El ministro de Gobierno, Carlos Carranza, defendió la decisión de enviar detenidos con problemas de adicción a la colonia neuropsiquiátrica de Oliveros.
No obstante, el funcionario bajó un poco los decibeles y limitó el alcance del acuerdo.
&#8220;No irán (a Oliveros) más allá de 30 ó 40 menores en conflicto con la ley penal, con adicción profunda, para que puedan recibir tratamiento, y si es necesario un servicio de seguridad que el Servicio Penitenciario lo pueda hacer&#8221;, afirmó en declaraciones a una radio rosarina.