EL PUEBLO DE AREQUITO RECLAMARÁ PROFUNDAS REFORMAS AL GOBERNADOR

Autoridades, instituciones y vecinos consensuaron un petitorio que nuclea una serie de demandas que serán planteadas al gobernador Carlos Reutemann si acepta visitar Arequito, invitación que le hicieron semanas atrás a través del ministro de Gobierno, Carlos Carranza, cuando éste estuvo reunido en el pueblo con familiares y amigos de Luis Cignoli, el joven de 29 años que fue asesinado de una puñalada el pasado 16 de julio por Carlos Mocoví Nuñez, quien continúa detenido como único imputado en el caso.

Esta madrugada se realizaba bajo estrictas medidas de seguridad la reconstrucción de fatídico episodio que conmovió a la comunidad y derivó en una pueblada en reclamo de seguridad y justicia, que dejó como saldo una comisaría destruida, dos autos incendiados y una veintena de heridos entre policías y manifestantes. El extenso petitorio que los arequitenses prevén entregar a Reutemann consta de cinco hojas y contiene reclamos dirigidos no sólo al Poder Ejecutivo sino también al Legislativo y el Judicial.

En materia de seguridad exigen mayores recursos y equipamiento para la policía local y el nombramiento de “personal profesional, idóneo, calificado, honesto y con compromiso en su función para que realmente atienda las necesidades de los ciudadanos en un estricto apego a la ley”.

También piden “un rápido y efectivo accionar policial en cuanto a la recepción de denuncias y actuación en actos delictivos”, además de la instrumentación de “mecanismos legales correspondientes para sancionar a quienes no cumplan con sus obligaciones”.

Traslado como castigo
En ese sentido pretenden que sea erradicada como pena interna dentro de la fuerza el traslado de efectivos de un lugar a otro y solicitan información sobre “la actual situación legal y el destino de los ex integrantes del cuerpo policial de Arequito, tras los hechos públicamente conocidos”.

Asimismo, requieren la puesta en marcha de “un inmediato plan de acción para investigar y combatir el tráfico de sustancias psicoactivas (conocidas como drogas)” y la difusión pública de actividades y resultados.

Además, reclaman mayor presencia policial en las calles y los locales nocturnos así como un “especial seguimiento sobre aquellos ciudadanos con antecedentes delictivos y con conductas tendientes a alterar el orden público y vulnerar los derechos individuales y sociales”.

Entre otros puntos también se plantea la necesidad de “instrumentar un mecanismo de recambio del personal policial en un tiempo legítimo y de acuerdo a la normativa vigente” además de eliminar “en forma inmediata el permanente e ilegal mecanismo de pedido de ayuda de la fuerza hacia instituciones, empresas y particulares”.

También se pide la colaboración de la policía en la conformación de una junta comunitaria de seguridad y que haga cumplir las normativas locales “particularmente la prohibición de venta de alcohol a menores”.

Los pedidos dirigidos al Ejecutivo provincial también están orientados hacia la salud y la educación. En ese sentido reclaman recursos para trabajar en tareas de prevención sobre familias carenciadas, minoridad en riesgo, drogadependientes, embarazadas adolescentes y violencia familiar, entre otras problemáticas.

Otro reclamo es la instalación de un establecimiento para educación diferenciada o bien “los medios necesarios para apoyar la asistencia docente a dicho grupo”.

Al mismo tiempo reclaman un programa de capacitación para docentes locales que trabajan con problemáticas sociales “que afectan directa o indirectamente a la comunidad educativa como adicciones, violencia o marginalidad”.

Cuestión judicial
En cuanto a la cuestión judicial requieren que la Corte Suprema investigue las dieciocho denuncias que pesan sobre la jueza penal casildense Silvia Nogueras, además de solicitar la creación de un juzgado de menores y de familia en Casilda y que se cubra el cargo de juez de paz en Arequito.

Sobre los reclamos de incumbencia legislativa lo más importante tiene que ver con el “tratamiento urgente de modificaciones a las normativas vigentes en materias relacionadas con la seguridad pública”, cuyos proyectos están en la Legislatura santafesina a la espera de su sanción.