EL REVUELO POR LOS SALARIOS JUDICIALES LLEGÓ A LA PROVINCIA

La Corte Suprema de Justicia aprobó ayer una acordada en la que exigió al gobernador Jorge Obeid que ordene pagar a jueces y empleados de los Tribunales santafesinos el salariazo que el Consejo de la Magistratura de la Nació otorgó a sus colegas del fuero federal -y que por imperio de la ley de enganche 11.196- los locales deben cobrar en forma automática.

Un aumento del 10 por ciento a partir del 1º de octubre que en el caso de los cinco ministros de la Corte que firmaron la acordada: Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y Eduardo Spuler -con sueldos que rondan los 10.000 pesos en bruto-, significaría un retroactivo de 3.000 y un incremento mensual de 1.000 pesos.

La Corte adoptó la decisión en un clima de malestar con la Casa Gris por las restricciones presuestarias que tendría el Poder Judicial el año próximo y horas después de una advertencia pública: “Si el servicio de justicia no funciona como corresponde por un problema económico estamos jaqueando el estado de derecho. Creo que llegó el momento de mantenerse firmes y exigir al Poder Ejecutivo todos los fondos que sean necesarios para dar respuestas a los justiciables”, dijo Gutiérrez, quien asumirá a la presidencia de la Corte el 1º de enero.

El aumento general del 10 por ciento que el Consejo de la Magistratura otorgó a jueces y empleados del fuero federal fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero a pesar de eso se pagó el viernes último, 10 de diciembre. Ayer, el procurador general de la Nación, Esteban Righi presentó una denuncia penal para que se investigue si el incremento viola la ley de administración Financiera. La presentación se basa en un planteo del Ministerio de Económico que advierte sobre la posible existencia de delitos, entre ellos un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Lejos del cortocircuito entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de la Nación, los cortesanos de la provincia -en su mayoría amigos de Carlos Reutemann y Horacio Usandizaga- sólo tuvieron en cuenta el hecho consumado: el viernes se pagó aumento de sueldos en el fuero federal y por lo tanto notificaron a Obeid que también lo debe pagar en la provincia y con retroactividad al 1º de octubre.

La ley 11.196 que enganchó los salarios de magistrados y empleados judiciales de Santa Fe con lo que cobran sus colegas nacionales fue promulgada por Reutemann el 12 de octubre de 1994 con el refrendo de su entonces ministro de Gobierno, Jorge Bof, hoy procurador general de la Corte de la provincia y uno de los firmantes de la acordada de ayer que reclama el salariazo. La norma incluye otros privilegios, como reconocer a los jueces la antigüedad en el título, es decir desde el día que se recibieron de abogados que cobran dos ministros de la Corte: Gastaldi y Spuler y el propio Bof, entre otros.

En abril de 2002, Reutemann informó a la Cámara de Diputados los sueldos que percibió los ministros y el procurador de la Corte a febrero de ese año: Netri 10.916 pesos, Vigo 10.643, Falistocco 9.845, Gastaldi 9.786, Gutiérrez 9.599, Spuler 10.296 y Bof 11.488 pesos, en cifras redondas y sin descuentos. La planilla de sueldos incluía el doble plus en cuatro casos: Spuler: 1.238 pesos por el diploma de abogado y 4.087 por antigüedad en el título, Gastaldi 1.238 pesos y 3.592, Falistocco 1.362 y 3.032 y Bof 1.362 y 4.675 pesos. Por entonces, el sueldo del gobernador de la provincia era de 4.896 pesos sin descuento, apenas por arriba de lo que algunos de sus amigos designados en la Corte percibieron por “antigüedad en el título”.

La acordada de ayer se remite a la resolución Nº 471/04 del Consejo de la Magistratura de la Nación que el 11 de noviembre aprobó un aumento generalizado del 10 por ciento en los salarios de los integrantes del Poder Judicial de la Nación a propuesta del gremio: la Unión de Empleados de la Justicia nacional. El pago se efectivizó el viernes pasado.

“Atento a ello –afirmó la Corte al citar otros antecedentes- y conforme lo establecido en los artículo 2, 3 y 4 de la ley 11.196 (Régimen Salarial del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe), corresponde hacer saber el contenido del presente al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Gobierno, a los fines de que adopte las medidas pertinentes para el cumplimiento de la referida norma legal”. En otras palabras: que el aumento también se pague en los Tribunales de la provincia.