EL PERDONADO

Su apellido compuesto esquiva el estereotipo de los que exhiben un prontuario similar. Sólo unos pocos lo relacionan con los años de plomo y con la bisagra penal que significó la derogación del 2 x 1 en la legislación nacional. Hoy está suelto y camina por la calle como cualquier hijo de vecino. Como cualquiera no: la hija de la mujer embarazada que este hombre apuñaló hasta creerla muerta, hace once años, nació imposibilitada de hacerlo, por ese mismo ataque homicida.

La ley ha dicho que Rubén Darío González Figueredo, ex policía de la Unidad Regional II de Rosario, y ex miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), ha cumplido su condena. Atrás quedaron las excepcionales conmutaciones de pena con que se vio beneficiado cuatro veces a pesar del calibre de sus delitos, el curioso error de algún escribiente que permitió acortar su condena, y la enojosa aplicación de la vieja ley 24.390, que le facilitó salir en la mitad del transcurso de su sentencia.

González Figueredo ha sido vinculado con el aparato de represión estatal de la última dictadura militar, y en los primeros años de democracia pasó a formar parte de la oscura mano de obra desocupada que siguió sembrando temor, ya desde la delincuencia común. Para sus asaltos usaba ropa símil uniforme militar y con el apoyo de un Falcon blanco de puertas negras, para simular un operativo en ruta y detener a sus víctimas. El detalle de de militar o policía era algo común por aquellos tempranos ’80 en la banda del criminal Aníbal Gordon, a cargo de grupos armados a las órdenes de la Triple A primero, y de la Junta Militar después, en el centro clandestino de detención Automotores Orletti y en la Side (donde se desempeñó hasta 1984).

Por cierto, Aníbal Ibarra –en 1988, cuando todavía era fiscal federal– denunció la existencia de una asociación ilícita compuesta, entre otros nombres, por Marcelo Gordon (hijo de Aníbal), Rubén Darío González Figueredo, el ex general y titular de la Side Otto Paladino, Oscar Herrador, Carlos y Jorge Rizzaro, Eduardo Ruffo y Ernesto Lorenzo. El libro del fallecido Carlos Juvenal, “Buenos muchachos” –de 1994, que expone el vínculo entre fuerzas de seguridad y secuestros extorsivos– cuenta del grupo de Gordon la particularidad de “usar uniformes militares, portar armas de guerra, simular autoridad pública, usar documentos falsos y desplazarse en autos robados”.

En una lista de personas vinculadas a la represión ilegal, publicada en www.lafogata.org y elaborada por organismos de derechos humanos, González Figueredo aparece como “civil acusado por tenencia y acopio de materiales de guerra y explosivos”.

La primera vez que le tocó estar preso fue en 1983, luego de repetir un método delictivo que insinuaba su origen. Junto con un par de cómplices, cruzaba un Ford Falcon blanco de puertas negras sobre la autopista Santa Fe – Rosario y, vestido con uniforme verde oliva, detenía algún vehículo al azar. Invariablemente, amedrentaba a sus presas a punta de pistola y las despojaba de todo lo que llevaran de valor, para luego encerrarlas en el baúl del coche y abandonarlas lejos, en otra jurisdicción. Al menos en cuatro oportunidades, la banda de Figueredo violó a las mujeres que había entre sus víctimas. Su carrera impune se terminó el día en que atacó a una cónsul brasileña.

UN PERDÓN TRAS OTRO

González Figueredo fue condenado a 19 años de cárcel por los asaltos en ruta, a los que se le sumó otra pena por otros delitos. En total, se le unificó la pena en 25 años de reclusión y se lo declaró reincidente. Debido a este detalle, jamás podría haber gozado de libertad condicional. Su pena, entonces, debía vencer el 11 de octubre de 2009.

A partir de 1992, empezó la serie de reducciones de condena con que se vio inusitadamente beneficiado. El gobernador Carlos Reutemann firmó cuatro veces conmutaciones de penas para Figueredo. El 13 de octubre de 1992, por decreto 3378, le quitó un año de cárcel; y el 30 de diciembre de ese año, le perdonó otros ocho meses.

En esta última conmutación –reveló una fuente de información cercana al expediente– los que redactaron el decreto tuvieron un error sugestivo: en lugar de poner que la condena de Figueredo quedaba en “23 años y 4 meses de reclusión”, pusieron “… de prisión”. Aunque lo parezcan, ambas palabras no son sinónimos para el Código Penal. El concepto de prisión es más benévolo para el reo a la hora de considerar su castigo.
Desde entonces, González Figueredo comenzó a disfrutar de salidas transitorias desde la Unidad Penitenciaria Nº 1, de Coronda. También integró el taller de teatro y hasta viajó a Mar del Plata a participar de un festival del género. Siempre reportó “conducta ejemplar” para su legajo de presidiario.

El 22 de diciembre de 1993, Reutemann firmó otro decreto que le rebajó a Figueredo otro año de prisión.

La defensa del ex informante del SIE aprovechó aquel presunto error involuntario y obligó a computar la pena tomando cada día que el convicto pasó en prisión preventiva (bajo proceso, pero sin condena) como un día cumplido de la sentencia impuesta. En el caso de la reclusión, se precisan dos días de prisión preventiva para considerar un día de condena firme.
Así las cosas, el juez de Ejecución Penal de Coronda, Ricardo Bilibío, recalculó la condena y estableció que Figueredo debía salir en libertad en el 2004. Pero en diciembre de 1994, otro decreto del Ejecutivo provincial volvió a recortar la condena y la dejó en 20 años y 10 meses, por lo que la libertad le llegaría en 2003; seis años antes de lo establecido en la sentencia original.

2 x 1

En 1994 entró en escena la Ley 24.390, que se hizo conocida como “del 2 por 1”, porque permitía salir antes de tiempo a presos que tardaron más de dos años en recibir condena.

Esa norma se aprobó como una suerte de compensación para los encausados ante las demoras incurridas por el sistema judicial. Pero desató la polémica cuando algunos presos beneficiados por ella delinquieron apenas volvieron a la calle. Los puntos polémicos de esta legislación fueron corregidos en 2001 por la ley 25.430.

El 9 de febrero de 1995, el juez Bilibío aplicó la 24.390: consideró que González Figueredo ya había cumplido su pena y le concedió la libertad. Ese funcionario ya no ocupa más el juzgado corondino. Hace pocos años alegó problemas cardíacos y renunció, pero lo hizo envuelto en graves cuestionamientos hacia su desempeño como juez de ejecución penal.
González Figueredo fue uno de aquellos reos que delinquieron apenas se vieron en libertad y que dispararon el debate sobre el sistema del 2 por 1. Reincidió, y lo hizo de una manera atroz.