EL PROYECTO PARA PLEBISCITAR EL SERVICIO DE AGUAS

El gobernador Jorge Obeid y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly, respaldaron ayer, en sendas declaraciones, el proyecto de ley ingresado el pasado jueves por el diputado socialista Raúl Lamberto sometiendo a consulta popular la iniciativa, del mismo autor, destinada a rescindir el contrato con Aguas Provinciales de Santa Fe.

Lamberto, siguiendo disposiciones emanadas de la junta partidaria, presentó el 2 de septiembre la propuesta autorizando al Ejecutivo a rescindir el contrato, reclamar un resarcimiento al concesionario e incluso facultando a municipios y comunas a prestar el servicio de agua y cloacas.

El pasado jueves, el diputado ingresó el proyecto de consulta popular en las 15 ciudades donde Aguas es prestadora para preguntarle al cuerpo electoral por Sí o por No, si está de acuerdo con autorizar al Poder Ejecutivo a rescindir el contrato y que el suministro del servicio rescatado sea prestado directamente por las municipalidades y comunas comprendidas en el ámbito de la concesión o por concesión a personas jurídicas de carácter público o cooperativas.

En otros artículos, determina que la realización deberá realizarse entre los 60 y 120 días de promulgada la ley. La consulta será vinculante, válida y eficaz cuando hayan emitido su voto no menos del 35% de los ciudadanos habilitados e inscriptos en el padrón electoral de la provincia en las localidades comprendidas por el servicio. Más adelante, dispone que si el proyecto de ley sometido a consulta popular obtuviera la mayoría de votos válidos afirmativos deberá ser tratado por la Legislatura, con tratamiento preferencial. En caso de no lograr los votos necesarios de la población, el proyecto no podrá ser reiterado por los dos años siguientes.

Algunas razones
En los fundamentos de su proyecto, Lamberto defiende la figura de la consulta, entiende que no existen impedimentos legales ni constitucionales y que es “necesario ratificar una decisión trascendente para la ciudadanía”.

El autor explica que la reforma constitucional de 1994 incorporó esa figura con carácter vinculante cuando a iniciativa de la Cámara de Diputados se someta a consulta popular un proyecto de ley.

No deja de mencionar que en Santa Fe, entre el 25 y el 30 de septiembre de 2002, se llevó adelante el llamado plebiscito provincial por el derecho al agua convocado por la asamblea provincial por el derecho al agua e instituciones políticas, sociales y sindicales. Recuerda que unos 200 mil ciudadanos ratificaron la decisión de rescindir el contrato por incumplimientos reiterados de la empresa.

El legislador socialista reconoce que si bien la provincia no tiene contemplado el mecanismo de consulta ni en la Constitución ni en la ley, para determinar su alcance y contenido la decisión legislativa actúa como una autolimitación del cuerpo para dar lugar a un procedimiento participativo reconocido por la Constitución Nacional.

Las quince
Los lugares previstos para la consulta son las 15 ciudades donde Aguas Provinciales presta el servicio.

Se trata de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez.