EL MINISTRO DE SALUD RECLAMÓ MODIFICACIONES EN LA LEY DE TRANSPLANTES.
El ministro de Salud, Ginés González García, pidió hoy a la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados el urgente tratamiento de un proyecto que modifica la ley de trasplantes de órganos para establecer el concepto de la “donación presunta”, lo cual cambia el eje de la norma vigente.
El proyecto del Poder Ejecutivo incorpora la presunción de que toda persona es donante de órganos y tejidos salvo manifestación expresa en contrario del potencial donante o, en caso de muerte, de su familia.
Actualmente, la legislación vigente dispone que el consentimiento del donante tiene que ser expreso.
Este proyecto viene desde los primeros meses de su gestión en Salud, cuando fue convocado por el entonces presidente Eduardo Duhalde.
De esta forma, Salud cree que podría dar mayor respuesta a las demandas de trasplantes, en momentos en que hay seis mil personas en lista de espera. González García dijo a la comisión, que preside Eduardo Di Cola (PJ), que el actual sistema para formalizar el consentimiento, tiene trabas burocráticas que “no expresan lo que quieren los argentinos”, cuya “solidaridad y sentimientos”, estimó, ha crecido en los últimos años.
La disminución observaba en la procuración de órganos y tejidos para trasplantes produjo un problema sanitario importante que pusieron al rojo las estadísticas en los últimos años.
El ministro citó que la tasa de donantes en la Argentina es de 6.69 por millón de habitantes, una tasa que es el 50 por ciento mayor en Chile, el doble en Uruguay y seis veces más en España, país ejemplar en la materia, donde existe el consentimiento presunto.
La figura del consentimiento presunto, una de las modificaciones que se proponen a la ley vigente, es la que genera una suerte de dilema especialmente en cuanto a la correspondencia que tiene con el derecho individual -que defienden los abogados- y la opción de vida que plantea.
González García sostuvo que la tendencia en el mundo es que la ley “facilite el compromiso solidario del ciudadano con el conjunto” de forma de reforzar un “sentimiento colectivo” en la sociedad.
Para dar idea del dramatismo del cuadro, González García apuntó que de 5061 personas en lista de espera para un riñón, sólo el 7,5 por ciento fue trasplantado en 2002; en el caso de hígado, sobre 309 pacientes sólo recibieron el órgano el 37,2 y en el caso de corazón y pulmón, de 283 pudieron recibieron trasplantes el 21,2 por ciento.
La baja disponibilidad de órganos y tejidos fue atribuida por González García a, fundamentalmente, trabas burocráticas y el subregistro de potenciales donantes, en parte porque en los trámites que los ciudadanos realizan ante organismos públicos no se cumple con preguntar el consentimiento.
De hecho, señaló que en la última elección, apenas 100 mil personas dieron su consentimiento, con la cual la lista de donantes expresos trepó a 800 mil, una cifra muy por debajo de la que sería necesaria.
“Hoy tenemos casi 6 mil personas en lista de espera para trasplantes de órganos y 3 mil para tejidos”, puntualizó el ministro, por lo que marco la necesidad de contar “con una ley mucho más efectiva”.
En la comisión de Legislación General el proyecto, que ingresó el año pasado, hace semanas que está en discusión, pero Di Cola anunció que en breve convocará una reunión plenaria con la comisión de Salud para emitir dictamen.
El oficialismo adelantó todo su apoyo a la iniciativa propuesta por González García, quien concurrió acompañado por funcionarios de la cartera y el titular del Incucai, Carlos Sorati.
El diputado radical Carlos Iparraguirre le indicó a González García la necesidad de que el consentimiento presunto vaya acompañado por una campaña de información a la población, lo cual fue confirmado por el Ministerio.
Se estima que en el plenario de comisiones que anunció Di Cola se emitirá en pocos días más despacho favorable al proyecto, aunque resta saber si será de consenso o habrá dictamenes divididos, que podría llegar a complicar su tratamiento en el recinto.
González García se puso a disposición de los diputados para evacuar las dudas que tengan sobre el proyecto en tratamiento.
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