EL PARANÁ SE ESTÁ DEVORANDO LA ZONA DE ISLAS DE ROSARIO

“A nueve años de su concesión el Estado nunca controló a Hidrovía S.A., encargada del dragado del Paraná”. Con esta frase comienza el documento con que distintas organizaciones ecologistas denunciaron ayer a la única privatización de los `90 que nadie controla. El trabajo consigna además que se avanza hacia la profundización del calado a 36 pies sobre el lecho del río Paraná “sin estudios de impacto ambiental ni control alguno”. Organizaciones ecologistas de Santa Fe y Entre Ríos, delegados de ATE y la diputada nacional Susana García (ARI‑Rosario) presentaron ayer un crítico análisis del rol del Estado en la concesión de la vía fluvial troncal Santa Fe‑Océano. La adjudicación, las irregularidades, el impacto ambiental, la indiferencia oficial y una nueva presentación ante la Defensoría de la Nación, son los ejes de la denuncia.

A nueve años de su concesión, el dragado del río Paraná ‑adjudicado a Hidrovía S.A. en 1995‑ sigue sin contar con un órgano de control, tal como lo estipula el decreto 863/93, a pesar de las recomendaciones de la Defensoría de la Nación y de los dictámenes de la Oficina Anticorrupción. “Expresiones tales como ‘traer el océano a las chacras’, pueden ser una fórmula redituable para abaratar fletes, pero pueden ser también el inicio de un descalabro ecológico difícil de recuperar”. De ese modo, el documento denuncia la liviandad con la que se han tomado los efectos posibles de las obras de la vía fluvial Santa Fe‑Océano. Eso motivó, en junio pasado, que el Taller Ecologista y el Foro Ecologista de Paraná realizaran una nueva presentación ante la Defensoría de la Nación, a causa de la inexistencia del órgano de control y la falta de estudios de impacto ambiental para la profundización del calado en las obras de dragado del río Paraná. “Estamos reiterando una denuncia que hicimos ya en 1997”, recordó Elba Stancich del Taller Ecologista.

En ese marco, la diputada nacional Susana García señaló que la próxima semana se va a “presentar un proyecto en la Cámara, en el que vamos a pedir que se conforme el organismo de control. Lo más triste es que a dos años de haberse firmado la concesión de la obra, permanentemente se le siguieron otorgando beneficios a la empresa”, aseguró. La legisladora agregó que el gobierno nacional “no puede decir que desconoce todo esto, porque la Auditoría General de la Nación el año pasado elaboró tres informes sobre este tema”.

Asimismo, Juan Manuel Caraballo, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), reveló que “ATE ha planteado a todos los niveles la necesidad de crear un órgano de contralor. Es necesario que el Estado ejerza el poder real sobre los servicios privatizados, pero estos funcionarios no han acusado recibo: han hecho oídos sordos a nuestros reclamos”.

En 1998, después de cinco años de la adjudicación y a raíz de una primera presentación realizada por un colectivo de ONGs, la Defensoría del Pueblo de la Nación elevó una recomendación al gobierno para que cree el mismo. En ese mismo sentido, en abril de 2003 un dictamen de la Oficina Anticorrupción ratificó que el Organo de Control Independiente todavía no había sido constituído, que el pliego de la concesión favorecía a la empresa, que hubo irregularidades en la adjudicación, y que la gestión de Hidrovía S.A. a cargo de la concesión era ineficiente.

Mientras, las islas frente a Rosario sufren una erosión acelerada que ya ha devorado 100 metros de costa y ocasiona pérdidas económicas en la actividad turística. Los propietarios, que se sumaron a la rueda de prensa en la que se presentó el documento, aseguran que se debe al dragado del río. “Más allá del valor comercial, del valor de posesión de la tierra, queremos defender nuestra fuente de trabajo. Nosotros vivimos de la pesca, del comercio. La situación es realmente muy preocupante. No vemos una solución, y como sigan las cosas así, estimamos que la isla La Invernada desaparece en cinco o seis años”, sostuvo Julio Furlani, uno de los propietarios.