EL JUEZ BARBERO ENCONTRÓ CONSTANCIAS DE QUE DOS POLICÍAS USARON AMETRALLADORAS

Luego de los sobreseimientos de ocho policías de la Brigada de Drogas Peligrosas en abril del año pasado, la causa por la muerte de Rubén Pereyra, la noche del 20 de diciembre de 2001 en barrio Las Flores, parecía naufragar. Hasta que, revisando documentos de otro expediente por lesiones graves, el juez Osvaldo Barbero descubrió una constancia del memorándum del Cuerpo de Guardia de Infantería (CGI) donde dice que aquella jornada trágica un sargento “al enfrentarse con militantes de una villa vació los dos cargadores de la FMK3 Nº 18.566, de veinticinco unidades cada uno”. La armería le repuso la misma cantidad y además quedó asentado que otro policía había disparado treinta proyectiles con otra ametralladora, la número 18.052.

Hasta ahora se desconocía que armas de semejante poder hubieran sido utilizadas por la policía para los operativos del 19 y el 20 de diciembre de 2001 en Rosario. El juez Barbero quiere saber si hay alguna relación entre las ametralladoras y la bala que mató a Pereyra, que era de grueso calibre.

En el juzgado estaban enterados de que el CGI fue asignado aquellos días a patrullar el barrio Las Flores. Por eso pidieron copias del libro de guardia a través de la División Judiciales de la UR II. Esta sección, encargada de investigar casos en los que hay policías involucrados, contestó que la mayoría de la documentación solicitada ya había sido remitida a Tribunales. El magistrado amplió el requerimiento al CGI, pero aún no ha recibido respuesta.

La hipótesis judicial sostiene que a Pereyra lo balearon cuando cruzaba un puentecito sobre una zanja, desde la autopista Rosario-Buenos Aires hacia la primera línea de viviendas del barrio donde residía con su familia. Según fuentes de la investigación, el joven cargaba una caja al hombro y en un instante fatal se puso de costado, quizás para mirar lo que sucedía detrás (presuntamente un grupo de personas estaba saqueando un camión). Un proyectil que nunca fue encontrado lo atravesó: la autopsia demostró que pasó por su dedo, luego por el brazo y finalmente por el tórax de lado a lado. El informe describe el diámetro de la herida: doce milímetros. Posteriores pericias de planimetría establecieron que el disparo había provenido de una distancia de entre veinticinco y treinta metros.

“Todos estos datos permitieron concluir que la bala era de grueso calibre, ya que una pistola 9 milímetros generalmente no deja una herida tan grande”, explicó un investigador. Los únicos policías con armamento pesado en el momento y el lugar en el que fue abatido Pereyra eran los de Drogas Peligrosas, siguió la fuente, que tenían por lo menos un Fal (fusil automático) y estaban apostados en la avenida Circunvalación.
Por eso fueron indagados por homicidio ocho miembros de la fuerza, incluido un comisario. Pero el 31 de diciembre de 2002 todos se beneficiaron con un falta de mérito. Como se cumplieron los plazos y el tribunal no recogió pruebas en su contra, en abril de 2003 resultaron sobreseídos, es decir completamente desvinculados.

La foja 202 de la causa Nº 2129/01 introduce un cambio en esta compleja pesquisa: allí figura un descubrimiento que surgió de examinar el libro de guardia de la armería del CGI, secuestrado en el marco del expediente Nº 770/02. Esta investigación se inició por las lesiones graves con arma de fuego sufridas por un particular, también durante la represión. Todavía carece de imputados individualizados y forma parte de la serie de por lo menos veinte denuncias de lesiones registradas, se presume, como consecuencia del accionar policial.

En el libro de guardia, pues, se observó un asiento del 20 de diciembre que reza: “1.40. Se presenta el sargento XX (la identidad no se revela a pedido de la fuente, para no perjudicar la investigación) quien da cuenta de que al enfrentarse con militantes de una villa vació los dos cargadores de la FMK3 Nº 18.566 de 25 unidades cada uno. Se le repone los 50 proyectiles siguiendo con la misma arma y la FMK3 Nº 18.052 disparó 30 por XY (las iniciales también son ficticias)”.

El 29 de octubre pasado el juez Barbero, “teniendo en cuenta que el CGI montó un cerco perimetral alrededor del barrio Las Flores”, pidió copias del libro de guardia de esa repartición y hojas de ruta de los móviles asignados en jurisdicción de la subcomisaría 19ª los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2001. Como ya se dijo, la información completa aún no ha sido remitida.

La hipótesis que por estos días manejan los investigadores es que Pereyra estaba en la autopista, junto a un grupo de vecinos, en derredor de un vehículo de transporte de mercaderías. Pero la policía nunca determinó si había existido un saqueo y quién había sido la víctima. Tampoco encontró ninguna cápsula servida en la zona, por eso el fusil FAL no fue sometido a peritajes. “Si uno o varios transportistas fueron saqueados es muy probable que hayan radicado la denuncia para cobrar el seguro”, se esperanzó un funcionario.

En esa línea investigativa fue solicitado a la oficina NN un informe de las causas sobre delitos contra la propiedad a vehículos de transporte en la autopista Rosario- Buenos Aires y las inmediaciones de la avenida Circunvalación. El 26 de noviembre el fiscal Andrés Bossio respondió que registra dos denuncias, una por sustracción de mercaderías transportadas por una empresa, y otra a un comercio del barrio. Ambos expedientes ya fueron archivados pero el juez Barbero los mandará a buscar, anticiparon en Tribunales.

UNA MARCHA PARA RECORDAR A POCHO LEPRATI

Integrantes de organismos de defensa de los derechos humanos recordaron ayer con una marcha a Claudio Pocho Lepratti, el militante muerto por la policía en diciembre de 2001. Pocho, que desempañaba tareas de catequista y colaboraba en el comedor escolar de una escuela del barrio Las Flores, fue asesinado cuando desde la terraza del establecimiento pedía que no dispararan hacia el edificio, donde estaban los niños. Hoy a las 10 continúa el programa de actos con una marcha que parte a las 10 de Tribunales y continúa a las 18 con otra marcha que parte desde la plaza 25 de Mayo y culmina en la plaza San Martín, donde tendrá lugar el acto central para recordar a las víctimas de la represión de diciembre de 2001.

HECHO POCO CLARO POR UN CAMBIO DE ESCENARIOS

Rubén Pereyra tenía 20 años cuando cayó herido la noche del 20 de diciembre de 2001. Un vecino lo auxilió, llevándolo hacia el interior del barrio, pero pronto el joven falleció en el hospital Roque Sáenz Peña. Eran las horas iniciales de los hechos que provocaron en la provincia la muerte de siete personas durante protestas populares en demanda de alimentos reprimidas por la policía, disturbios similares en otros puntos del país y la posterior renuncia del presidente Fernando de la Rúa tras una movilización y saqueos en la Capital Federal.

Pereyra, padre de una nena de dos años, habría quedado en medio de una balacera entre un grupo de civiles y la policía, por eso en un momento se barajó que lo había abatido un particular. Pero más allá de quien sea el responsable, si existió tal enfrentamiento al juzgado no llegaron cápsulas ni restos de proyectiles.

En ese sentido, la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos de diciembre de 2001 denunció hace dos años que la pesquisa policial se realizó en la intersección de las calles Flor de Nácar y Hortensia, donde fue trasladada la víctima desde la autopista a Buenos Aires, donde había caído herido. Al centrarse la investigación en un lugar distinto al de la ocurrencia del homicidio se obstaculizaron y frustraron las posibilidades de su aclaración, planteó el organismo. ¿Por qué se produjo esta confusión, si en su primera declaración testimonial, de fecha 20 de diciembre, la pareja de la víctima manifestó: “Una vecina me dice que a mi concubino lo habían baleado en la ruta porque estaba saqueando”?
Dos días después del asesinato este diario habló con un tío de Pereyra, Carlos Andino. “Hacía changas con un carrito y ese día fue a saquear. La última vez que lo vi estaba en su casa con unos amigos”, dijo.

Minutos después Rubén Pereyra encontró la muerte. Y luego de tres años la Justicia todavía no halló al asesino.