EL JUEZ SE CENTRARÁ EN LA RUTA DEL DINERO
La ruta del dinero para el pago de coimas será a partir de hoy la obsesión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que ordenará un paquete de medidas de prueba para corroborar la veracidad del relato de Mario Pontaquarto, el ex secretario parlamentario del Senado que el viernes pasado admitió haber distribuido 5 millones de pesos para la aprobación de la ley de reforma laboral, en abril de 2000.
Lo primero que hará el juez será analizar el papel que Pontaquarto, de acuerdo con lo que prometió durante su declaración judicial, aportará hoy al expediente, donde figuran, dijo, los nombres de los senadores justicialistas que cobraron por votar la polémica ley y el monto que recibió cada uno.
El colaborador del ex presidente provisional del Senado José Genoud afirmó que, por orden del entonces presidente, Fernando de la Rúa, más de seis senadores justicialistas cobraron entre 300.000 y 50.000 pesos cada uno, y que su propio jefe y el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, se repartieron 700.000 pesos.
“Ponta (así le decían al secretario parlamentario), esto (el papel) es para tu control”, le dijo, al recibirlo en su departamento, el entonces senador Emilio Cantarero (PJ-Salta), luego de que Pontaquarto le entregara el dinero, siempre según el presunto arrepentido.
En su declaración indagatoria, Pontaquarto señaló que en el papel figuraban los nombres “Choclo” (sobrenombre de Augusto Alasino), “Beto” (Alberto Tell), Remo (nombre de pila del ex senador Constanzo), Julio (San Millán), Gioja (José Luis), Raijer (Beatriz) y otros que no recordaba.
Canicoba Corral ordenará que peritos caligráficos y mecanográficos analicen el papel, verifiquen la antigüedad de la tinta, intenten determinar con qué máquina de escribir o impresora se tipearon los nombres y quién o quiénes escribieron a mano las cifras al lado de cada nombre.
Así lo indicaron a LA NACION dos allegados al magistrado, que detallaron que la estrategia de la pesquisa será “reconstruir paso a paso el relato del arrepentido para encontrar pruebas que avalen su declaración”.
Canicoba Corral tiene previsto ordenar otras medidas en la misma dirección. Entre ellas, ampliar el entrecruzamiento de los teléfonos de Pontaquarto, para que alcance a todos los senadores y funcionarios sospechados, y obtener la declaración de Gladys Mota, asistente del entonces secretario de Inteligencia, Fernando de Santibañes, involucrada en el relato.
“Tenemos una historia completa, que cierra; ahora faltan pruebas, porque puede haber diez testimonios que digan lo contrario”, analizó un funcionario cercano a Canicoba Corral.
Por todo esto, cobran particular importancia los datos que surjan de los cruces telefónicos ya ordenados por su colega Norberto Oyarbide, que lo reemplazó durante su licencia.
Citaciones
Una vez verificadas las principales aseveraciones de Pontaquarto, el magistrado ordenará entonces que todos los imputados en la causa amplíen sus respectivas declaraciones indagatorias y, en caso de contradicciones entre ellos o con el ex colaborador de Genoud, citará a nuevos careos, anticiparon a LA NACION dos colaboradores de Canicoba Corral.
El expediente también podría reflejar otras declaraciones decisivas si admiten pedidos de la Fiscalía Federal y la Oficina Anticorrupción (OA): las ampliaciones de Pontaquarto, de Santibañes y de Flamarique, y la primera indagatoria al ex presidente Fernando de la Rúa.”Difícilmente se cite a De la Rúa esta semana”, anticipó una alta fuente del juzgado.
Cerca del fiscal Eduardo Freiler piensan, en cambio, que lo ideal para que la causa avance sería que el juez “indague y procese” cuanto antes. “Si hay voluntad, están dadas las condiciones para elevar la causa a juicio oral el año que viene”, dijo un funcionario de la fiscalía.
El delito que se investiga es el de cohecho, que prevé una pena de 6 meses a 6 años de prisión, por lo que se sabe que, incluso si hubiera procesamientos, ninguno de los implicados iría preso hasta después del juicio oral.
Los investigadores de la causa también requerirán que se cite a Antonio Martín Fraga Mancini, en la época secretario del senador justicialista Constanzo, que Pontaquarto afirmó que analizaba “blanquear la situación”.
Fraga Mancini ya declaró en el expediente en noviembre de 2001 y la Cámara Federal confirmó la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo, pese a la apelación de los fiscales Freiler y Federico Delgado, que no descartan que el ex secretario de Constanzo pueda “quebrarse”.
La OA solicitará hoy que se ubique y cite a declarar al hombre que estuvo en la bóveda de la SIDE junto con Pontaquarto, lo ayudó a retirar los 5.000.000 de pesos para pagar las coimas y lo escoltó hasta el Senado, detallaron a LA NACION fuentes cercanas al titular de la OA, Daniel Morín.
La OA y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA) redoblarán la investigación “hacia dentro de la SIDE”, anticiparon a LA NACION dos altos funcionarios de esos organismos.
La FNIA, “a la responsabilidad interna de los funcionarios”; la OA apunta, en particular, al ex director de Finanzas de los espías, Juan Gallea, pero también requerirá información sobre las entradas y salidas de automóviles del garaje de la SIDE el 18 de abril de 2000, sobre las constancias de salida de dinero en efectivo en abril y sobre las filmaciones de la bóveda del cuartel central de los espías.
La OA también requerirá hoy que cite a declarar al chofer de Genoud, a la luz de los dichos de Pontaquarto sobre la conversación que mantuvieron ambos tras la reunión decisiva con De la Rúa en la Casa Rosada, cuando el ex presidente ordenó “arreglar las cosas con Santibañes”.
Los elementos de la investigación
El ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto admitió haber colaborado en el pago de coimas para la aprobación de la ley de reforma laboral, en abril de 2000. El ex colaborador de José Genoud detalló que, tras una reunión de la que participaron su jefe, el entonces presidente Fernando de la Rúa, y Augusto Alasino y Alberto Tell, en la época senadores por el justicialismo, retiró 5 millones de pesos de la sede de la SIDE y los entregó al entonces senador Emilio Cantarero, que le dijo que distribuiría el dinero entre sus compañeros de bancada. Pontaquarto dijo que le dio 700.000 pesos al entonces presidente provisional del Senado, José Genoud, que precisó que los repartiría con ministro de Trabajo Alberto Flamarique.
Los informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realizados en 2000, cuando el actual canciller, Rafael Bielsa, encabezaba el organismo, revelaron severas irregularidades administrativas en la SIDE y pusieron al descubierto una extracción de dinero días antes de la aprobación de la polémica ley. El escrito de la Sigen indica que entre el 11 y el 13 de abril, 23 días antes de que el Senado votara la ley, la SIDE había retirado de tres cuentas secretas del Banco Nación en Nueva York dos cheques por 6,5 millones de pesos.
Un sumario interno de la SIDE, elaborado durante la gestión de Sergio Acevedo, comprobaría que Pontaquarto ingresó en el edificio días antes y después del pago de los sobornos.
El juez buscará determinar si, desde su teléfono celular, Pontaquuarto habló con el justicialista Remo Constanzo, durante la negociación por las coimas.
Se estudiará el papel que Emilio Cantarero le entregó a Pontaquarto, en el que se detallaba quiénes y cuánto habían cobrado.
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