EL PODER REALIZÓ UNA NUEVA MANIOBRA PARA CERRAR EL DIARIO CASTELLANOS

El procedimiento, que comenzó alrededor de las 9 de ayer y se extendió hasta el mediodía, constituye otro grave atentado contra la libertad de prensa y es una maniobra más del Partido Justicialista y sus aliados para cerrar un medio que denunció los negocios mafiosos del gobierno municipal.

La medida fue ordenada por el juez Juan Carlos Ramonda, del Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral de nuestra ciudad, a pedido del abogado Carlos Zimmerman y su defendida, la abogada Margarita Pairone, por el reclamo de una deuda de 6.000 pesos en concepto de honorarios por un juicio laboral.

La orden de embargo y secuestro de los bienes del diario es doblemente llamativa: por un lado porque el monto de la deuda reclamada no justifica el embargo de tantos bienes y mucho menos de la rotativa y los demás equipos de trabajo del diario, considerados inembargables por el Código Civil. Por otro lado, las partes venían negociando el pago de la deuda. De hecho Castellanos ya le había abonado unos 5.000 pesos a Zimmerman en el marco de un acuerdo extrajudicial. Los recibos fueron presentados ayer ante el juzgado.

El operativo cierre

Al mejor estilo de los grupos de tareas de la dictadura, Pairone ingresó a la administración de Diario Castellanos, secundada por el oficial de Justicia Defagot, dos efectivos policiales y un par de operarios contratados para desmontar los equipos.

El oficial de Justicia comunicó a los empleados presentes que tenía una orden del juez Ramonda para secuestrar todo el equipamiento del diario e inmediatamente Pairone, arrogándose funciones que no le competen, ordenó a los operarios que comenzaran a desmontar los equipos para llevárselos.

Cumpliendo las instrucciones de la abogada, uno de los operarios desmontó dos equipos de aire acondicionado que fueron cargados en un móvil policial.

Pairone también pidió que se retiren las computadoras pero los empleados de Castellanos le advirtieron que la información que poseían los equipos era propiedad del diario, ante lo cual detuvo su accionar.

Mientras tanto, el otro operario -cumpliendo una orden casi irracional de Pairone- se puso a desarmar, tornillo por tornillo, la rotativa del diario. Esta tarea se interrumpió cuando el oficial de Justicia decidió suspender la medida.

Mientras duró el operativo la abogada Pairone actuó como si fuese directiva del diario. Hasta ocupó el escritorio del director Pablo Visconti, que se encontraba ausente en ese momento.

Una burda maniobra

Y fue la propia abogada Pairone, quien en su euforia censora se encargó de dejar al descubierto el verdadero origen de esta burda maniobra. En medio del operativo, la letrada le dijo a los empleados de Castellanos que no se preocuparan, que ella ya tenía al comprador que se iba a hacer cargo del diario y que ese “inversor” era precisamente el abogado Zimmerman.

“No se preocupen que van a estar mucho mejor. El diario va a seguir funcionando, con todo el equipamiento, pero en otro edificio, claro. El nuevo dueño va a hacer una reunión de personal y les va a explicar todo para que se queden tranquilos”, explicó convencida la abogada.

Claramente, Pairone y Zimmerman funcionan en este caso como títeres del poder político local en lo que constituye un nuevo intento por cerrar Castellanos.

Esta arremetida se suma al embargo de la rotativa del diario por parte del ex intendente y actual diputado provincial Ricardo Peirone, ocurrida en noviembre del año pasado.

Castellanos denunció hace ya cuatro años que los principales socios del PJ en esta maniobra eran el diario La Opinión y Cablevisión, a los que más tarde se sumó LT28 Radio Rafaela, en tiempos de Leandro Miller.

El intendente Omar Perotti, el diputado Peirone y varios de los que organizaron y ejecutaron estas maniobras de censura contra diario Castellanos siguen en importantes cargos públicos.

Otro ejemplo es el secretario del Concejo Municipal, Carlos Borgna, que ya en el año 2000 fue denunciado por el diario como partícipe de los aprietes. Borgna, Alberto Menardi y Marcos Corach (estos dos últimos asesores de los diputados provinciales Mirabella y Peirone) actuaron, en distintos momentos, como emisarios del gobierno municipal para tratar de callar a Castellanos (ver más inf. en pág. 6).

Estos intentos de censura son el costo que el poder le quiere hacer pagar a un medio de comunicación que ha denunciado las irregularidades del gobierno municipal y que ha sido el único diario a nivel nacional en sacar a la luz los dudosos antecedentes del candidato a la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y su vinculación con el negocio de la salud.

En tanto, unos pocos medios de comunicación radiales de la ciudad y la provincia se hicieron eco ayer de esta nueva arremetida del poder contra Diario Castellanos.

Asimismo este diario comenzó a alertar sobre el hecho a las entidades de defensa de la libertad de expresión nacionales e internacionales.