EL MANOTAZO CONTRA CASTELLANOS LLEGÓ A LA NACIÓN

Iparraguirre señala que es necesario que la Cámara de Diputados nacional exprese “una expresión de repudio y preocupación, frente a lo que a todas luces se constituye en una medida que menoscaba la libertad de expresión”.

A continuación reproducimos textualmente la propuesta del Diputado Nacional.

“La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara: Su preocupación por las circunstancias que afectan al diario Castellanos de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe y señala las consecuencias dañosas que tienen en perjuicio de la libertad de expresión, tanto las denuncias en su contra como las medidas judiciales que en función de ellas se han tomado”.

Asimismo, los fundamentos expresados por el radicalista son los siguientes:

Señor Presidente:

“El reciente embargo judicial dispuesto en la localidad de Rafaela en perjuicio del Diario Castellanos, nos obliga a requerir de la Cámara de Diputados de la Nación, una expresión de repudio y preocupación, frente a lo que a todas luces se constituye en una medida que menoscaba la libertad de expresión.

Las denuncias por parte del poder político local en perjuicio de un medio independiente, de por sí vienen significando en dicha localidad una clara persecución que busca acallar voces y limitar el derecho a la información que toda la comunidad debe tener garantizado.

Quienes asumimos la responsabilidad de ejercer la función pública, somos conscientes de que en ese desafío perdemos buena parte también de nuestra intimidad, por cuanto nuestras conductas es razonable que estén expuestas al control público, fundamentalmente a través de la información que los medios de manera objetiva deben brindar sobre hechos veraces y comprobables.

Es por ello que quien sigue la vocación política, asume un compromiso mayúsculo que abarca distintos campos, no sólo el de la gestión, sino también el de sus actos en los distintos órdenes de la vida, que deben necesariamente garantizar los parámetros éticos que merece la comunidad, ese es el sentido de todas aquellas reformas que apuntan a garantizar transparencia, información, publicidad de los actos de gobierno y también de aquellos aspectos de la vida privada de cada funcionario que están íntimamente ligados a sus patrimonios cuando están en la función pública.

En este sentido, las circunstancias que parecen haber motivado las denuncias del intendente municipal contra el medio, parecen no encontrar razonabilidad, ya que se trata de hechos públicamente denunciados incluso por legisladores municipales, admitidos por el propio ofendido y que dieron lugar a denuncias judiciales a efectos de su investigación.

De hecho que la función periodística también debe desenvolverse con suficiente responsabilidad y ética. En este punto es donde la “doctrina de la real malicia” ha buscado desde la jurisprudencia lograr el justo equilibrio, pero procurando siempre el respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información, por sobre todas las cosas.

Pero mucho más preocupa que en el marco de un proceso judicial, donde debe indagarse la existencia o no de las condiciones que pudieran determinar esa real malicia, se tomen medidas que más que “cautelares”, en las presentes circunstancias aparecen como “intimidatorias”. Los jueces también deben tener suma prudencia en la tramitación de estas causas por las garantías constitucionales en riesgo que las mismas conllevan.

Que la expresión de esta Cámara de Diputados, entonces sea en solidaridad para el medio afectado, en resguardo de la libertad de expresión y en salvaguarda de principios básicos que hace a nuestro sistema democrático”.