El ministro de Justicia y abogados acusan a Bassó de atrasar la reforma

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Héctor Carlos Superti, y el abogado rosarino Víctor Corvalán evaluaron esta mañana la posibilidad de que la reforma del sistema judicial caiga en un futuro no muy lejano si es que se da lugar a un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Procurador Agustín Bassó (Ver Enlace).

El integrante del Gabinete de Binner recordó que “cuando comenzó esta etapa democrática, con la gobernación de (Luis María) Vernet, fuimos convocados abogados para trabajar en la reforma procesal penal. Hicimos el anteproyecto y yo aproveché ahora para leer lo que habíamos escrito en esta oportunidad (en febrero de 1984) que tiene una vigencia total”.

De este modo mencionó que “si uno se pregunta por qué no hemos adecuado el sistema, siempre hablamos de las resistencias que trabaron este proceso de cambio”. Si bien no mencionó puntualmente a nadie, señaló que “las resistencias operaron todo este tiempo y siguen haciéndolo”.

Aunque no dio nombres, el ministro acusó directamente a quienes “están tan preocupados por la constitucionalidad o no de una ley votada por unanimidad por una Legislatura democrática” y les sugirió que se detengan “a ver las otras (normas) que todavía nos acompañan”. Asimismo se refirió a las actuales figuras jurídicas encargadas de acusar, defender e integrar el tribunal de enjuiciamiento que, según rememoró, son las mismas.

“Ese es el planteo de inconstitucionalidad y eso es lo que estamos tratando de cambiar” dijo. Por otra parte informó que la semana pasada debió abocarse a recibir a una comisión de la Cancillería Argentina y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a la que debió explicarle la situación de atraso que se vive en Santa Fe, en el marco de los conflictos que se trasladan a Cortes internacionales por lo nefasto del actual sistema procesal penal.

“Entonces ¿Qué es lo inconstitucional? ¿Lo que tenemos o lo que queremos lograr? Lo que estamos haciendo es constitucionalizar” disparó Superti.

En idéntico sentido, Corvalán no se mostró asombrado por la gestión de la Procuración ya que, según recordó, “entre los años 1991 y 1992, cuando trabajábamos para el gobernador (Carlos Alberto) Reutemann haciendo el proyecto (de reforma), Bassó era uno de los contra que teníamos y no estaba de acuerdo para nada en que se le sacara poder a los jueces para que investigaran los fiscales”.

De este modo se preguntó “cuál será el argumento del procurador para plantear la inconstitucionalidad” aunque, sin embargo, detalló que “estamos frente a una situación que le llamamos de cuasi-prevaricato: Uno no puede ser jefe del que acusa y del que defiende”.

En ese mismo sentido recordó que el espíritu de “la gran reforma pasa por distinguir la tarea de acusar, de defender y de investigar”. Pero, inmediatamente, reconoció que “ningún planteo es absolutamente jurídico y aséptico” sino que “siempre hay detrás un interés por mantenerme en el poder o adquirir mayor poder”.

Frente a esto, Corvalán estimó que aquí “están haciendo un juego porque ya no pueden discutir a favor o en contra del sistema porque no se puede sostener una decisión que defienda la inquisición”, en referencia a la presentación de la Procuración. “Hoy esta discusión nadie la puede sostener entonces apelan a otros recursos; además en materia abstracta porque no hay caso concreto para defender una cuestión de este tipo” agregó.

Por otra parte, pero con vinculación directa a la problemática que se discute, el profesor de Derecho se refirió a la necesidad de reformar la Constitución provincial que, según dijo “es inconstitucional porque viola el debido proceso de la Constitución Nacional que al adherir a pactos internacionales no deja lugar a dudas en la distinción de las tareas de defender y acusar”. Allí observó que existe “una confusión de roles que es inconstitucional”.

Ante este escenario, el abogado pidió “sacarnos la careta porque todos los días los jueces juran por observar y hacer cumplir la Constitución Nacional que no se cumple cuando se permite condenar a personas todos los días en Santa Fe sin que hayan hablado con un abogado, o cuando el juicio es por escrito cuando se dice que debe ser oral”. Esa situación es la que obliga a los abogados a concurrir a Cortes internacionales por lo que, evaluó, “será toda la Nación Argentina la que va a terminar pagando por el atraso de Santa Fe”.