EL PJ IMPULSARÁ UN PROYECTO EN DIPUTADOS CONTRA LAS LEYES DEL PERDÓN

Esto sería un paso más para posibilitar que los ex represores reclamados por la justicia española puedan finalmente ser juzgados en el país por los crímenes cometidos durante la última dictadura.

Según el titular de la bancada del PJ, José María Díaz Bancalari, el acuerdo se logró “por uninimidad e inmensa mayoría”, y consideró que la decisión “es más de caracter política que técnica o jurídica”.

El bloque oficialista se alineó de esta manera con los deseos proclamados públicamente por el presidente Kirchner, en el sentido de que sea la justicia argentina -y no la de otros países- la que intervenga en el tema.

El PJ decidió finalmente presentar un proyecto propio en lugar de analizar el de la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, que proponía además derogar los decretos de indulto, firmados por el entonces presidente Carlos Menem en 1989 y 1990 a favor de los ex comandantes de la dictadura y otros acusados y condenados.

Ya anunciaron que se opondrán a la anulación de las leyes el tucumano de Fuerza Republicana Ricardo Bussi -hijo del general Antonio Bussi, detenido a pedido del juez español Baltasar Garzón- y los representantes de partidos provinciales, entre ellos el demoprogresista santafesino Alberto Natale, interventor municipal en Rosario durante la dictadura.

Videla y otros ex represores desfilaron por Tribunales

La medida se realizó con mesura, respetando todas las normas del derecho democrático. El ex dictador Jorge Rafael Videla, así como otros cinco ex represores que actuaron durante el último golpe militar, pasaron esta mañana por los Tribunales de Comodoro Py. Todos fueron notificados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral de la orden de arresto preventivo con fines de extradición a España que pesa sobre ellos, a petición del juez español Baltasar Garzón.

El desfile de ex represores incluyó, además de Videla, a los marinos Rubén Franco, Jorge “Tigre” Acosta, el prefecto Héctor Febres, Juan Orlando Rolón y el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason. Todos cumplen arresto domiciliario o detenciones por estar involucrados en distintas causar relacionadas a violaciones a los derechos humanos.

No se hizo presente, en cambio, el ex almirante Emilio Eduardo Massera, coautor del Golpe de Estado de 1976 y comandante de la primera junta militar, quien está convaleciente en su domicilio a raíz de un derrame cerebral. Al mismo tiempo, cumple prisión preventiva domiciliaria por estar acusado en las causas sobre robo de bebés y apoderamiento de bienes de los desaparecidos.

En esta causa judicial, Canicoba Corral dispuso la detención de 40 militares y un civil requeridos por Garzón, mientras siguen prófugos los militares Arturo González Naya y Antonio Arrechea Andrade, así como el capitán de navío retirado Jorge Vildoza.

Aplicando la doctrina jurídica de la Justicia Universal para delitos de lesa humanidad, Garzón tramita desde 1996 un juicio a represores de la dictadura militar. Procesó por “genocidio”, “terrorismo” y “torturas” a 98 de ellos, entre los cuáles figuran los 44 militares con orden de detención.