EL MINISTERIO DE ECONOMÍA VOLVIÓ A RECHAZAR EL RECLAMO DE LOS BONISTAS

El Ministerio de Economía rechazó que un tenedor de bonos de la deuda externa en default tenga derecho a cuestionar judicialmente la cancelación anticipada del gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) porque no hay “una afectación suficientemente directa y actual de un interés propio, sustancial y concreto”.

Economía respondió así a una demanda entablada por un bonista que no aceptó el canje de la deuda en default y cuestionó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo que al mismo tiempo que se prolongaba la emergencia económica, el gobierno dictara el decreto 1601/05 por el que se dispuso el pago anticipado de la deuda con el FMI.

Mediante un escrito al que tuvo acceso DyN, los abogados del Estado Alfredo Acosta y Sergio Acevedo dijeron que la presentación del bonista -acompañado por el actor y líder de ahorristas Nito Artaza y patrocinado por el abogado Fabián Bergenfeld- es “un libelo de naturaleza política, carente de juridicidad, sobre la cancelación del crédito del FMI”.

El escrito añade que “se califica (al Fondo) de ‘acreedor privilegiado’ atribuyéndole complicidad en el endeudamiento de la república, sin preocuparse los demandantes de arrimar la más mínima prueba sobre sus asertos”.

Tras desarrollar el concepto de “cuestión política no judiciable” para la decisión de pagarle al FMI, los abogados del Ministerio rechazaron el cuestionamiento a la cancelación anticipada: “Negamos que el accionar del Estado nacional en materia de renegociación de la deuda externa pueda afectar, en forma directa y personal, la sustancia constitucional de los derechos invocados por los amparistas”.

“Es evidente que esta frágil y hasta pueril argumentación es sólo una excusa ideada para peticionar lo que jurídicamente les está vedado. Nuestro derecho no prevé la posibilidad de accionar judicialmente con fundamento en una supuesta, hipotética, imprecisa e improbable conexión remota entre el acto de autoridad pública y el derecho que se dice sería afectado”, subrayó la respuesta de Economía.

Tras reiterar que el bonista y Artaza “no alcanzan a acreditar una afectación suficientemente directa y actual de un interés propio, sustancial y concreto”, el Ministerio sostuvo que “la acción debió haberse dirigido contra el Congreso Nacional y no contra el Poder Ejecutivo, un mero ejecutor de las políticas por él diseñadas”.

El escrito es una respuesta a la acción de amparo entablada por el bonista para que el pago al FMI sea declarado inconstitucional y fue presentado ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo número seis el primero de junio pasado.