EL PAMI ROSARIO YA ES UN ESCÁNDALO PARA EL GOBIERNO NACIONAL

El ministro de Justicia de la Nación Gustavo Beliz anunció ayer el “análisis de la actuación” del juez federal Nº 4 Omar Digerónimo en las causas penales que tienen relación con el Pami Rosario “y que no han llegado a buen puerto”, por eso encargó al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura “evaluar el nivel de eficacia y transparencia” con que el magistrado desarrolló su tarea. Beliz se reunió ayer en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad con el interventor en el Pami Central Juan González Gaviola y con representantes de la Oficina Anticorrupción. González Gaviola denunció los intentos de intimidaciones y amedrentamientos contra dos funcionarios que se desempeñan en el área jurídica de la Unidad de Gestión Local de Rosario, los abogados Juan Pablo Orquera y Gerardo Giampieri e ingresó para su investigación el expediente por dos “especies de ‘prepagas’ -dijo- que en Casilda y en Puerto General San Martín cobraban a los jubilados 20 pesos para ser atendidos” y la situación de algunos miembros del personal cuyo nivel de vida no está “acorde a su remuneración ya que publican solicitadas a título personal en medios nacionales”. Gaviola volvió a hablar de los “métodos mafiosos” y los “históricos aprietes” hacia quienes desde hace tiempo han querido investigar al Pami Rosario y dijo a Rosario/12 que tenía instrucciones expresas del Presidente Néstor Kirchner acerca de “no aflojar”.

González Gaviola denunció ante la OA que “hay armadas dos especies de prepagas en Casilda y en Puerto General San Martín a través de las que se les pregunta a los pacientes si están afiliados a esas ‘organizaciones’. Es una forma de cobrar plus de manera institucionalizada ya que si no está afiliado y para ser atendido como corresponde debe pagar 20 pesos, de lo contrario se les da turno cuando se les ocurre”. Una de las prepagas que se menciona para su investigación lleva al nombre de AMUPI.

El ministro Beliz fue quien anunció que la reunión con González Gaviola tuvo como motivo realizar un “seguimiento muy especial de todas las causas, los contratos y una serie de irregularidades muy importantes que se han detectado en el Pami”. Beliz anunció que se había dado intervención a la Policía Federal de Rosario por las amenazas sufridas por quienes están ligados a la gestión del organismo, habló de “prácticas mafiosas y de amedrentamiento que es menester estudiar e investigar a fondo para cortar de raíz con estos problemas, muy graves y escandalosos en todo el país pero particularmente en Rosario”.

El ministro de Justicia mencionó entonces que a través del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura se “analizará la actuación” del juez Federal Digerónimo que “tuvo a su cargo diferentes tipo de investigaciones en esta materia que no han llegado a buen puerto y que permitieron por el contrario la ilusión de rendición de cuentas frente a la Justicia de varios implicados en esa problemática”.

El intenventor en el Pami dijo que el análisis de la conducta del juez Digerónimo tiene que ver con “la forma en que se resolvieron algunas causas penales vinculadas al Pami que llegaron a ese juzgado” y que surgieron con anterioridad, explicó González Gaviola, en especial cuando la Sindicatura General de la Nación a cargo de Rafael Bielsa “hizo una profunda investigación que terminó en la nada por algunas cuestiones técnicas mientras se sobreseyó a personas con imputaciones serias”.

González Gaviola no abundó en detalles respecto de la investigación hacia el juez federal porque eso “lo tiene que instrumentar el Consejo de la Magistratura” y dijo que se había pedido a la Oficina Anticorrupción y a la Policía Federal que le “de protección a nuestros funcionarios” y que realice investigaciones sobre “las personas vinculadas al Pami que aparentemente tengan un nivel de vida que no esté acorde a su nivel remunerativo, ya que llama la atención que haya algunos empleados que firman a título personal solicitadas que sabemos que son carísimas y que no se pueden pagar con el sueldo de un empleado…Queremos que se investiguen estas situaciones y los modos de vida en relación con el Pami”.

Las amenazas que denunció el interventor del Pami ayer ante Beliz se relacionan con llamadas telefónicas y pintadas frente al domicilio y la escuela de los hijos de Juan Pablo Orquera y en las paredes del estudio de su compañero en la asesoría del Pami Gerardo Giampieri para quienes se pidió protección de la Policía Federal.

Ayer González Gaviola después de calificar las acciones contra
Orquera y Giamperi como parte de “practicas mafiosas” de las que “todo el mundo sabe que se instrumentan en el Pami Rosario” insistió en que es aquí donde existe el mayor “sobrecosto, donde se gasta el 15% del presupuesto del Pami sin que proporcionalmente tengamos esa cantidad de afiliados y lo que gastamos de más allí significa que se le sustrae al resto de los jubilados argentinos… lo que en cualquier otro lado nos sale $ 20 ahí nos sale $ 60, en tanto la Auditoría General de la Nación como la SiGeN y las auditorías internas han encontrado la existencia de sobreprecios en muchos rubros”. El interventor del Pami Central ligó la mención de esos sobreprecios a la sospecha de una “posible red de personas que trabajan en forma organizada que le hacen gastar de más al Pami y se quedan con utilidades” y agregó que “en forma histórica quienes quisieron investigar aparecen como víctimas de aprietes mafiosos”.

González Gaviola dijo ayer que se llevó la denuncia ante el ministro de Justicia y Seguridad por la decisión que existe de “tomar esto desde el más alto nivel” y explicó también que se habló con el procurador Nicolás Becerra para definir una sola unidad de investigación “de los delitos vinculados al Pami”…. “Puedo asegurar que desde el Presidente de la Nación para abajo están todos con vocación de meterse en Rosario hasta donde sea necesario meterse, esto lo consulte con el Presidente que me dio instrucciones precisas de no aflojar”.