EL MUNICIPIO OTORGARÍA LA OBRA DE PLAYA GRANDE A UNA EMPRESA QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS

La licitación de Playa Grande -la inversión de Obra Pública más importante que tendrá la ciudad de Santa Fe en los últimos cinco años- nació envuelta de cuestionamientos y la continuidad de la historia, parece que tendrá las mismas características.

En lo que constituiría una paradoja, el Intendente, que defendió a través de su Subsecretario, Horacio Ruiz, la conformación de los pliegos y las cláusulas que limitaban severamente la participación de empresas locales, se propondría ahora “interpretar” las mismas cláusulas para poner en manos del santafesino Miguel Ponce la obra de Playa Grande.

La decisión estaría tomada -aunque su anuncio sería después del 23 de octubre- y al menos uno de los restantes oferentes –Boscarino S.R.L. en sociedad con Gualtieri- ya presentó impugnaciones, que siguen siendo estudiadas y que podrían derivar en acciones judiciales contra el municipio.

En la tarde de ayer, y sobre el final de la sesión, el concejal radical Julio Schneider elevó un pedido de informes al ejecutivo municipal para que responda sobre el desarrollo de la licitación, en la que se invertirán al menos 8 millones y medio de pesos, financiados por el gobierno provincial.

LA DECISIÓN

-“Ponce no cumple con ninguno de los requisitos planteados en los pliegos, es más, al momento de la presentación apenas entregó una factura de una empresa de Brasil, donde decía haber comprado una draga por 250 mil pesos. ¡Ni el motor de la draga compra con eso! Todos dábamos por hecho que Ponce quedaba descalificado de la licitación. Sin embargo, el Intendente dio la orden de que se interpretara el pliego, para que Ponce se termine quedando con la obra”, afirma un cercano colaborador del Intendente, que ruega anonimato, por obvias razones.

-Pero la empresa no cumple con los mismos requisitos que la intendencia había defendido como indispensables, incluso la Cámara de la Construcción elevó una nota cuestionando eso mismo”, replicó Notife.

-Ya sé, pero Balbarrey no se banca la caída de una licitación más, y van a hacer todo lo que esté al alcance de sus manos, para interpretar el pliego, y largar la obra, tal como está.

-¿Cómo interpretar el pliego?

-Claro. Lo que van a hacer es dividir los metros cúbicos removidos que presentó Ponce como antecedentes y proyectarlos potencialmente (sic), Es decir, van a hacer un cálculo matemático, donde dirán, que si bien no tiene los antecedentes, tiene capacidad para hacer la obra.

-¿Y la draga?

-Está la factura brasilera. Ponce dice que ya la compró. De todos modos, en el pliego decía que debía ser propiedad, no se cómo van a justificar eso, concluyó el misterioso funcionario, que insistió, como condición previa al diálogo, la reserva de su identidad.

LOS PLIEGOS, SUS CONDICIONES Y ¿SU INTERPRETACIÓN?

Los pliegos de Playa Grande habían sido cuestionados por su condición “restrictiva”. Dos puntos la volvían prácticamente inaccesible para el empresariado local: en el punto 4.2 del anexo 8 del Pliego licitatorio: “El oferente deberá demostrar mediante declaración jurada (…) haber cumplimentado con una obra de movimiento de suelos de naturaleza y complejidad similar ejecutada por dragado y refulado en la cual se hayan movido como mínimo 1.500.000 m3 de suelo en un período de un año”, a lo que agrega que: “este requisito deberá ser cumplido por al menos una empresa o firma individual, en caso de que el oferente sea una U.T.E, o asociación de empresas”.

Otro dato, aún más llamativo, es que la cantidad de metros cúbicos removidos exigidos en el pliego, alcanza al triple de la totalidad de metros a remover, un porcentaje excesivamente superior a lo exigido, por ejemplo, en las obras de Nueva Costanera Oeste (desde el Faro hasta Javier de la Rosa), donde las exigencias del pliego alcanzaban al doble de metros a remover, “en al menos dos obras”.

El segundo requisito impide a dos o más empresas pequeñas asociarse en U.T.E, y alcanzar los requisitos exigidos en el pliego. Es decir, el anexo no permite que la cantidad de metros cúbicos removidos en 12 meses, puedan ser sumados por distintas empresas y distintas obras: sí o sí, el antecedente debe remitirse a una sola obra, por una sola empresa.

El otro dato llamativo era la exigencia de una máquina de dragado con una potencia instalada de 1400 HP, y una potencia de cortador (mínima) de 200 HP, de escasa existencia en el mercado argentino.

La propia Cámara de las Construcciones de Santa Fe había cuestionado la redacción del pliego, y solicitó al intendente que modificara esos aspectos, a los efectos de “abrir” el juego. El Intendente respondió que se trataba de “un lobby empresarial, de la máquina de impedir y de algunos medios de comunicación interesados” y prosiguió con el proceso.

Ponce S.R.L no cumple con esos antecedentes. Las obras presentadas por la empresa para acreditar capacidad son dos: el refulado del hipermercado Makro y el campo de deportes que construyen en la Costanera Este la U.N.L y A.T.E. Entre ambas obras (suma taxativamente prohibida por el pliego) Ponce no alcanza a cubrir ni siquiera 300 mil m3 de refulado, es decir, menos de una cuarta parte de los exigidos por la normativa.

Si bien no existe confirmación, en el palacio municipal aseguran que la decisión política “ya está tomada”, más allá de los pedidos de informes y el eventual escándalo mediático.

La única preocupación que mantiene en vilo la decisión son las consecuencias juridicas y económicas que la “interpretación” podrían acarrearle a la intendencia, y que contradice un principio recientemente utilizado por el Intendente para vetar la normativa que limitaba la venta de bebidas energizantes en la ciudad: al presunto otorgamiento de la obra a una empresa que no deberia calificar, le seguirán acciones judiciales, para los que se encuentran legitimados no sólo quienes se presentaron a la licitación, sino también aquellas empresas que no lo hicieron, espantadas por los límites que imponían los pliegos.