EL PODER EJECUTIVO DISPUSO LA EMERGENCIA CARCELARIA EN LA PROVINCIA

El gobernador de la provincia, Ing. Jorge Obeid, firmó en la mañana de ayer el decreto Nº 1.978 que dispone la emergencia carcelaria en territorio santafesino.

Con ello, la provincia dispone la aceleración administrativa de “las compras y contrataciones de obras y trabajos públicos, así como la adquisición de bienes, servicios, bienes de uso y locaciones de servicios y obras realizadas por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto y cualquier otra Jurisdicción, en tanto se refieran a la Emergencia Carcelaria”.

También se dispuso “la intervención obligatoria de los Organismos Técnicos Competentes en cada caso”, según el tipo, características y materia de la contratación, debiendo imprimirse a éstas el carácter de “urgente despacho”.

En el decreto, se estipula que las restantes Jurisdicciones de la Administración Central, Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social, Empresas y Sociedades de Estado Provincial “deberán prestar apoyo técnico y logístico con carácter de prioritario para el logro de los objetivos del presente decreto”.

En los considerandos del decreto 1.978, se explica”que por decreto en el 2002 se había declarado la emergencia carcelaria, pero circunscripta a una Jurisdicción y acotada en un programa de actividades vinculadas sólo a aspectos de obras públicas”. Se fundamentó que “que por los plazos de planificación y ejecución de las obras públicas, y considerando que la situación actual de la población carcelaria, se hizo necesario e ineludible instrumentar alternativas que permitan satisfacer las necesidades en menores plazos”.

“En virtud del ingente y constante incremento de la población carcelaria que ha excedido notoriamente la capacidad de alojamiento de los establecimientos disponibles –principalmente en Rosario y Santa Fe- se arribó a una situación de suma gravedad y peligro; incrementando la cantidad de ingresos, contenida al tope de las posibilidades de infraestructura”, se afirma en el decreto.

Seguidamente, el documento expresa que “al no contar con disponibilidades adecuadas en los Institutos Carcelarios, se han derivado internos a dependencias de la Policía Provincial, generándose así una situación crítica, producto de la cantidad de alojados, quienes se encuentran sometidos a condiciones inadecuadas, obligando a los poderes del Estado en forma coordinada, urgente e impostergable, a dar solución definitiva al problema existente”.

“La situación descripta condujo a la presentación de recursos de Hábeas Corpus deducidos por defensores públicos, fiscales, jueces y organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de corregir los desvíos imperantes, en su opinión, -violatorios del Artículo 18° de la Constitución Nacional y 9° de la Provincial- que generaron resoluciones judiciales con imposición de plazos que coadyuvan a tipificar la situación de emergencia”, sentencia.

Entre los fundamentos de la medida, se indicó que “tales hechos exigen la adopción de medidas urgentes para comenzar a revertir la superpoblación existente en las comisarías y con el objetivo de descomprimirlas, teniendo en cuenta además, que tal superpoblación podría generar situaciones críticas”.