EL OFICIALISMO YA NEGOCIA EN EL CONGRESO CONTRA LOS RECLAMOS DE PRIVATIZADAS

El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, manifestó hoy en el Senado que el Poder Ejecutivo “no necesita una ley”, porque ya lo considera la Constitución, que autorice a los tribunales argentinos revisar los laudos arbitrales extranjeros, especialmente los planteados por las empresas privatizadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas e Inversiones (CIADI).

“La opinión del Poder Ejecutivo es que los laudos arbitrales si pueden ser revisados por los tribunales argentinos y no necesitan una ley que así lo autorice, porque son cláusulas que en algunos casos están desde 1853”, explicó el ministro ante senadores de distintos bloques en una reunión realizada este mediodía.

Por otra parte, indicó que el gobierno sí juzga “conveniente” que el Congreso avance en la línea de un proyecto de ley de la senadora Mabel Muller (PJ- Buenos Aires) para que las empresas demandantes tengan que renunciar a sus reclamos ante tribunales internacionales antes que el Congreso apruebe la renegociación de los contratos de concesión.

“Eso sería terminar con el juego a dos puntas”, dijo el ministro en el transcurso de su visita a la Cámara alta.

El saldo del encuentro, según Rosatti, fue positivo. “Me llevo el respaldo de los legisladores”, dijo en un breve contacto con la prensa.

En el CIADI hay ya 62 demandas de privatizadas contra la Argentina por el impacto de la devaluación y la pesificación tarifaria. Los reclamos podrían trepar hasta US$ 80.000 millones, según estimó la Procuración General del Tesoro. Ante esa situación, en el Congreso se presentaron dos proyectos de ley:

El de la senadora Mabel Müller (PJ, Buenos Aires) modifica la Ley de Emergencia, estableciendo que las renegociaciones de contratos de los servicios públicos que el Ejecutivo gire al Congreso “deberán incluir en todos los casos, bajo sanción de nulidad, una cláusula en virtud de la cual los concesionarios o licenciatarios desistan íntegra e incondicionalmente de todos los derechos que pudieran eventualmente invocar, como así también de todas las acciones entabladas o en curso”.

El del bloque radical de Diputados plantea un criterio similar: “El Estado nacional, como requisito previo a cualquier renegociación de contratos con empresas extranjeras adjudicatarias en las privatizaciones de servicios públicos, deberá tener acreditado fehacientemente el desestimiento liso, llano y sin condición alguna, por parte de dichas empresas de los reclamos realizados ante el CIADI de compensaciones y/o indemnizaciones invocadas por cambios de política económica de la República Argentina en el año 2002.”

El criterio del Ejecutivo, sin embargo, va más allá que las iniciativas de los legisladores. Se expresa en lo que el propio Rosatti definió como la “recuperación de la jurisdicción nacional sobre la base de aplicar la Constitución Nacional, en la inteligencia de que los Tratados de Comercio tienen un rango inferior a la propia Constitución”. Esto es, en la práctica, que un fallo del CIADI puede ser apelado ante la Corte Suprema.

El objetivo oficial es doble. Por un lado, conseguir el aval del Congreso a la política de frenar los juicios en el CIADI. “Con los tres poderes alineados en un mismo criterio, será difícil sacar los pies del plato”, dice Rosatti. Por el otro, y aunque el ministro no lo reconoce, poner un “techo” a los impulsos de algunos legisladores, que podrían avanzar con proyectos que “desmadren la discusión”, según explicaron otras fuentes oficiales.