EL PJ SE NEGÓ A TRATAR UN PEDIDO DE INFORMES SOBRE LAS COMPRAS EN LA GESTIÓN REUTEMANN

La iniciativa, rechazada ayer en su pedido de tratamiento por decisión de los Legisladores Justicialistas, solicita al Ejecutivo Provincial la documentación referida a las contrataciones de la Secretaría Privada y de la Secretaría General de la Gobernación durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, investigadas por la Justicia, y fue presentado por el Diputado Marcelo Brignoni (Encuentro), acompañado por Antonio Riestra (ARI), Hugo Marcucci (UCR), Alfredo Cecchi (PS), y Gabriel Real (PDP).

Las actuaciones administrativas investigadas por compras realizadas en la propia gobernación durante el período 2001-2003 derivaron hacia la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y desde allí al juez interviniente de la ciudad de Santa Fe, el Doctor Carlos Ferrero. A su vez, se habría realizado una auditoría interna llevada a cabo por el Ministerio Coordinador, que investigaría -a pedido de la propia AFIP- esas compras.

El Diputado Brignoni hizo un extenso relato de lo investigado señalando que “pareciera probada -según indican varias versiones periodísticas- la relación de parentesco entre quienes compraban y quienes le vendían a la Gobernación en tiempos de la Gobernación de Carlos Reutemann. La propia auditoría interna del Gobierno de Obeid señalaría que se observó que ‘resulta llamativo que en la mayoría de las firmas proveedoras los apellidos sean coincidentes con la de los agentes de la Dirección General de Administración’. Y esta investigación aconsejaría que ‘sería necesario profundizar en la verificación de presuntos lazos de parentesco como así también en la metodología de compra utilizada determinando si existe incompatibilidad y o irregularidad alguna’…”.

Brignoni señaló además que “lo extraño es que gran parte de este dispositivo, presuntamente construído alrededor del Director General Administrativo, Jorge Adrover, y del Jefe de Rendición de Cuentas de la Gobernación, Juan Quiroz, responsables de esas áreas en tiempos de Carlos Reutemann, no fuera advertido por el ex Gobernador, quien además y extrañamente no sólo no trasladó ni sumario a los responsables, sino que habría beneficiado al presunto pariente del Jefe de Rendición de Cuentas, al que insistentemente se menciona relacionado al mecanismo de ‘compras ficticias’ que existía en la Casa de Gobierno. En dos oportunidades, Quiroz habría sido beneficiado con subsidios personales otorgados mediante el decreto 2024/01 donde Reutemann le asignaría una ‘ayuda económica’, y luego a través del decreto 3539/01 donde le reiteraría su ‘respaldo económico’. Esta situación aparece absolutamente extraña para alguien ‘desvinculado’ de cualquier relación con el Gobernador y con su secretaría privada, como se lo pretende hacer aparecer a Quiroz. La propia Auditoría señalada, también habría evaluado la documentación y observado que ‘la mayoría de los proveedores únicamente operaban con el Estado provincial y en particular con ciertas reparticiones dependientes de la Dirección General de Administración’, pero nada dice esa investigación, aparantemente, de porque esas empresas ‘fantasmas’ y sus facturas, formaban parte de las legitimaciones de gastos realizadas con su firma por Verónica Reutemann y por Ricardo Spinozzi, Secretaria Privada y Secretario de la Gobernación, respectivamente. Quienes validaban dichas facturas para su efectivo cobro, serían los funcionarios señalados, que sin embargo son profusamente desvinculados de cualquier responsabilidad, no ya por el juez interviniente, sino por un funcionario provincial, de apellido Micklig, que dijo ‘los investigados por la Justicia por compras irregulares a empleados-proveedores no son personal político’. El personal involucrado en esta causa es todo personal de carrera y no fue designado por Reutemann. Es más, la Dirección General de Administración (DGA), depende de la Secretaría General de la Gobernación que entre el 2001 y el 2003 fue ocupada por Ricardo Spinozzi y no de la Secretaría Privada, que estaba a cargo de Verónica Reutemann. El personal involucrado es de la DGA, más allá de que algún funcionario haya firmado una orden de compra”. La levedad y la falta de mesura de esta afirmaciones, más parecidas a las del abogado defensor de Verónica Reutemann y Ricardo Spinozzi, que a las de un funcionario encargado de custodiar el patrimonio público, no explican porque la Secretaría Privada habría avalado, con la firma de Verónica Reutemann, estas actuaciones. Tampoco se explica porque algunos de esto “proveedores” habrían sido beneficiarios de subsidios personales otorgados por el propio Gobernador Reutemann. También nos llena de preocupación conocer, que si el Gobernador no sabia lo que hacía su propia DGA, que queda por pensar del supuesto “control” sobre los más de cien millones de pesos de subsidios discrecionales, repartidos por Reutemann en su gestión, y que se puede suponer de la manera en que se gastaron y controlaron los millonarios Fondos del Conurbano, cuando ambas partidas eran supuestamente ‘responsabilidad’ de esa misma DGA.”

Brignoni relató que “entre las empresas investigadas figurarían ‘Hewpack Distribuciones’, que le habría ‘vendido’ a la Gobernación, entre el 2001 y el 2003 por más de 96 mil pesos, y cuyo titular presumiblemente sería Alejandro Márquez, esposo de Cintia Quiroz -parienta del Jefe de Rendición de Cuentas de la Gobernación en tiempos de Carlos Reutemann, el señor Juan Quiroz- y también presunta pariente de Pedro Quiroz, ‘subsidiado’ por el propio Reutemann. Cintia Quiroz sería además titular de ‘Insumos Paper’, quien le habría vendido a la Gobernación entre el 2002 y el 2003 poco más de 143 mil pesos, en facturas avaladas entre otros, por el propio Spinozzi. Otra empresa ‘I&C SRL’ le habría facturado al Gobierno Provincial 147 mil pesos. El titular de la misma sería el señor Duttweiller, presunto esposo de la señora Alejandra Escobar, Secretaria Privada del Director General de Administración en tiempos de Reutemann, Jorge Adrover, y presunto padre de Guillermina Duttweiler, beneficiaria de un subsidio que habría firmado el propio Carlos Reutemann bajo el número de decreto 904/03. Finalmente la firma ‘Noe’, presuntamente a nombre de Gabriela Aquino, beneficiaria también de un subsidio otorgado por el propio Carlos Reutemann bajo el Decreto 502/02 le habría ‘vendido’ al Estado Provincial por más de 74 mil pesos, aunque los fundamentos del propio subsidio otorgado por Reutemann hablaban de la necesidad de ‘ayudar a la subsistencia’ del grupo familiar Aquino. Entre otras referencias de la discrecionalidad con que se manejaban los dineros públicos, puede citarse la factura Nº 00000164 de ‘Noe’, emitida el 5 de septiembre de 2003, en la que esta firma vende a la Secretaría Privada de la Gobernación resmas de papel. La orden de compra aparecería validada con la firma de la funcionaria a cargo de esa repartición en ese entonces, Verónica Reutemann…”.

Brignoni finalizó señalando que “es una pena que el oficialismo no haya querido aprobar este pedido de informes, distanciando aún más a la sociedad de los dirigentes políticos. La auditoría, que sólo investigó el 19 por ciento de los expedientes del año 2001; el 64 por ciento de los del año 2002 y el 92 por ciento de los expedientes del año 2003, indicaría una verificación de presuntas irregularidades del orden de los cuatrocientos setenta mil pesos. Sería necesario cruzar los datos de estos proveedores con las actuaciones administrativas emprendidas por el propio ex Gobernador Reutemann, para tomar cabal dimensión de lo sucedido con la lista de subsidios desplegados por el entonces gobernador Reutemann, del orden de los cien millones de dólares durante su gestión. Sería bueno que se aporte luz sobre lo ocurrido, en lugar de pretender taponar y direccionar la investigación”.