EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

En el marco del ciclo de Paneles Debate Pensando la ciudad: una agenda abierta para cambiar Santa Fe, disertó ayer en la ciudad el doctor Roberto Saba sobre el libre acceso a la información pública.

El profesional es uno de los autores de la Ley de Libertad de Acceso a la Información Pública vigente en la ciudad autónoma de Buenos Aires y vino a la capital provincial convocado por el Centro de Estudios Proyecto Santa Fe y el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR).

Saba es un reconocido abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Derecho de la Universidad de Yale y uno de los impulsores de la Fundación Poder Ciudadano. También brindó asesoramiento a nivel internacional y participó en la elaboración de informes solicitados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en relación a reformas en la Justicia y políticas anticorrupción.

El profesional vino a Santa Fe con el objeto de contribuir al debate que existe en la provincia y en la ciudad sobre una ley de acceso a la información y trasmitir parte de su experiencia en la Asociación por los Derechos Civiles, donde se promueve desde hace tiempo el derecho a la información.

LOS BENEFICIOS DE LA LEY

En diálogo con Diario UNO, Roberto Saba explicó: “La ley es un instrumento útil para que las personas podamos ejercer nuestro derecho a la información y facilita el acceso a la información estableciendo un procedimiento que establezca ciertas características”.

Por ejemplo, la normativa debería incluir el reconocimiento del derecho a la información de toda persona, sin necesidad de ser ciudadano para poder pedir los datos al Gobierno.

La ley debe aclarar también que ninguna persona tiene la obligación de expresar el motivo por el cual se solicita esa información ni tampoco demostrar la afectación de un derecho subjetivo o un interés legítimo, sino que alcanza con ser una persona que habita en la provincia o en el país.

Saba consideró que la normativa tiene que establecer el principio de publicidad y algunas excepciones para negar la información en situaciones en las que se trata de proteger el derecho a la privacidad, o secretos de Estado. Fuera de esos casos especiales, siempre debe primar la publicidad de la información.

UN DERECHO DEL CIUDADANO

El abogado disertante destacó la incidencia del ámbito judicial en cuanto al libre acceso a la información y resaltó: “En la medida en que el acceso a la información está entendido como un derecho, reconocido a partir de la Constitución Nacional, por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13, el no dar información es una violación de un derecho, por la cual un ciudadano puede reclamar ante un juez”.

En relación al estado de avance de este tipo de legislación en la Argentina, Saba expresó que “la mayoría de las provincias han sancionado normativas en ese sentido, incluso hay muchas leyes a nivel municipal que han avanzado también”.

A nivel nacional, después de cuatro años de trabajo en el armado de la ley, desde las asociaciones civiles, medios de comunicación y clase política, en diciembre de 2005 el proyecto perdió estado parlamentario.

Según el abogado, no sólo en el país sino también en el continente hay una cultura del secreto que no es fácil revertir, es una costumbre instalada en los Estados de no dar información y también un hábito en los ciudadanos que no son conscientes del derecho a pedirla.

CON EL PAPEL NO ALCANZA

Saba resaltó que aún cuando haya una ley al respecto eso no será suficiente para cambiar una situación de poca transparencia en el ámbito político, sino que será necesario que la población tenga mayor conciencia de sus derechos y que comience a ejercerlo y, en última instancia, llegue a litigar por ello en los tribunales correspondientes.

En el caso puntual de la Argentina, el especialista opinó: “Uno de los principales problemas es la corrupción, que es como una especie de hongo que crece en la oscuridad, y el acceso a la información es una forma de arrojar luz a la gestión pública, ya que es una excelente estrategia de control de la corrupción”.

Para el ciudadano común, el acceso a la información sirve para la toma de decisiones, ya que también está vinculada a la cotidianeidad.