EL PROYECTO DE LEY QUE QUIERE DISCUTIR EL OFICIALISMO

La consulta popular vinculante sobre la continuidad de la prestación del servicio por parte de la empresa Aguas Provinciales en 15 localidades de la provincia, con que el gobernador Jorge Obeid amenazó ayer, “bastante calentito”, tiene su historia.

Está incluida en un proyecto de ley presentado por el diputado socialista Raúl Lamberto, con el respaldo de los demás legisladores de su partido y el apoyo de todos los bloques de oposición.

Lamberto presentó el proyecto en la Legislatura el 2 de setiembre pasado, reclamándole al gobernador que adopte las decisiones necesarias para rescindir el contrato con la empresa prestataria del servicio por los constantes incumplimientos en los que había incurrido. Además, pedía que se le reclame a la concesionaria el resarcimiento que corresponda por la falta de prestación de un servicio regular y eficiente, y por el marcado incumplimiento en los planes de mejora y desarrollo a la que se había comprometido.

En lo que respecta a la consulta popular, la iniciativa propone que se lleve a cabo en un plazo que no podrá ser inferior a 60 días ni superior a 120 días de promulgada la ley, y establece que los votantes deberán responder por “Sí” o por “No”, obligatoriamente, a la siguiente pregunta:

¿está de acuerdo con la sanción del proyecto de ley que dispone: autorizar al Poder Ejecutivo a rescindir el contrato celebrado con Aguas Provinciales, declarar la extinción de la prestación del servicio y el inmediato rescate del mismo; y que el suministro del servicio rescatado sea prestado directamente por las municipalidades y comunas comprendidas en el ámbito de la concesión, cuando éstas así lo requieran, o por concesión a personas jurídicas de carácter público o cooperativas”.

Según el proyecto, la consulta popular, de carácter vinculante será válida y eficaz cuando hayan emitido su voto no menos del 35 por ciento de los ciudadanos habilitados e inscriptos en el padrón electoral de la provincia.

Por su parte, los partidos políticos reconocidos estarán facultados para realizar campañas de propaganda exponiendo su posición con relación al proyecto de ley objeto de la consulta, desde veinte días antes de la votación y hasta cuarenta y ocho horas antes de la misma.