EL PJ APURA LA SANCIÓN DE LA LEY DE LAVADO DE DINERO
El bloque de diputados del justicialismo buscará un acuerdo con el radicalismo para emitir un dictamen consensuado para reformular la ley de lavado de dinero, que tiene como eje central el levantamiento del secreto bancario y bursátil ante el requerimiento de la Unidad de Información Financiera.
La sanción de esta iniciativa es crucial para el gobierno para no tener un nuevo informe negativo del Grupo de Acción Financiero Internacional cuando se reúna en junio, dado que estos reportes son tenidos en cuenta por los organismos multilaterales de créditos a la hora de negociar nuevos préstamos.
El presidente de la comisión de Finanzas, Rodolfo Frigeri, dijo que el país tiene “urgencia” en aprobar esta ley porque va a ser “muy perjudicial” si existe un nuevo informe negativo del GAFI, que en febrero tuvo el tercer reporte negativo hacia la Argentina.
La urgencia del oficialismo en tratar el proyecto se debe a que si bien la Argentina ya cumplió con uno de sus compromisos que era ratificar los convenios internacionales antiterroristas, aún no removió los obstáculos de levantar el secreto bancario y bursátil para las investigación de lavado de dinero que realiza la UIF.
Frigeri explicó que por ese motivo, el justicialismo decidió avanzar solo en este aspecto de la ley y postergar el debate más controvertido sobre la modificación del Código Penal sobre actos de terrorismo financiados con dinero del narcotráfico o del lavado de dinero.
En realidad, la aspiración del justicialismo era tratar este proyecto en la sesión de mañana, pero al fracasar hoy por falta de quórum el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Finanzas, espera al menos tener este miércoles el despacho de las comisiones.
El radicalismo expresó su mejor voluntad para consensuar los proyectos del peronista Jorge Argüello y la radical Margarita Stolbizer, pero adelantó que no dará los dos tercios para su tratamiento sobre tablas, según informó el presidente de la comisión de Legislación Penal, Hernán Damiani.
Hasta ahora, la Unidad de Información Financiera debe recurrir a la Justicia para que se proceda al levantamiento del secreto bancario.
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