"El Grupo Suez incumplió el contrato en un 90%"

Los reiterados incumplimientos contractuales de Aguas Argentinas deberían ser el principal argumento del gobierno para defender la rescisión de la concesión a Aguas Argentinas ante el tribunal de controversias del Banco Mundial (Ciadi), recomendó el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy.Despouy subrayó entre los principales incumplimientos de Aguas Argentinas el nivel de concreción, de apenas 10%, de la expansión de las redes de aguas y cloacas.Los accionistas de Aguas Argentinas, entre ellos el grupo francés Suez, que también era el operador del servicio, y la española Aguas de Barcelona, intentarán ante el Ciadi, a raíz de la cancelación de la concesión, duplicar el resarcimiento solicitado originalmente al Estado nacional, que era de 1.700 millones de dólares, dijo el titular de la Auditoría.Lejos de tomar como eje la mala calidad del servicio remarcada por el gobierno, sobre todo a raíz del alto nivel de nitratos detectado en el agua en varias zonas del conurbano bonaerense, Despouy sugirió que el Estado debería alegar que la empresa no realizó las inversiones pactadas ni siquiera en los momentos de mayor rentabilidad.Se basó para ello en datos surgidos de 20 investigaciones realizadas por la Auditoría a lo largo de la concesión y compiladas bajo el título "Informes de la AGN sobre la concesión del servicio de agua y saneamiento".Ese trabajo detalla los incumplimiento de Aguas Argentinas en el tendido de redes, así como la deficiente calidad del servicio, además de endilgar al Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss) y a la "autoridad de aplicación", falta de control y "flexibilidad" al momento de fijar las obligaciones de la concesionaria.Entre los puntos salientes del trabajo se destaca que en 1997, cuando la conducción de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable estaba en manos de María Julia Alsogaray, se renegoció el contrato original y "las obligaciones del concesionario se diluyeron".Despouy, un hombre ligado al radicalismo que además se desempeña como relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados, aseguró que la renegociación hecha por Alsogaray es "un claro ejemplo de lo que no se debe hacer" y que la labor de Aguas Argentinas dista mucho de ser "ejemplar", como aseguró la firma tras la caída de la concesión."Los datos que surgen son de un nivel de incumplimiento de alrededor de 90%, como en los planes de expansión y servicios acordados para los años 1998-2003, en los últimos tiempos, en especial a partir de 2003, ha habido una negociación muy fuerte por esta puja de si iba a haber aumento de tarifas, etcétera, incluso detectamos que el fideicomiso que debía conformar en 2001 no se realizó y eso fue también por negligencia de las autoridades", dijo.El funcionario se mostró preocupado por los argumentos que utilizará el gobierno para enfrentar la demanda de la empresa ante Ciadi ya que, a su juicio, los incumplimientos contractuales son más contundentes que el tema del alto contenido de nitratos en el agua provista por Suez."Lo de los nitratos es cierto, pero en un debate jurídico-político estos son los argumentos que tienen que esgrimirse para que la empresa entienda que el debate en el Ciadi no le va a ser fácil", aseguró.En tanto, el bloque de diputados nacionales del kirchnerismo buscará esta semana alcanzar acuerdos con sus pares del radicalismo y el peronismo federal para poder aprobar el decreto de rescisión del contrato de Aguas Argentinas y dar así un fuerte respaldo político a la decisión del Gobierno de anular la concesión que operaba el grupo francés Suez.Además, el oficialismo procurará avanzar en la sanción legislativa del decreto de creación de la nueva empresa, aunque hasta ahora los consensos alcanzados sólo le permitirán emitir un dictamen favorable de las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Presupuesto y Hacienda, que conducen los diputados kirchneristas Edgardo Depetri y Carlos Snopek.La idea de los senadores y diputados oficialistas es convertir en ley en los próximos días la rescisión del contrato de concesión de Aguas Argentinas, que fue dispuesta la semana pasada por el presidente Néstor Kirchner a raíz de reiterados incumplimientos por parte de la empresa que operaba el grupo francés Suez y que tenía, además, capitales españoles.Así podrán cumplir su objetivo de dar un fuerte respaldo al gobierno en medio de la controversia que se desató con Francia, que se quejó de la decisión argentina, y de la determinación de los accionistas de Aguas Argentinas de pedir una abultada reparación económica ante el tribunal de controversias del Banco Mundial (Ciadi).