EL PJ NEGOCIA CON LA UCR PARA APROBAR HOY LA LLEGADA DE ARGIBAY A LA CORTE

La jurista Carmen Argibay se convertiría esta tarde en la segunda mujer en llegar a la Corte Suprema en democracia, después del desembarco de Elena Highton de Nolasco en el Tribunal, hace unos días. Para la casi segura aprobación de su pliego en el Senado es necesario el respaldo de la UCR, que supedita su aval al trámite a la votación de un desagravio a Raúl Alfonsín.

El apoyo de los radicales al proyecto ya se había consensuado anoche, pero aún se negocian los términos del desagravio al ex presidente, acusado por el subsecretario presidencial, y principal operador transversal, Carlos Kunkel, de querer “sangre en las calles” por sus críticas al manejo oficial de la protesta social.

La penalista Argibay —que hoy es integrante del tribunal Penal Internacional que juzga los crímenes en la ex Yugoslavia— sería la segunda integrante femenina de la Corte, desde que el gobierno de Néstor Kirchner inició el recambio de varios miembros. El 28 de junio asumió Elena Highton de Nolasco, y en octubre del 2003 se había sumado Eugenio Zaffaroni.

Pero el nombre de Argibay es más polémico que los anteriores, al punto que los senadores ayer debieron contar voto a voto para asegurarse el número. De hecho, recién ayer se consiguieron las firmas necesarias en el dictamen, que fueron aportadas por la UCR.

El pliego de Argibay necesitaba ocho firmas y fue suscripto por los peronistas Jorge Yoma (presidente de la Comisión de Acuerdos), Sergio Gallia, Sonia Escudero, Marcelo Guinle y Nicolás Fernández. A ellos se sumaron los radicales Gerardo Morales, Liliana Capos y Carlos Prades.

Anoche ingresaron por Mesa de Entradas, a último momento, dos dictámenes contra Argibay. Uno de los peronistas Eduardo Menem, Rubén Marín y Ramón Saadi, y el otro del salteño Ricardo Gómez Diez. En ambos se volvió a cuestionar la postura frente al aborto. Argibay había sido criticada en algunos sectores de la Iglesia porque se declaró “atea militante” y en una entrevista periodística había dicho estar a favor de despenalizar el aborto, aunque lo relativizó durante la audiencia pública.

Otro cuestionamiento provino de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), donde argumentaron que la AFIP no se pronunció sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Argibay. Pero en el oficialismo dicen que todas las objeciones fueron sustanciadas y desechadas.