EL GRUPO YOMA S.A. DEBERÁ DEVOLVER MÁS DE $8,5 MILLONES

El Grupo Yoma cobró más de $ 8,5 millones en concepto de reintegros de exportaciones que jamás debió cobrar y que ahora deberá restituirle al Estado. Un juez en lo penal económico autorizó ese pago en julio de 2002, sin informarle a la AFIP, violentando normas y obviando cuestiones de competencia. Ahora será investigado por lo que hizo.

Así lo decidió la sala B de la Cámara en lo Penal Económico, que anuló la orden dictada por el juez del fuero Carlos Liporace, a quien, además, apartó de la causa y denunció ante el Consejo de la Magistratura para que se evalúe si corresponde sancionarlo o removerlo de su cargo.

Los camaristas Carlos Pizzatelli, Roberto Hornos y Marcos Grabivker también radicaron una denuncia ante la Cámara del Crimen porteña para que investigara la “probable comisión de un hecho ilícito” por parte de Liporace, con la colaboración de Guillermo Yoma, presidente del Grupo.

Yoma S.A., la sociedad base de la antigua familia política del ex presidente Carlos Menem, se encuentra concursada y bajo control de la sindicatura, y tenía trabados en la Justicia casi $12 millones en concepto de reintegros. La AFIP y el Banco Nación cuestionaron esos fondos como de pago indebido y los accionistas del grupo no podían disponer de ellos ni retirarlos de una cuenta bancaria.

Pero Liporace destrabó $ 8,5 millones, sin notificar antes a la AFIP, querellante en la causa, ni a la fiscalía, y sin informar al juzgado federal que tenía trabados esos fondos en La Rioja en una causa abierta por una presunta defraudación. Los entregó sin más a Guillermo Yoma.

La historia es compleja. Comenzó cuando los Yoma solicitaron al Estado que les reintegrara $ 11.473.127 que ellos habían desembolsado para exportar. Pero, para eso, habrían reclamado dos veces el mismo dinero.

“Concretamente, se habría establecido que la contribuyente (por el grupo Yoma) solicitó mediante los formularios N° 443 rectificativos, que se le devolvieran, por segunda vez, los mismos importes de IVA que el fisco habría reintegrado en oportunidad de presentarse la primera solicitud de devolución, con la que se habría agotado la totalidad del crédito fiscal facturado”, recordaron los camaristas.

“Por lo tanto, según la AFIP y la fiscal de la instancia anterior, Yoma SA había declarado, por segunda vez, las mismas operaciones, duplicándose los supuestos créditos fiscales a su favor”, detallaron.

Pero la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito -donde se tramitaba el concurso preventivo-, admitió aquel presunto segundo pedido de los Yoma. Pero no embolsaron el dinero porque los entonces titulares del Banco Nación y de la AFIP, Enrique Olivera y Héctor Rodríguez, respectivamente, una medida de no innovar ante la Justicia federal.

El fiscal federal Luis Comparatore dictaminó, en abril de 2001, que debía trabarse el pago, planteo que tras una serie de vueltas admitió el entonces juez federal de La Rioja, Enrique Chumbita.

La puja entre el Estado y el grupo Yoma ya tenía, además, otro asidero: la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadío, que investiga una supuesta defraudación del grupo en perjuicio de la banca oficial, de la que obtuvo, en tiempos menemistas, créditos por más de US$ 150 millones y que jamás devolvió.

Aún así, la medida de no innovar que dictó Chumbita no impidió que el grupo Yoma insistiera y lograra 15 meses después que otro juez, en otra causa, les entregara la mayor parte del dinero: el 16 de julio de 2002 Liporace libró un cheque por 8.544.050 de pesos, ya que entendió que sólo el dinero restante -cerca de $ 2,7 millones- era debatido por la AFIP por un supuesto doble reintegro.

Para entonces la AFIP no había concluido su informe para determinar el monto total de la pretensión fiscal en reclamo de los presuntos cobros indebidos de reintegros, que al final trepó a más de $ 6,4 millones.

Pizzatelli, Hornos y Grabivker cargaron contra Liporace, cuya resolución incluyó “graves e injustificadas inobservancias” y provocó “una inexplicable violación del derecho de defensa en juicio” para el Estado.

La Sala B también destacó que Liporace no fundó debidamente la resolución con que autorizó el pago a los Yoma y demoró su notificación a la AFIP, negó el efecto suspensivo a las apelaciones del fisco, y pasó por encima de las leyes concursales y de una medida cautelar, con lo que “tornó muy probable la imposibilidad de recuperar el dinero” entregado.

Por todo eso, los camaristas concluyeron que “la forma irregular de proceder y de resolver superan una cuestión de mero criterio y permiten suponer la probable comisión de un hecho ilícito que deberá ser investigado por el juez competente”, que podrían configurar “la posible comisión de delitos de acción pública”.

LA NACION intentó comunicarse con Guillermo Yoma en La Rioja, lo que no fue posible. La curtiembre trabaja ahora a pleno en Nonogasta