EL MAGIC HACE "MALABARES" PARA RESARCIR A LAS INDUSTRIAS INUNDADAS

El subsecretario del área, Antonio Medina, admitió que hacen “malabarismo” desde el ministerio para manejar el tema. Hay gestiones para intentar conseguir más recursos.

Mientras las empresas inundadas ya amenazan con “instalar la industria del juicio” si no reciben el resarcimiento económico que reclaman, los funcionarios provinciales aseguran estar “sumamente preocupados” y haciendo lo posible por “agilizar” los trámites.

Pero la buena voluntad no logra aplacar la elocuencia de las cifras que las propias autoridades sinceraron. En diálogo con El Litoral, el director de Industrias de la provincia, Carlos Palmero, recordó que 232 empresas denunciaron daños ante el Ministerio de la Producción por un monto de “casi 31 millones de pesos”. La evaluación oficial, en tanto, se ubica por debajo de ese monto y alcanza aproximadamente los “18 millones”.

Sin embargo, el monto que el Estado dispuso para “atender” estas pérdidas es de apenas “4 millones de pesos”, es decir, la cuarta parte de la estimación realizada por el mismo gobierno.

“Con toda sinceridad, éste es el ajuste cierto que tenemos hasta el momento. Estas son nuestras disponibilidades”, confesó por su parte el subsecretario de Industrias, Antonio Medina.

El funcionario prefirió no arriesgar pronósticos sobre los recursos que faltan. Simplemente se mostró confiado en “gestiones” que se realizan en Buenos Aires y frente a organismos internacionales de crédito para intentar obtener más dinero. “Pero esto es lo que tenemos disponible”, reiteró.

EL ESTADO DE LOS TRÁMITES

Palmero, en tanto, recordó que el proceso de denuncias tuvo dos instancias de inscripción. Según precisó, “las 138 empresas” que se anotaron en esa “primera tanda” cuentan ya con el “certificado de inundados” que necesitan para tramitar créditos o diferimientos impositivos.

Ese mismo grupo de industrias cobró ya un “anticipo de 2.500 pesos” y se concluyó la evaluación de los daños “prácticamente en un 90 por ciento”.

Frente a esas verificaciones terminadas, Palmero admitió que los fondos asignados al área industrial sólo permitirán “cubrir” entre “el 15 y 18 por ciento de los daños evaluados”.

A esas firmas cuyas inspecciones ya concluyeron se les está entregando “un anticipo del 10 por ciento” sobre el saldo final si los daños no superan los 50 mil pesos, y del 5 por ciento cuando la cifra es superior.

En cuanto a las industrias que se inscribieron en la segunda etapa, “más del 60 por ciento” está en condiciones de recibir el certificado de inundados mientras sigue “en plena evolución” el trabajo para determinar el anticipo sobre saldo.

“Creo que podemos llegar con tranquilidad a que en el mes de marzo se haga la última evaluación y pagos, y con ello, termine el operativo Industrias”, arriesgó Palmero. El funcionario recordó que el gobierno asignó 8 millones de pesos para resarcir a comercios y servicios, 4 millones para industrias y un millón para actividades no formales.

PICARDÍAS EN LA EVALUACIÓN

Ambos funcionarios coincidieron en señalar que hubo disparidad en las evaluaciones realizadas por los propios industriales.

“En promedio, los daños denunciados han resultado mayores a los verificados, pero tenemos de todo”, dijo Palmero. “No nos olvidemos -acotó- que muchas firmas empezaron a inscribirse con el agua todavía dentro de las empresas y con una presión psicológica muy grande, entonces, hay algunas que fueron demasiado generosas con la apreciación del daño; otras que estuvieron sumamente atinados con números casi rigurosos, y muchas, sobre todo las más chicas, que se quedaron por debajo de la estimación real”.

El funcionario hizo hincapié en “la seriedad” del operativo que mantiene a los equipos técnicos del ministerio “trabajando, más allá del receso administrativo”.

“No sé si el mecanismo que se eligió es el más feliz, pero sí el más riguroso, el más científico, el que más determina la veracidad de los datos. Es contra presentación de presupuestos o facturas y eso hace que el trámite sea lento pero que el número al que se llegue sea irrefutable”, sentenció.

Palmero resaltó, además, que el empresario que no esté conforme con la evaluación “podrá acceder al mecanismo y a los números, y podrá presentar su reclamo administrativo”. “Van a tener todas las satisfacciones”, destacó.

Por su parte, Medina aseguró que la intención es “trabajar con toda transparencia y la urgencia del caso, sin que esto nos lleve a cometer errores”.

Recordó que “estas son circunstancias dolorosas que tenemos que tratar de solucionar con toda la buena voluntad y con toda la capacidad que tenemos”.

“Creo que las dos partes (empresas y gobierno) estamos demostrando que nos unimos en la búsqueda de la solución a este problema y en la preocupación que crea. Este es un ministerio que está dedicando gran parte de su estructura al tema. Y estamos haciendo un poco de malabarismo para poder manejarlo”, reconoció.

PROYECTO EN DIPUTADOS PARA COMPENSAR A LAS EMPRESAS

La diputada radical Daniela Qüesta presentó un proyecto de ley que pretende incluir dentro de los beneficios otorgados a los particulares que padecieron las inundaciones, a las empresas afectadas por el fenómeno hídrico.

La vigencia de la ley nacional 25.812, complementaria de la 25.735, que oportunamente creara el Fondo de Emergencia, pone en marcha un mecanismo que el gobierno provincial debe utilizar, para acordar con la Nación sobre la base de las estimaciones que la provincia realice, cuál es el monto que necesita para poder cubrir con beneficios directos los distintos sectores afectados por la emergencia hídrica.

Qüesta recuerda que la ley nacional contempla entre los beneficiarios directos “a las actividades industriales, comerciales, agropecuarias y de servicio afectadas de manera total o parcial”.

La legisladora fundamenta el proyecto en las demoras reconocidas por las autoridades en la instrumentación de los decretos provinciales 1.804/03 y 3.387/03, que siendo los únicos que prevén una ayuda parcial para los sectores productivos, tanto de la industria, como del comercio, y de las actividades primarias o de servicio, aún ni siquiera han sido cumplimentados en su totalidad.

La legisladora resalta que la ayuda que el sector productivo ha recibido fue parcial y con cuentagotas. “La ley 12.183 excluye expresamente a dicho sector de los beneficios. Proponemos un esquema de reparación de similares características al previsto por la ley 12.183, pero específicamente dirigido al comercio, a la industria, a los servicios y a las actividades primarias, con el objeto de hacer justicia con quienes sufrieron importantes pérdidas por la emergencia y están haciendo el esfuerzo encomiable de mantener sus fuentes de trabajo” subrayó Qüesta.

A NUEVE MESES, SIN SOLUCIÓN

La Unión Industrial de Santa Fe reclamó para que se resuelvan todas las trabas burocráticas que impiden que las empresas damnificadas por la catástrofe puedan acceder a la asistencia dispuesta por las leyes oportunamente votadas.

Con el título de Basta de burocracia, la entidad dio a conocer un comunicado de prensa en el que indica que “la ley N° 25.735, promulgada el 20 de mayo de 2003 -que declaró zona de desastre a un conjunto de departamentos y localidades de nuestra provincia-, autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a conceder a los contribuyentes domiciliados en la zona de desastre, planes de pagos especiales, quitas y/o condonaciones de sus obligaciones tributarias. El pasado 8 de enero, el PE Nacional, por intermedio del decreto N° 26/2004, reglamentó dicha ley concediendo un conjunto de exenciones impositivas y fijando un plazo de 30 días para que los contribuyentes presenten la documental correspondiente. No obstante -dice la UISF-, la Afip no ha emitido la resolución que instrumente el proceso administrativo respectivo”.

En conclusión, las empresas que resultaron damnificadas por las inundaciones, a casi nueve meses de producida la catástrofe “no pueden hacer efectivas las exenciones impositivas emanadas del gobierno nacional, a pesar de que el período de desastre estipulado por la ley N° 25.735 está llegando a su finalización”.

La Unión Industrial solicita que “las autoridades nacionales, provinciales y municipales actúen inmediatamente y en conjunto para que se solucionen todas las cuestiones administrativas y legales que permitan a las empresas afectadas gozar efectivamente de las exenciones impositivas y recibir la totalidad de los subsidios comprometidos por el gobierno provincial. Por los daños sufridos y el tiempo transcurrido, es indispensable proceder con dignidad y eficacia”, concluye el comunicado institucional.