EL PLAN ANTI IMPUNIDAD SE LANZA EN SANTA FE EL 30 DE DICIEMBRE
El lunes 29 de diciembre el doctor Avelino Tamargo desembarcará en Santa Fe. El abogado es uno de los hombres de confianza del Ministro de Justicia Gustavo Béliz. Ese día se entrevistará con el gobernador electo, Jorge Obeid y con el Ministro de Gobierno, Alberto Gianeschi. Según se informó, la reunión servirá para ultimar detalles de la puesta en marcha del Plan Anti – Impunidad que se lanzará en Santa Fe, y que ya se constituyó en varias provincias. El Estado santafesino no participará del Consejo, pero sí pondrá a disposición de los funcionarios nacionales todas las estructuras gubernamentales. Así, los integrantes del Plan, podrán tener accesos a causas penales donde se investiguen hechos oscuros, rozados por la impunidad, como también información interna de la Policía y del propio Ministerio de Gobierno.
El Gobierno santafesino solo asistirá en las cuestiones vinculadas a la logística, como el sostenimiento del espacio físico, que aún no ha sido establecido. Para ello, deberá destinarse una partida del presupuesto nacional coparticipable que llega a Santa Fe.
El martes 30 de diciembre, Tamargo convocará a una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe, que se llevará a cabo en las instalaciones del Sindicato de la Sanidad. Se espera la presencia de Luis Bordón, uno de los padres que coordina el Plan a nivel nacional. Su hijo, Sebastián, fue muerto por fuerzas policiales en la provincia de Mendoza, hace ya siete años.
Norma Castaño, una vecina del barrio Los Hornos, que denunció a los dealers que les vendían drogas a su hijo y a varios agentes de la Dirección de Drogas Peligrosas, será la representante santafesina del Consejo de Familiares.
CÓMO FUNCIONARÁ EL PLAN ANTI IMPUNIDAD
El Plan fue creado por una resolución interna del Ministerio de Justicia de la Nación el 7 de noviembre. La misma fue firmada por el Secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios de la Nación, Pablo Jorge Lanusse. Según reza el documento, el programa “tiene entre sus objetivos específicos permitir y facilitar a la sociedad canalizar su reclamo de justicia, mitigar y encausar los efectos de la violencia que la inseguridad le haya generado y tutelar sus derechos esenciales, instrumentar un canal directo, inmediato y accesible de asistencia y contención en temas relacionados con trámites judiciales, asesoramiento legal y vías de acceso a la justicia”.
Entre los tópicos más importantes, el Programa contempla la recepción de la denuncia. Si el denunciante manifiesta un peligro real e inminente a su integridad física tendrá protección. Estará asistido por tres estructuras básicas: el Programa de Protección al Testigo. La Secretaría de Derechos Humanos y el I.NA.DI.
El programa no realizará acciones directas de investigación. Sólo supervisará las acciones policiales y judiciales. En casos excepcionales, el Programa puede pedir apoyo para investigar los casos a: Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y Seguridad Civil.
Del mismo modo, el Programa nacional no entorpecerá ni se inmiscuirá en las tareas específicamente judiciales, a excepción que exista la presunción o la certeza que la autoridad judicial incumple con sus deberes de funcionario público.
La asistencia psicológica de los denunciantes está garantizada. Para ello se conformará un Consejo de Familiares, integrado por dos abogados y tres familiares que desarrollaran tareas de medio tiempo y un familiar de contratación de tiempo completo. También contará con la ayuda de pasantes, elegidos entre los estudiantes avanzados de la carrera de Ciencia Jurídicas de las Universidades locales.
MECÁNICA DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS CASOS
La recepción estará a cargo de un personal administrativo o pasante. La entrevista personal será trabajo para el abogado o el familiar contratado por tiempo completo. La resolución será tarea de la Dirección del Programa y el seguimiento estará a cargo del abogado a cargo de la unidad o de un integrante del Consejo de Familiares.
Los mecanismos para decepcionar las denuncias pueden ser: por carta, por teléfono, por acceso personal del damnificado, por internet, por recepción de algún familiar del Consejo de Familiares y de oficio.
La provincia de Santa Fe ya denunció ante el Programa 15 casos por la vía telefónica, 2 por acceso personal y una entrevista personal, concedida por el propio Ministro Béliz a Norma Castaño en su despacho de la cartera de Justicia en Capital Federal.
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