EL PROFESOR PERUANO, PRÓFUGO DE LA JUSTICIA, VIVE EN ROSARIO

En la carrera de Ciencias Políticas que se dicta en la Facultad de Trabajo Social de Paraná nunca se enteraron de su pasado turbio en Perú, a la hora de designarlo como docente de la cátedra de Relaciones Internacionales, que ganó por concurso el año pasado.

Marcelo Gullo Omodeo tiene no más de 45 años, reside en Rosario y cuenta con pedido de captura internacional de la justicia del vecino país, por el delito de peculado y asociación ilícita, según confirmó la revista Análisis. Sucede que durante casi seis años -entre 1994 y 1999, en que abandonó el país- dirigió la revista Sí, que era propiedad de su suegro y formó parte de la denominada “prensa chicha” que apoyó al corrupto ex presidente Alberto Fujimori y desprestigiaba a la oposición, a cambio de suculentas sumas de dinero entregadas por el ex hombre fuerte, Vladimiro Montesinos.

En la actualidad existen ocho personas detenidas por tales cargos, mientras que un número mayor se encuentra prófugo. Seis de ellos -entre ellos, Gullo y el publicista con familiares directos en Santa Elena, Ricardo Winitzky- permanecen en Argentina. Ninguno puede ingresar al Perú; de inmediato quedarían detenidos.

“Es todo una farsa; una vendetta de la justicia peruana que maneja el presidente Alejandro Toledo, molesto por las tapas que alguna vez le sacamos en una revista que teníamos. Es todo mentira”, dijo, casi sin perder la compostura. Con esa frase, palabras más, palabras menos, Marcelo Gullo trató de justificarse la semana pasada, cuando los rumores por sus deudas con la justicia peruana comenzaron a circular entre los alumnos de segundo año de la carrera de Ciencias Políticas (Facultad de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de Entre Ríos-UNER) y un grupo exigió explicaciones en medio de la clase.

En verdad, el profesor negó la realidad. Gullo Omodeo tiene orden de detención vigente en el Perú, según confirmó a Análisis el ex procurador general de la República, Julio Arbizu, quien tuvo a cargo el expediente de la denominada “prensa chicha”. Durante los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori, los periodistas que se oponían a esa administración fueron blanco de sucias campañas difamatorias a cargo de un grupo de medios adictos. Los titulares y estrategias difamatorias de los diarios y algunas revistas, como la Así, que dirigía Gullo, salían de los cuarteles del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que dependían de los fondos del Estado que manejaba a gusto y placer Vladimiro Montesinos.

“Está probado por la Procuraduría General que Gullo estuvo varias veces en las oficinas del SIN, para recibir el dinero correspondiente a las tapas positivas que publicaba la revista Sí, con el gobierno de Fujimori”, se indicó a este semanario. Antes de la llegada de Gullo a la dirección de la revista, el medio tenía una tendencia de centroizquierda. “Gullo cambió la línea editorial a cambio de suculentos dólares; se dice que cobraba entre 5000 y 6000 dólares por tapa”, se acotó.

El ex procurador hizo la denuncia original contra el ex asesor presidencial Augusto Bresani León, a quien se sindicaba como el coordinador de los contenidos de las campañas de desprestigio que realizaban los diarios “chicha”. Bresani era la persona que repartía el dinero a los titulares de los medios adictos. En principio, lo contrató Montesinos para que empezara a publicar un diario profujimori, que se llamaba El Tío y luego se fueron sumando los chicha.

Hay cuatro personas que acusaron a Gullo Omodeo, en el juicio llevado adelante -y por el cual hay 8 personas condenadas a prisión-, quienes reconocieron haberlo visto en las oficinas de la Secretaría de Inteligencia Nacional: Matilde Pinchi Pinchi y María Angélica Arce -ambas secretarias de Montesinos- y dos ex capitanes del Ejército peruano, de suma confianza del hombre fuerte de Fujimori, como Wilber Ramos Viera y Rafael Ruiz Agüero. Cuando el ahora docente vio cómo se complicaba su situación, abandonó el país, como tantos otros colaboradores de Montesinos.

El ex periodista está acusado de los delitos de peculado y asociación ilícita. Por lo primero, el Código Penal peruano establece una pena de hasta 8 años de prisión. Por lo segundo, existe una condena de hasta 6 años. “Si Gullo pisa Perú, queda detenido automáticamente”, indicó la fuente del vecino país. Mientras, INTERPOL tiene la orden de captura desde el 2000, pero está visto que, al igual que con Ricardo Winitzky, a quien no pocos suelen ver por Santa Elena con sus inversiones millonarias (ver recuadro), no existe demasiada voluntad para disponer la detención de los acusados de graves delitos de corrupción. Y Gullo, por lo menos hasta que las autoridades académicas de la Facultad de Trabajo Social y la UNER reaccionen, seguirá llegando cada lunes, desde Rosario, para dar clases sin mayores problemas.

Aparentemente, las autoridades de la facultad no manejan todavía, en profundidad, los antecedentes en Perú de Gullo o bien han decidido no ocuparse del tema porque están en medio de un proceso electoral que implicará el recambio de autoridades (la decana actual, Eloisa De Jong (PJ), deja el cargo y será candidata a vicerrectora de Eduardo Asueta (UCR), el rector que va por la reelección). Quizás haya que exigir algunas explicaciones concretas y para ello habrá que ocuparse. Gullo no tiene ningún teléfono a su nombre y el número que deja siempre en la ficha del establecimiento universitario corresponde a J.B., domiciliado en Avenida Morrison 6950, barrio Fisherton de Rosario.