EL GOBIERNO Y VARIAS EMPRESAS INTENTAN REACTIVAR LAS MINAS DE URANIO
El vertiginoso aumento del precio del uranio, un insumo que Argentina importa para la industria nuclear, movilizó al gobierno y empresas mineras foráneas a insistir en la reactivación de los yacimientos locales, aún ante las denuncias por contaminación de vecinos y ecologistas.
Pero la apertura de las minas ricas en este mineral metálico que Argentina dejó de extraer hace una década no será sencillo, y no sólo por la negativa de los habitantes de esas zonas, sino por la intrincada confluencia de los gobiernos provincial y nacional y el poder financiero del sector privado.
La avidez se explica principalmente por los valores mundiales del uranio natural, que en los últimos tres años cuadriplicó su precio y hoy alcanza 115 dólares por kilogramo.
El uranio se usa como materia prima en la fabricación de combustibles destinados a los reactores de las centrales nucleares de Atucha-I y Embalse Río Tercero, que producen energía eléctrica, y a los de investigación, como los centros atómicos de Ezeiza y Bariloche.
La producción de energía de Atucha-I y Embalse se encuentra conectada a la red nacional, donde aporta el ocho por ciento del total generado en Argentina.
Por eso, para abastecer la demanda interna de uranio, el país paga unos 14 millones de dólares anuales por las 120 toneladas que adquiere en el mercado libre internacional, según datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), que promueve la explotación local, especialmente en una mina de Mendoza.
APOGEO Y CIERRE
Los yacimientos uraníferos argentinos en varias provincias, como en Salta, Córdoba y Chubut, fueron trabajados entre las décadas del 60 y 90, al igual que el de Sierra Pintada, cerca de la ciudad mendocina de San Rafael, que cerró en 1997 pero que hoy quedó en el centro de una compleja disputa.
Esta mina es estratégica si el gobierno de Mendoza acepta abrir a la demanda interna sus reservas de uranio natural: es la única capaz de producir a corto plazo 120 toneladas, pero también es una inmensa reserva del mineral codiciada por las multinacionales, en especial Mega Uranium.
Durante los años de explotación, Sierra Pintada aportó 1.600 toneladas de uranio, de las 2.500 que se produjeron en el país.
Pero el yacimiento cobra una relevancia superlativa si se considera que con explotaciones a cielo abierto y subterránea se pueden obtener 3.740 toneladas en 17 años.
A 115 dólares el kilogramo, el valor de esa cantidad de uranio asciende a más de 430 millones de dólares, una cifra que puede seguir multiplicándose en el futuro debido a la creciente solicitud del mineral.
La demanda de Japón, Francia y más recientemente de China e India, cuyos gobiernos construyen hasta tres centrales nucleares por año, transformaron a San Rafael, una ciudad de unos 170 mil habitantes, en un valioso trofeo para el mercado.
Sin embargo, el gobierno de Mendoza bloqueó los permisos para activar el complejo al evaluar que la actividad contamina, y exigió al organismo nacional que antes de discutir la reapertura sanee los residuos radioactivos que dejó.
En el complejo de Sierra Pintada, que ocupa dos mil hectáreas cedidas por la provincia a la Cnea, hay mil toneladas de residuos sólidos enterrados en 5.340 tambores y 1.700.000 toneladas de colas de uranio. Además, hay 1.200.000 metros cúbicos de agua en las canteras y diques de evaporación.
La negativa a la explotación también parte de la población de San Rafael.
Los vecinos advirtieron que la minería de uranio perjudica la riqueza vitivinícola de la región y denunciaron al gobierno de Julio César Cobos por otorgar a Mega Uranium 16 permisos de exploración.
El poder ejecutivo de Mendoza negó que haya dado a la multinacional las mencionadas autorizaciones y alegó que sólo recibió solicitudes de cateos por parte la empresa.
Sin embargo, en la página de internet megauranium.com se destaca que Mega adquirió en Argentina permisos de exploración sobre un área de 2.783 kilómetros cuadrados en dos provincias, Chubut y Mendoza, el golfo San Jorge y Sierra Pintada respectivamente. La empresa precisa que se especializa en la producción de uranio, con recursos en Australia y proyectos de exploración uranífera en ese país, Argentina, Mongolia, Bolivia y Canadá.
La información provocó una reunión meses atrás entre el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, y el propio Cobos, a quien el funcionario nacional pidió explicaciones.
Las autoridades nacionales creen que las empresas mineras intentan rodear propiedades de la Cnea, que estudió durante más de 50 años las zonas uraníferas.
OPOSICIÓN
Las resistencias no sólo son negociaciones de poder o dinero, sino que los vecinos de San Rafael se oponen a la reactivación de los trabajos mineros por uranio para los reactores nucleares en el país, algo que al parecer comparten muchos otros ciudadanos.
Según los datos de una encuesta de 600 casos realizada por la consultora Mori en junio, el 67 por ciento de la población se inclina por que el gobierno redireccione los fondos previstos para la terminación de la planta nuclear de Atucha-II a un programa que de impulso a la energía eólica.
Además, 8 de cada 10 entrevistados respondió que la energía nuclear es “una fuente contaminante”, y el 66 por ciento considera que los costos de generación de energía nuclear también son elevados, según difundió Greenpeace.
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