EL INTENDENTE DICE QUE NO RECIBIÓ DE LA PROVINCIA EL PROYECTO PARA HACER LA ALCAIDÍA

“No se recibió en forma oficial ningún proyecto referido a la construcción de la alcaidía”, aseguró ayer el intendente Miguel Lifschitz. Es que el avance del gobierno provincial en la licitación para la construcción de una cárcel en los terrenos ubicados detrás de la Jefatura de Policía (Ovidio Lagos 5250) desató la oposición de los vecinos que quieren tener allí un espacio verde. Lo cierto es que la provincia quiere avanzar con el proyecto, pero para eso necesita que el Concejo Municipal apruebe el cambio de uso para esos terrenos. Mientras tanto, por lo menos tres bloques políticos del Palacio Vasallo no están de acuerdo con permitir la construcción de la alcaidía en ese sitio. El intendente, por su parte, afirmó estar “dispuesto a buscar soluciones”, pero aclaró que “hay una contradicción entre la ordenanza que fija ese sector como espacio verde y la posibilidad de hacer allí un área de detención”. Y el gobernador Jorge Obeid dijo que “hay que dialogar con los vecinos para encontrar una salida porque la alcaidía es necesaria”.

El conflicto se desató cuando esta semana el gobierno provincial abrió los sobres de la licitación con las ofertas económicas de siete empresas interesadas en llevar adelante la obra. La noticia provocó el reclamo de los vecinos que no sólo se oponen a la construcción de la alcaidía en el barrio, sino que además aseguran que nunca fueron consultados.

Lo cierto es que en 2000, cuando la provincia cedió allí parte de los terrenos para la apertura de avenida Francia, el entonces intendente Hermes Binner había firmado un compromiso en favor de la construcción de una alcaidía. Pero el Concejo Municipal había determinado que ese área de la ciudad debía ser destinada a espacio verde, por lo que ahora debería modificarse esa ordenanza para poder llevar adelante la obra.

En ese sentido, el intendente Lifschitz dijo estar de acuerdo con la construcción de un espacio para los detenidos que aún no tienen condena firme, pero aclaró: “Primero hay que hacer un análisis técnico, urbanístico y social del área. Pero además hoy hay una ordenanza vigente y cualquier modificación debe ser autorizada por el Concejo Municipal”. Es más, de 2000 a esta parte, ni el ex intendente Binner ni Lifschitz presentaron en el Concejo las gestiones para cambiar los usos de esos terrenos. Y la provincia, por su parte, tampoco envió al municipio el proyecto.

El que se manifestó dispuesto a dialogar con los vecinos de la zona fue el gobernador Obeid. “La solución al problema de los presos en las comisarías son las alcaidías, sé que muchos vecinos se manifiestan en contra, pero vamos a reunirnos con ellos y conversar porque estas cuestiones no se resuelven imponiendo cosas”, aseguró.

Es más, el mandatario provincial insistió en que “el diálogo es la única salida porque todo el mundo pide cárceles pero nadie las quiere en su pueblo; y todos reclaman sacar a los presos de las comisarías, pero nadie los quiere en su barrio. Hay que hablar”.

Críticas al intendente
En cambio, quien salió con los tapones de punta contra la Municipalidad fue el presidente del Concejo Municipal, Agustín Rossi. “Acá la gran falta es del Ejecutivo municipal que se había comprometido a facilitar la construcción de una alcaidía, pero no lo hicieron”, protestó el edil justicialista.

Rossi señaló además, que “la provincia le daba las tierras al municipio para abrir Francia, pero se reservaba la posibilidad de hacer allí la alcaidía. Entonces, es el Ejecutivo municipal el que actúa con un alto grado de hipocresía porque no pueden decir que no sabían nada”.

El director del Servicio Penitenciario Provincial, Fernando Rosúa, fue quien aseguró que la Municipalidad estaba al tanto de los avances del proyecto, tal es así que comentó: “La semana pasada estuve reunido con el secretario de Gobierno, (Juan Carlos) Zabalza, por este tema y no se planteó ningún inconveniente”.

Lo cierto es que para poder construir allí la alcaidía es necesario que el Concejo Municipal modifique el Código Urbano para poder cambiar los usos de esos terrenos, pero ayer fueron varios los miembros del Palacio Vasallo que se mostraron reacios a dar su visto bueno.

Es que tanto el oficialismo como los bloques radicales y el ARI no ven con buenos ojos la construcción de una unidad penitenciaria en esa zona de la ciudad, mientras que otros ediles todavía aseguran que es necesario “evaluar” el tema.

Pero sí quieren saber cuál es la situación. Por eso, durante la sesión de ayer aprobaron solicitar la presencia del ministro de Gobierno provincial, Roberto Rosúa, y de representantes del Ejecutivo Municipal en el Concejo para que brinden precisiones sobre la cuestión. Y a la vez solicitaron a la Intendencia que remita un informe con toda la documentación existente sobre el tema.