EL HIJO DE MASSERA SE NEGÓ A DECLARAR ANTE LA JUSTICIA

Eduardo Enrique Massera aseguró esta tarde ante la Justicia que ya fue investigado anteriormente por el robo de bienes de desaparecidos y no aceptó contestar las preguntas del Tribunal.

El hijo del ex almirante Eduardo Emilio Massera fue indagado por el juez federal Sergio Torres, quien lo acusa de haberse apropiado de tierras que pertenecían a un grupo de personas secuestradas durante la última dictadura militar. Massera (h), que fue detenido ayer, se encuentra alojado en el Departamento Central de Policía.

Más temprano, tres militares retirados involucrados en esos hechos se negaron a declarar como imputados en la causa, según consignaron fuentes judiciales.

En este sentido, detallaron que quienes se negaron a declarar esta mañana ante el magistrado fueron los represores Jorge ‘el Tigre’ Acosta y Jorge Rádice -quienes ya se encuentran detenidos por violaciones a los derechos humanos- y Carlos Pazó, quien quedó detenido tras el trámite de indagatoria.

Otros tres imputados en la causa que investiga el apoderamiento de bienes de personas secuestradas y luego desaparecidas en la última dictadura (Alberto Menotti, Jorge Perrén y Pedro Velazco) deberán prestar hoy declaración indagatoria ante el juez Torres.

Torres tramita dos sumarios por los delitos de privación ilegal de la libertad, sustracción de bienes y falsificación de documentos.

En uno de ellos, con la intervención del secretario Cristian Barrita, se investigan los ilícitos que tuvieron como víctimas a Conrado Gómez, Victorio Cerrutti, Omar Masera Picolini y Horacio Palma, miembros de una sociedad que, entre otros bienes, poseía terrenos en la zona de Chacras de Coria, en Mendoza.

Los campos, luego de varias transacciones, habrían aparecido casi en su totalidad a nombre de Eduardo Enrique Massera, hijo del ex dictador.

En el otro sumario, que se instruye en la secretaría de Diego Slupsky, figuran como imputados Acosta, Rádice y Pazó, y tiene entre los damnificados a Marcelo Camilo Hernández, Jorge Munetta, Mercedes Inés Carazo y Nilda Noemí Actis Gorreta, quienes estuvieron en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA.

En la mayoría de los casos, según los testimonios obtenidos en las pesquisas, se obligaba a los detenidos a firmar documentos para la transmisión de bienes registrables o se les sustraían valores de sus domicilios.

Munetta habría perdido un departamento en la avenida Belgrano 1651 de esta capital, que se registró a nombre de Juan Héctor Ríos, la identidad que, se sospecha, utilizó Rádice para concretar el desapoderamiento.

Hernández dijo haber sido torturado en dependencias de la ESMA y que por los tormentos que recibió proporcionó datos de su domicilio donde, de acuerdo a esa versión, le sustrajeron 500.000 dólares.

En tanto, a Actis Gorreta le hicieron firmar, en una escribanía, dos poderes que permitían la venta de inmuebles de su propiedad, ubicados en la ciudad de La Plata, sin que se pudiera determinar qué pasó con el producto de esa venta.

Carazo sufrió el robo, entre otros valores, de una biblioteca, que, según constancias de la causa, fue instalada en las oficinas de Acosta.