El juez Carbone sigue recibiendo denuncias de robo de electricidad en Rosario

El juez de Instrucción Nº9 Carlos Carbone recibió en las últimas dos semanas una catarata de denuncias por robo de energía y fraude a la administración pública y a los clientes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que pagan sus facturas. Las acusaciones podrían motivar nuevos allanamientos y detenciones en el marco de la Operación Cangrejo, que ya produjo una veintena de imputados y detenidos, y más de medio centenar de sospechosos, según anticiparon distintas fuentes a La Capital."Las denuncias provienen en gran parte de la propia EPE, pero también hay muchas hechas por los vecinos de los que se enganchan o tocan el medidor", abundó uno de los investigadores."El juez está evaluando el tenor y la veracidad de las denuncias y, si hay algunas que justifiquen nuevos procedimientos, ordenará las actuaciones", confió uno de los interlocutores."El tema más controvertido es la prueba porque uno puede tener muchas denuncias, pero si no puede colectarlas, la cuestión queda en una anécdota", advirtió uno de los sabuesos.En este sentido, una de las fuentes consultadas, y que prefirieron no identificarse, reveló que "hay mucha gente que ha hecho denuncias anónimas por robo de energía eléctrica, pero el juez debe evaluar la veracidad de las mismas. Porque también puede haber casos de alguien que llame para denunciar a una persona a la que le tiene bronca".Sorprendidos in fraganti "El robo de energía ha alcanzado tal nivel que se calcula que entre un cinco y un diez por ciento de la población de Rosario comete algún tipo de delito con la luz, ya sea porque tiene un cangrejo -un aparato que marca menos kilovatios en el medidor y que dio nombre a esta investigación- o porque directamente están enganchados a la red como casi todo el mundo en zonas más precarias", sorprendió un allegado a la causa.Así fueron sorprendidos los empresarios Miguel Angel Rodríguez y Claudio López, los titulares de la fábrica de pastas Capriana, en otro de los casos emblemáticos del perfil de comerciantes y propietarios imputados de fraude a la administración pública y a los clientes de la EPE, luego de la Operación Cangrejo.Junto a ellos se hallan los casos testigo de Manuel García, a cargo de dos locales del coqueto restobar Puerto del Aire, en La Florida, y de Marcelo Valenti, dueño de la parrilla La Tablita, de bulevar Rondeau 1180.La mayoría de los imputados son comerciantes y propietarios de clase media y media alta, en contraposición con el lugar común que adjudica con exclusividad este tipo de robo a los estigmatizados habitantes de las villas miseria que se enganchan.La veintena de acusados de sobornar a cuatro inspectores de la empresa o a un electricista particular para engancharse a la red, desengancharse de ella o instalar un sofisticado mecanismo de retardo del cómputo del consumo de energía, van desde grandes comercios a negocios de barrio y desde casas elegantes -con frentes de ladrillos vistos, tejas francesas y equipos de aire acondicionado- hasta típicas viviendas de clase media ubicadas en las zonas norte y oeste de Rosario, así como en Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez.Pastas Capriana, uno de los negocios involucrados, ocupa un amplísimo y moderno local en el corazón del barrio San Francisquito, en Iriondo 2947, con un frente revestido con piedras blancas, un gran toldo rojo y blanco, y un sugerente eslogan pintado en la parte superior: "La pasta por su nombre".Otro hecho sorprendente es el del restobar Puerto del Aire, ubicado en la cotizada barranca sobre la avenida Costanera, en La Florida -justamente uno de los lugares más caros de la ciudad que ahora pagaría más por la Tasa General de Inmuebles-, donde el 60 por ciento de las facturas de luz se transformaban literalmente en parte del aire.De comercios y particulares El robo de energía no se limita en esta causa a firmas de renombre sino que alcanza también a comercios más chicos pero muy bien ubicados, como la rotisería Good Food, que ocupa un amplio local con el frente pintado de verde flúo y violeta, donde anuncia ofertas de "pizzanesas", en la avenida Alberdi 1042.En realidad, los inspectores de fraude de la EPE -que cobraban entre 500 y 200 pesos por trabajito- tampoco se fijaban en gastos a la hora de elegir clientes, al extremo que sumaban comercios más chicos, como la panadería y fábrica de pastas de frente verde clarito, situada en Vieytes 3050 y 3054, en el humilde barrio Nuevo Alberdi, a un costado de la avenida de Circunvalación.Sin llegar a ser la "mansión" que describieron en Tribunales, la casa de Graciela Esther Scharr, situada en Reconquista 1120, en pleno barrio de Arroyito, es un buen inmueble de clase media acomodada, con frente de ladrillos vistos, tejas, y aberturas verdes, en una de las pruebas palmarias del buen pasar de la mayoría de los imputados en la causa.Otro caso de una típica casa de clase media es la de Juan Carlos Barbulo, que vive en Chubut 2482, de Granadero Baigorria, en una vivienda de ladrillos vistos y tejas, y un amplio terreno.En este segmento también se ubica el departamento de Viamonte 51, primer piso B, en un característico edificio de dos plantas sin ascensor, ubicado en el barrio República de la Sexta.La investigación del juez Carbone comenzó hace alrededor de un año cuando en la propia EPE sospecharon de la efectividad de la defensa contra el fraude del grupo de trabajo integrado por el jefe Pedro Catizone y los técnicos Juan Carlos Spetale, Humberto Muriel y Daniel Ferrari -que contaba con la ayuda del electricista Angel Colazo-. El magistrado llegó a establecer que los nombrados formaban una asociación ilícita y produjo una veintena de detenidos e imputados. Ahora la investigación amenaza con extenderse a otro gran número de empresas y domicilios particulares acusados de fraude a la administración pública, a la Empresa Provincial de la Energía y, sobre todo, a los clientes que pagan sacrificada y puntualmente las boletas de la luz.