EL MUNICIPIO NO LIGA TROMPAS SINO SE IMPLEMENTA LA LEY

“Es necesario que se implemente una reglamentación muy clara de los métodos de anticoncepción quirúrgicos. Mientras tanto, la ligadura de trompas no es una práctica que se realice en las maternidades municipales”. De esta manera, la secretaria de Salud Pública municipal, Mónica Fein, dejó en claro la postura del municipio en materia sanitaria luego de que el ministro de Salud de la provincia, Juan Héctor Silvestre Begnis, asegurase que la ley 12.323 “está plenamente operativa”, aún sin haber sido reglamentada.

“Estamos a favor de la ligadura de trompas siempre y cuando se garanticen mecanismos muy claros de información”, aseguró Fein tras reconocer que se trata de una tarea “que genera mucho debate”. En ese marco, agregó que es fundamental que el Estado proteja a dos personas: la mujer que se somete a una operación de estas características, y el médico que realiza la práctica quirúrgica. Y remarcó que para que ese mecanismo de protección funcione, se deben tener “reglas e información claras”.

“Es una práctica que requiere buena información y, llevada a cabo en términos responsables, implica que las mujeres conozcan plenamente en qué consiste antes de realizar el pedido y la aceptación de esta operación”, explicó la funcionaria local. “Esto trasciende el debate de lo legal o ilegal, aunque también lo involucra. De hecho, aunque esta práctica se pueda hacer regulada jurídicamente, no quita la responsabilidad que tiene el sistema de informar y asesorar correctamente sobre las consecuencias”, agregó.

Esta declaración alude al hecho de que la mujer debe ser dueña de la decisión sobre su cuerpo. Por un lado, cada paciente debe saber que la ligadura de trompas es una operación de consecuencias “prácticamente irreversibles”, que impide a la mujer seguir procreando. Por el otro, “se conocen experiencias de algunos países donde se aplicó la técnica de anticoncepción quirúrgica como modo de controlar la natalidad”.

En esos casos, “el sistema decidió desde un lugar hegemónico sobre la cantidad de hijos de cada familia, e implementado así esto tampoco es conveniente, porque quita autonomía para decidir y planificar”, señaló Fein.

La necesidad de reglamentación de la ley de anticoncepción quirúrgica –sancionada en agosto de 2004 y promulgada un mes después– también se evidencia al momento de proteger al profesional. “En maternidades municipales hemos hecho unas pocas prácticas con motivos muy justificados. Y sin embargo, en un caso recibimos una demanda administrativa, es decir, un pedido de información de por qué se realizó esta práctica. Esto se contestará desde el punto de vista administrativo, pero no desconocemos que la persona demandante podría plantearlo en términos judiciales”, explicó la secretaria. De hecho, días atrás, la directora del Programa de Procreación Responsable del municipio advirtió que “en el Código Penal la ligadura de trompas se puede interpretar como una lesión grave”, inclusive donde los médicos “podrían perder su matrícula”.

“Por ahora, la reglamentación no es clara y preocupa a todos los profesionales de la salud”, sintetizó Fein, quien se reunirá el lunes próximo con los directores de las maternidades municipales, responsables del servicio y áreas legales para tratar este tema.

La Defensoría del Pueblo lo avala

La Defensoría del Pueblo de la provincia dio a conocer un comunicado de prensa, donde afirma que “avaló en numerosas oportunidades la práctica médica de ligadura de trompas a mujeres que se presentaron en la institución, reuniendo los requisitos propuestos por la Comisión de Bioética Hospitalaria”. Además, aclaró que “en todos los casos se trataba de mujeres con muchos hijos y con patologías que ponían en riesgo su vida”. “Ante esos casos específicos, esta Defensoría del Pueblo intercedió ante las autoridades hospitalarias a los fines de obtener la prestación requerida”, se afirma en el comunicado. “La ley provincial 12.323 habilita este tipo de procedimiento. Dicha norma, sancionada recientemente –aunque aún no reglamentada–, ubica a la provincia de Santa Fe entre las más avanzadas en materia de salud reproductiva”, sostiene.

“Cuando llegó el momento, me dijeron que no podían operarme”

Eva vive en Ludueña norte y trabaja allí cerca, en el comedor Betania –ubicado en Puelches y Casilda–, donde diariamente concurren unos 700 chicos divididos en tres turnos. Allí, la mujer presta sus servicios y a cambio, garantiza que sus cuatro hijos se alimenten de manera conveniente. Eva tiene 33 años. Dio a luz por última vez en febrero de este año y durante su embarazo decidió someterse a una intervención quirúrgica para ligarse las trompas.

Según su testimonio, en la Maternidad Martin, donde alumbró, admitieron practicarle la operación cuando le realizasen una cesárea, previamente acordada. Sin embargo, cuando llegó el momento, los profesionales se negaron, aunque Eva había presentado su consentimiento por escrito, avalado por la Defensoría del Pueblo.

“Mi situación económica no me permitía tener más chicos y decidí ligarme las trompas. Además, usaba un método anticonceptivo seguro, y sin embargo quedé embarazada. Le expliqué la situación a una médica del efector donde me atendí, y recibí su apoyo para conectarme con gente de la Maternidad Martín”, relató Eva.

“Allí, en la maternidad, iba a realizarme controles y me dijeron que lo aceptaban, que cuando me internase para tener mi bebé por cesárea, también me hacían la ligadura”, explicó. “Pero llegado el momento, me dijeron que no lo iban a hacer, que no tenían garantías de que ligarme las trompas no los pusiese en problemas a ellos. Inclusive una asistente social intentó convencerme de que no lo haga y me advirtió que no comprometiese a los profesionales”, agregó.

La mujer comenta que tuvo que soportar “maltratos verbales”, e inclusive “pusieron en duda que yo me hubiese cuidado de manera conveniente”. “Ellos no entendían que yo no quería tener más hijos, que mi situación económica no me permite mantener una familia más grande. Finalmente, me trataron como si yo tuviese la culpa de una situación así”, indicó.

Eva reconoció que “es un problema de cómo se ponen las reglas, no de los médicos”, aunque advirtió que muchas veces, la situación de pobreza también alimenta la indefensión frente a los sistemas de salud.