EL JUEZ SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA LLEVAR ADELANTE LA CAUSA

El juez correccional Raúl Candioti se declaró incompetente para seguir investigando las irregularidades en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. El magistrado dispuso girar las actuaciones a la Justicia de instrucción para que determine si en el caso hay responsabilidades penales.

Por esta causa se encuentran procesadas la ex contadora general de la Caja, Silvia Muesati de Borga, y la ex tesorera general, Norma Previale de Gaineddu, por los posibles delitos de omisiones funcionales reiteradas y malversación de caudales públicos en concurso ideal con exceso funcional por abuso de autoridad en forma reiterada. También están implicados, entre otros, el ex titular de la repartición, Edgar Lucca, y los ex funcionarios Jorge Fiasconaro, Liliana Sonia López, Mónica Clara Martínez, Rubén Carlos Ringa y Eduardo Luis Michaut.

El Tribunal de Cuentas de la provincia intimó a Muesati y Previale a que reintegraran la suma de 77.446.150 pesos, dinero faltante del organismo acerca del cual no se cuenta con comprobantes y, de acuerdo a la ley de contabilidad, los agentes a quienes se les haya confiado valores deben rendir cuenta de la gestión.

Candioti determina en su fallo que es “evidente que la posible sustracción de ese importe y la desaparición de documentación podrían agravar la imputación” de las procesadas, y que llegado el caso “podría atrapar a otros imputados-procesados en la presente causa, que se encuadrarían ahora en ilícitos penales que escaparían a la competencia de los juzgados correccionales”. La Justicia correccional sólo atiende casos con penas máximas menores de tres años y ese es el motivo por el que el magistrado remitió la causa a la Justicia penal.

Candioti había requerido al Tribunal de Cuentas que se establezca una comparación entre el estado económico y financiero de la Caja desde 1998 y 1999 con la situación actual, para lo cual remitió copias de los balances del organismo correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002.

El magistrado requirió información que permitiese establecer “en qué grado se adapta el funcionamiento, las rendiciones de cuentas y los balances” con la legislación vigente. La documental establece que los balances determinan que la Caja “tuvo un déficit decreciente durante los años 1999, 2000 y 2001”, de $ 60.288.374,97; $ 22.687.883,94 y $6.853.180,02, respectivamente, mientras que el ejercicio 2002 arroja un superávit de 13.646.883,71 pesos.

Hasta el 2000 no se presentaban balances y se realizaban ejecuciones presupuestarias. En su presentación el magistrado requiere que se determine si existe planificación estratégica, coordinación entre organismos, si se impulsa una cultura previsional y cómo se ha capacitado al personal que desempeña tareas en la Caja.

Pregunta además si existe un diseño integral de los sistemas informáticos “que sea plenamente seguro, que incluya la ejecución de cálculos de las actuaciones y una total transparencia de toda la gestión que permita a cada aportante-contribuyente estar seguro de que la tarea de previsión social que se desarrolla en el organismo tiene corelato con el marco legal-reglamentario y es eficiente”.