EL JUEZ CREUS PREPARA LA RESOLUCIÓN DE LA CAUSA ROGGIANO

Apenas termine la feria judicial -esto ocurrirá el lunes próximo- se espera que el juez de Sentencia, Sebastián Creus, dé a conocer su decisión con respecto a Julio César Rogiano, el ex juez de Menores de Santa Fe que permanece detenido desde el 8 de mayo del año pasado, cuando fue apresado en medio de un operativo policial realizado en pleno centro de la ciudad.

A pesar de la feria en Tribunales, Creus viene redactando los últimos detalles a esta sentencia que tendrá alto impacto público, sobre todo teniendo en cuenta el polémico perfil de Rogiano que, durante estos 14 meses de detención, optó por guardar absoluto silencio.

El ex magistrado fue apresado el jueves 8 de mayo de 2003 por el presunto cobro de una suma de dinero a cambio de dejar en libertad a un menor (de 17 años) que se encontraba detenido. En ese momento, la policía también detuvo a María del Carmen Leonardi, quien mantenía una relación con Rogiano y recibió dinero previamente marcado por la policía.

El caso recayó en manos del juez de Instrucción Diego De la Torre, quien ordenó la detención de ambos por el presunto delito de cohecho agravado, no excarcelable.

En aquel momento surgió una verdadera polémica, sustentada sobre todo por aquellos que pusieron en duda la legalidad de las medidas que iba tomando De la Torre, teniendo en cuenta que Rogiano gozaba de fueros como magistrado. Sin embargo, la defensa del ex juez pareció no ir a fondo con esta estrategia para lograr la liberación de su cliente.

Pero las cosas se complicaron todavía más cuando Rogiano fue denunciado por el posible delito de estafa, pues se habría quedado con 3.000 pesos donados por la Asociación de Jueces de Menores de la República Argentina al padre Edelmiro Gasparoto, para que el sacerdote dispusiera del dinero con el fin de ayudar a víctimas de la inundación.

LA ESTRATEGIA DE DEFENSA

Desde un primer momento, la principal estrategia de la defensa de Rogiano con relación al primer hecho pareció perfilada a convencer a la Justicia de que, en caso de que hubiera existido delito, éste no se encuadra en la figura de cohecho agravado, sino que se trató de una exacción ilegal.

¿Cuál es la diferencia? Por un lado, el cohecho agravado es un delito no excarcelable, mientras que la exacción ilegal le permitiría a Rogiano recuperar su libertad.

Pero por otro lado, en su presentación del 27 de abril pasado el abogado Hugo Musuruana remarcó que, para que exista el delito de cohecho, debe haber “un verdadero pacto o acuerdo doloso entre quien da y quien recibe o acepta”. Para la defensa dicho pacto no existió, por lo que el presunto delito se encuadraría como “exacción ilegal, que puede cometerse mediante requerimiento unilateral y que concluye con el abuso de autoridad por esa mera exigencia”. Básicamente, el cohecho es un delito en el cual participan dos partes. Ambas protagonizan una conducta dolosa tendiente a un fin ilegal a partir de un acuerdo en común.

Sin embargo, en la exacción ilegal aparece una parte que exige y otra que se ve obligada a llevar adelante la conducta exigida, presionada por las circunstancias.

La defensa de Rogiano insiste en que, si hubo delito, se trató de exacción ilegal, pues de hecho el ex juez habría solicitado dinero y la otra parte se vio obligada a entregárselo. Un dato que reflejaría que no hubo acuerdo entre las partes radica en que la víctima denunció la maniobra y por ese motivo el ex magistrado terminó detenido.

Con respecto al supuesto delito de estafa, el juez Sebastián Creus debe determinar si existió o no una conducta ilegal. La defensa de Rogiano insiste en que el ex juez no dispuso de ese dinero, sino que lo guardó en su juzgado para luego entregarlo al padre Gasparoto. “La tipicidad de la acción delictiva no es la simple tenencia de la cosa… El imputado no utilizó el dinero sino que, por el contrario, lo guardó en una caja fuerte”, remarcó el abogado de Rogiano en su descargo.