El Municipio rosarino trabaja con 450 niños en situación de calle

“En 2003 se comenzó a trabajar con 250 grupos familiares y alrededor de 600 chicos en situación de calle. Hoy estamos junto a 188 familias y 450 niños, que si bien no abandonaron del todo la calle, están menos cantidad de horas, escolarizados, y documentados. Pero en tanto no se pueda sustituir el ingreso monetario que tienen en la calle, es muy complicado revertir la situación”, diagnosticó Patricia Giuricich, titular del Área de la Niñez de la Municipalidad.Con el objetivo de profundizar el debate sobre la ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes –aprobada en setiembre del año pasado y promulgada un mes después– se realizó ayer el Primer Foro sobre Niñez, Adolescencia y Familia. La actividad estuvo organizada por la Secretaría de Promoción Social municipal, a través del Área de la Niñez, y la Subsecretaría de Acción Social, y se desarrolló con mesas de debate a lo largo de la jornada, en el teatro La Comedia (Mitre y cortada Ricardone). En el acto de apertura que se realizó por la mañana, estuvieron presentes la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn), Nora Schulman, y la responsable técnica y oficial de Reforma Legal y Protección a la Infancia de Unicef, Gimol Pinto. También, el intendente Miguel Lifschitz; el secretario de Promoción Social, Pedro Pavicich, y la coordinadora del Área de la Niñez, Giuricich. La ley está basada en un modelo de protección integral de la infancia y la adolescencia, y considera al niño y al adolescente como sujeto de derecho y no como objeto de protección. De hecho, uno de los logros de la nueva legislación es la derogación de la ley 10.903, del año 1919, cuyo basamento era el patronato; esto es, un andamiaje institucional que autoriza a los magistrados a intervenir, “disponiendo” de los niños cuando se estime que estos se encuentran en peligro para sí o para terceros, operando sobre ellos a través de la institucionalización y la judicialización de la pobreza.Schulman consideró que “esta ley ofrece muchas posibilidades, porque pone al niño en un lugar de sujeto de derecho y estipula que la infancia es una sola, donde los plenos derechos de ciudadanía de niños y niñas no se miden por su poder adquisitivo”. “La política pública tiene que girar alrededor de la protección integral de los chicos, y terminar con el viejo esquema de judicializar la pobreza y de tratar los niños como objetos”, continuó. “También, con la cuestión arbitraria de los jueces, donde algunos actúan muy bien y otros muy mal. Como la ley de patronato les daba tanto poder, ahora asume un rol protagónico la política pública de cada lugar”, agregó. Además resaltó que “lo más importante que fija la ley es el armado de sistemas de protección de derechos, con responsabilidad de los Estados nacional, provinciales y locales, y la comunidad”. En igual sintonía, Pinto indicó que la nueva ley se apoya en la Convención por los Derechos del Niño aprobada en 1989 y afirmó que “el intento de superar el modelo que impuso la ley de patronato presenta una tensión”. “Por un lado, este nuevo instrumento normativo presenta el desafío de revertir un modelo anterior. Por otro lado, en el mismo espacio, construir un sistema de protección integral de los derechos del niño. Esto, con base en lo local, en la aplicación de medidas por parte de los poderes ejecutivos, y con un poder judicial que proteja estos derechos”, sostuvo. “Esta etapa de transición va a implicar esfuerzos parejos, tanto para revertir prejuicios culturales como para lograr la aplicación de la ley nacional en términos locales, sin afectar la autonomía de cada lugar”, vaticinó.Por su parte, Giuricich apuntó la necesidad de que en la ciudad “se profundicen las políticas de empleo, ingreso económico y vivienda”. “En este municipio hace más de diez años que implementamos políticas desde la doctrina de la protección integral. De lo que se trata ahora es de hacer una articulación importante con la provincia y la Nación, ya que la ley prevé partidas presupuestarias especiales para poder implementar el sistema, aunque la transición va a llevar un tiempo importante”, estimó finalmente.El foro realizado ayer estuvo auspiciado por Unicef, los colegios profesionales de Psicólogos, Abogados y Trabajo Social, y por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Entre los ejes de debate se expuso “El rol del poder legislativo”, “Los medios de comunicación y la construcción de imaginarios sobre las infancias”, “El rol de los organismos administrativos en la implementación del Sistema de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” y “El rol del Poder Judicial en el nuevo sistema”.En representación del Poder Legislativo disertaron Elena Barbagelata, ex diputada de la Nación; la diputada provincial Lucrecia Aranda, y Antonio Ramos, juez de Sentencia en lo penal. En referencia al rol de los organismos administrativos en la implementación del nuevo sistema, expusieron Mariano Luongo, miembro de la Comisión de Reglamentación de la ley 26.061 de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia; y el secretario de Promoción Comunitaria Juan Carlos Forconi, entre otros.Además, disertaron referentes del Poder Judicial, como el juez de Menores Juan José Carmona; la jueza de Familia Lidia Bustamante, y Gustavo Lorenzo de la Defensoría del Pueblo de la Nación.También estuvieron presentes representantes de Periodismo Social, la secretaria adjunta del Sindicato de Prensa Alicia Simeoni, y la periodista del diario La Capital María Laura Cicerchia.