justicia la que deberá actuar”, dijo Fernández.

De todos modos, en el entorno del Presidente, en China, decían ayer que la situación tiene visos preocupantes. “Sabemos que estamos pagando un precio político por nuestra política, pero pagaríamos un precio mayor si reprimiésemos, como parece querer alguno. No nos gusta pagar este precio, pero mucho menos nos gustaría tener que pagar el otro”, dijo un hombre cercano al jefe del Estado.

Otro frente que la Casa Rosada procuró cerrar fue el de las divisiones que el manejo de la protesta social provoca en el gabinete. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, descartó de plano esa posibilidad y aseguró que los funcionarios están de acuerdo en que “cuando (los hechos) se van del límite, actúa el juez”.