EL PAÍS AFRONTA DEMANDAS POR 3.800 MILLONES DE DÓLARES

La Argentina afronta más de 20 demandas por parte de las empresas que consideran rotos los contratos bajo los cuales invirtieron en el país. Se trata, en su mayoría, de empresas privatizadas que reclaman más de 3000 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Disputas (Ciadi), del Banco Mundial. De prosperar los fallos en contra, podrían impactar fuertemente en el presupuesto nacional y afectar el flujo de inversiones hacia la Argentina.
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A ellas se suman otras cerca de 40 presentaciones de compañías que sostienen el mismo argumento: violación de contratos. Pero estos reclamos aún están en su etapa inicial.
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La cesación de pagos de la deuda externa también generó algunas presentaciones, aunque por ahora la inmensa mayoría de los acreedores está a la expectativa de la propuesta del Gobierno, que se conocerá a fines de septiembre. Hasta hoy, los litigios iniciados en el mundo suman cerca de 800 millones de dólares (de lo que se informa en la Pág. 7).
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Camuzzi, Telefónica, Edenor, Azurix, Transportadora de Gas del Sur, Aguas Argentinas, Gas Cuyana y Metrogas son algunas de las 20 empresas que ya iniciaron un juicio contra la Argentina. Pero no sólo hay presentaciones de empresas de servicios públicos. Unisys, empresa norteamericana proveedora de sistemas informáticos, se presentó para quejarse porque se le pesificó un contrato con el Poder Judicial, mientras que la chilena Metalpar, que fabrica carrocerías para ómnibus y camiones, exige cobrar en dólares un contrato firmado en la Argentina.
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La alemana Siemens, por su parte, se presentó para exigirle al Estado una compensación por la rescisión del contrato para hacer los DNI.
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Los reclamos son ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Disputas (Ciadi), un tribunal independiente dentro del Banco Mundial, que vela por los acuerdos de inversión firmados entre países. Las empresas comenzaron a acudir ante el Ciadi a mediados del año pasado, durante el gobierno del presidente Eduardo Duhalde, a medida que se estancaban las renegociaciones por el ajuste tarifario.
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Sensación electoral
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“Muchos accionistas apuraron las demandas cuando se hizo evidente que Carlos Menem no iba a ganar las elecciones”, señaló un alto ejecutivo de una empresa privatizada que acudió al Ciadi en diciembre del año pasado. “Creían que con Menem la renegociación de los contratos iba a ser más rápida y estaban dispuestos a “bancar” un poco más”, agregó.
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Interpretaciones políticas aparte, en este momento hay un total de 59 contratos en proceso de renegociación, que abarcan todos los servicios públicos (gas, electricidad, teléfonos, agua), que resultaron afectados por el fin de la convertibilidad y por la ley de emergencia económica que congeló los aumentos, ya que la mayoría de las tarifas estaban atadas al dólar y se indexaban según la inflación de los Estados Unidos.
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Las empresas cuentan con un plazo de entre 2 y 6 meses para iniciar “conversaciones amistosas” con el Gobierno. Vencido ese tiempo, y si la empresa considera que no ha llegado a ningún acuerdo, el Ciadi analiza si hace lugar a la demanda y, en caso afirmativo, nombra un tribunal que analiza la cuestión, determina si los reclamos de los accionistas son justos y fija el monto de la indemnización.
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Montos excesivos
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¿En qué se basan las demandas económicas de las empresas? “Las empresas reclaman por lo que pagaron por concesiones que no resultarán tan rentables como pensaban y por la plata que dejaron de ganar con la pesificación”, dijo un abogado de una privatizada.
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“Por eso es tan complejo establecer los montos de las demandas -agregó-. Pero si prosperan, sin duda va a aumentar la deuda pública porque eso se pagará en bonos.”
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“Como en todo juicio, las demandas económicas son excesivas por demás”, dijo un funcionario de Economía. En cualquier caso, la definición de un juicio de este tipo suele demorar no menos de tres años.
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¿Cuáles serían las consecuencias para el país si los fallos fueran contrarios? “El Ciadi no puede ordenar un embargo preventivo”, ejemplificó un funcionario del Ministerio de Economía. “Pero en caso de un laudo contrario, ningún país se arriesgaría a no cumplir la sentencia. No se puede desconocer el arbitraje porque sería un antecedente malísimo para el país en materia de futuras inversiones y de todos los acuerdos internacionales firmados.”
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Un funcionario de un organismo multilateral de crédito manifestó su preocupación frente a la cantidad de casos contra la Argentina que se han abierto en los últimos meses: “Ningún país tiene esa cantidad de demandas. El tiempo pasa y es fundamental tener en cuenta que esto puede generar importantes pasivos contingentes a futuro”, dijo.
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“Lo peor”
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Para Mariano Grondona (h.), del estudio Pérez Alati, Benites y Arnsten & Martínez de Hoz (h.), “lo peor es no demostrar interés en resolver los reclamos. Las empresas no pueden reclamar por la decisión de devaluar, pero sí por la demora en resolver la situación de los contratos”.
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Grondona defendió a la Argentina ante la demanda que presentó la francesa Compagnie Générale des Eaux por Aguas del Aconquija, la concesionaria del servicio en Tucumán que en 1997 demandó al Estado ante el Ciadi por US$ 375 millones. Finalmente el caso se cerró sin perjuicio para la Argentina, aunque la empresa apeló la decisión y figura como “pendiente” en los registros del organismo.
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Al poner paños fríos en el asunto, la mayoría de las fuentes consultadas por LA NACION coincide en señalar que los reclamos internacionales están fuertemente atados a cómo evolucione la renegociación de los contratos a nivel local.
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El mismo Roberto Lavagna le dijo al corresponsal de Business Week, en una entrevista antes de viajar a Europa con el presidente Néstor Kirchner, que la ola de demandas “es una presión adicional que cada empresa tiene el derecho de aplicar. Pero todos saben perfectamente bien que aquellos que deseen continuar invirtiendo en la Argentina van a tener que resolver sus demandas en la mesa de negociaciones, no en las cortes. Muchas empresas han venido a explicar que esto era simplemente una formalidad legal requerida por sus accionistas y que esperan negociar un acuerdo en forma amigable.”
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Pero para un abogado de uno de los más importantes estudios locales, que patrocina la demanda de una empresa eléctrica contra el Estado nacional, “aquellas empresas a las que les interese quedarse en el país, seguramente llegarán a un acuerdo. El problema puede venir de parte de aquellas que ya hayan decidido dejar las concesiones, porque ésas sólo quieren ganar el pleito y cobrar.”